Jueves 02 de Diciembre de 2021 8:51 am

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LA gobernadora Indira Vizcaíno Silva anunció que pediría un préstamo para hacer frente a los compromisos de fin de año, no sólo en la cuestión de los aguinaldos, sino también para saldar los adeudos de las quincenas atrasadas de noviembre y diciembre con la burocracia estatal y el magisterio del SNTE 39.

Es comprensible que la Mandataria tenga que recurrir a un crédito, pues la administración anterior que encabezó José Ignacio Peralta Sánchez no sólo no dejó recursos en caja, se los acabó mucho antes de concluir su periodo, desde julio pasado anunció a los cuatro vientos que no tenía fondos, quedando a deber la nómina y aguinaldo de miles de trabajadores. 

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la entereza de rescatar a los colimenses del desastre financiero que ocasionó la administración peraltista, con el adelanto de participaciones que corresponderían al gobierno actual, no se han terminado de liquidar los adeudos a la burocracia estatal por los trámites administrativos.

La Gobernadora ha tenido que asumir la lamentable herencia del sexenio anterior, por lo que recurrir al empréstito le permitiría solventar los pasivos, pero también ha sido clara en señalar que no se trata de una deuda a largo plazo para hundir más al estado, puesto que el crédito se utilizará para dar una solución a los compromisos de fin de año y arrancar 2022 pagándolo.

Aunque el tope máximo al que puede acceder es por mil millones de pesos, en función del presupuesto estatal, Indira Vizcaíno ha puntualizado que no se requeriría el 100 por ciento, “sino lo que sea indispensable para poder cumplir con los trabajadores”. Lo importante es que una vez que se hayan liquidado los adeudos, la nómina se volvería a regularizar para enero.

A un mes de haber comenzado su administración, la Gobernadora poco a poco está cumpliendo los compromisos, pues además de la burocracia estatal, recientemente adquirió 53 patrullas para reforzar las labores de seguridad y vigilancia, un rubro que Peralta Sánchez también descuido en extremo, al grado que se suspendieron los operativos por falta de unidades e insumos como gasolina, pero también por el impago a los policías.

Aunado a lo anterior se suma el ingreso de 200 elementos de la Marina para los trabajos de vigilancia en la entidad, en coordinación con la Guardia Nacional. Con estas acciones, Indira Vizcaíno está dando prioridad a una de las necesidades más sentidas de Colima, la seguridad pública. Desde luego, se espera mejoren la estrategia integral en el combate a la delincuencia, que los policías den una respuesta favorable y se logre una disminución en los índices delictivos.

Tras la desastrosa culminación de la administración estatal anterior, con el colapso financiero de varios meses, la actual apunta a un buen cierre de año, con el cumplimiento de compromisos con los trabajadores del Gobierno Estatal, el magisterio y el refuerzo en las labores de seguridad.

Decretazo presidencial

EL pasado 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial, mediante el cual se consideran de interés público y de seguridad nacional la realización de obras y proyectos clasificados como prioritarios y estratégicos para el desarrollo del país.

Dicho acuerdo contempla obras de infraestructura en los ramos de comunicaciones, telecomunicaciones, aduaneros, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y otros relevantes.

La medida del presidente Andrés Manuel López Obrador permite blindar legalmente diferentes obras que son consideradas emblemas de la Cuarta Transformación, como el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

El propio Mandatario nacional aceptó que el decreto tiene como finalidad “agilizar los trámites burocráticos”, evitando que se presenten amparos en contra de los proyectos que ya están en desarrollo; es decir, que esas obras sean intocables e incuestionables.

El llamada decretazo ha generado una enorme inconformidad, sobre todo entre la oposición al gobierno lopezobradorista. Los detractores del régimen afirman que la estrategia es autoritaria y más propia de una dictadura que del sistema democrático que rige a las instituciones de la República.

Legisladores del PRI, PAN y PRD, agrupados bajo la coalición “Va por México” y el liderazgo del empresario Claudio X. González, ya anunciaron que promoverán una controversia en contra del decreto, por considerarlo violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tienen razón quienes critican el acuerdo presidencial, pues evitará que los recursos, contratos y otros datos importantes de obras en ejecución se transparenten, dado que la información correspondiente a esos proyectos deberá reservarse, al ser considerados de interés público y seguridad nacional.

Efectivamente, la medida atenta contra la constitucionalidad y vulnera el derecho al amparo que tienen los particulares y las empresas; es decir, que no habrá posibilidad de combatir irregularidades o daños que provoque la ejecución de las obras protegidas.

Por otra parte, se entiende que el presidente López Obrador pretenda librar trámites legales que entorpezcan el desarrollo de sus proyectos; en el estado sabemos de eso, pues un amparo tiene detenida la ampliación de la autopista Colima-Guadalajara desde hace más de 10 años.

Sin embargo, la medida de blindar todas las obras que el Gobierno Federal clasifique como de seguridad nacional durante un año parece excesiva, rompe con el orden constitucional y seguramente fomentará la opacidad en torno a las acciones de gobierno.

La concentración de poder en una sola persona es peligrosa y el titular del Ejecutivo federal ha procedido en reiteradas ocasiones como si estuviera por encima de la ley, eso de ninguna manera es sano y podría llevar al país a una debilidad institucional que no conviene a nadie.

Ómicron, la amenaza

CUANDO aparentemente se estaba saliendo de la pandemia de Covid-19, que estaban bajando los contagios y muertes en el mundo, de nueva cuenta se presenta una ola en Europa, con fuertes repuntes en países como Alemania, Italia y Reino Unido. Pero si ya eso era preocupante, la situación se agravó con el anuncio de una nueva variante: Ómicron que salió de Sudáfrica, la cual es altamente contagiosa, aunque todavía no se ha determinado la letalidad.

Luego del surgimiento de la variante Ómicron, diversos países han optado por restringir los vuelos desde el sur de África, donde se detectó por primera vez la variante que parece ser más contagiosa que la Delta, aunque no hay evidencias de que sea más grave o mortal. La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con Sudáfrica, han cuestionado este tipo de medidas por los daños que ocasionan y porque no sirven para contener la expansión del Covid-19.

Israel fue el primero en anunciar la prohibición de llegadas del extranjero, vigente desde el domingo 28 de noviembre y hasta nuevo aviso. El segundo país en aplicar cierre total de fronteras fue Japón, vigente desde el 30 de noviembre y durante las siguientes 2 semanas. Se detectaron ya dos casos y el gobierno pidió a las aerolíneas dejar de aceptar reservas de vuelos hacia Japón hasta el 1 de diciembre. También Marruecos canceló desde el 29 de noviembre todas sus conexiones aéreas con otros países durante 2 semanas. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos identificaron el primer caso confirmado de la variante Ómicron en California. El presidente Joe Biden reiteró su mensaje a los estadounidenses para que se vacunen o reciban un refuerzo a medida que los científicos aprenden más cada día sobre la variante Ómicron del coronavirus. “Como dije, esta nueva variante es motivo de preocupación y no de pánico. Tenemos las mejores vacunas del mundo, los mejores medicamentos, los mejores científicos. Y lucharemos contra esta variante con ciencia y velocidad, no con caos y confusión”.

El gobierno de EUA negó que esté cancelando visas a los mexicanos o ciudadanos de otros países latinoamericanos que viajaron a la Unión Americana a vacunarse. Fuentes diplomáticas señalaron que el permiso de turismo B1/B2 permite acceder a tratamientos médicos. Sin embargo, han pedido prudencia, pues la inmunización está priorizada a ciudadanos y residentes.

En marzo del año pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se equivocó al minimizar la pandemia de Covid-19; aun le reprochan el haber pedido a los mexicanos que salieran a comer o cenar, que se abrazaran, que convivieran, en pocas palabras, que no pasaba nada.

Mal asesorado por un secretario de Salud que solamente está de florero, Jorge Alcocer, y peor informado por el subsecretario Hugo López-Gatell, López Obrador nuevamente se equivoca al minimizar ahora los potenciales daños a la salud y económicos que puede causar la variante Ómicron. El pasado martes llamó a los mexicanos “a no espantarse sobre sus efectos toda vez que aún no se sabe con certeza su gravedad”.

Consideró que hay demasiada información que no ha sido confirmada por las autoridades sanitarias y sólo está generando pánico. “Decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento; que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas”.

Sí debiera preocuparse y ocuparse, porque esos mismos especialistas que le están entregando los “reportes” son Alcocer y López-Gatell, que estimaban unas 60 mil muertes “ya en un escenario catastrófico” y, sin embargo, en México suman más de 294 mil personas fallecidas por coronavirus.

Los López, López Obrador y López-Gatell, han coincidido en minimizar los posibles daños de Ómicron y en descartar nuevas restricciones. México figura en tercer lugar mundial de personas que han perdido la vida a causa del coronavirus. El país con el mayor número de muertos es Estados Unidos, con 777 mil; seguido de Brasil, con 615 mil, y de México, con 294 mil, aunque los tres países son también de los que mayor cantidad de población registran a nivel mundial.

Mientras Japón que ha tenido un mayor control de la pandemia, menos fallecimientos, más vacunados, está tomando medidas para evitar un repunte de casos, aquí en México el gobierno obradorista se guía por corazonadas y su corazón le dice que “no hay motivos para preocuparnos”.

A la postre...

EL que está por terminar ha sido, sin duda, un año muy complicado para el país, porque a pesar de todo lo que se hizo por combatir la pandemia de Covid-19, ésta siguió durante todo 2021 y ahora se espera una cuarta ola el próximo año. Ese ha sido el principal factor para que la inflación haya alcanzado 7.05 por ciento a tasa anual en la primera quincena de noviembre, su mayor nivel desde abril de 2001, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Además, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento del 0.69 por ciento en la primera mitad de noviembre, respecto a la inmediata anterior.

Se informó que pese a El Buen Fin, la escalada inflacionaria continúo impulsada por el alza en las tarifas eléctricas y los precios de algunos bienes agropecuarios.

Hace unos días, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que la inflación en México llegaría en diciembre a 7.1 o 7.3 por ciento, lo que, como se señaló, será el nivel más alto en 20 años. Esto es muy grave, principalmente para los que menos tienen y son quienes destinan la mayor parte de su ingreso a la canasta básica, siendo precisamente esos productos, los que primero incrementan sus precios. Y para como pinta el panorama mundial con Ómicron, la última variante de SARS-CoV-2, la crisis financiera podría extenderse durante todo 2022.

El delegado de los Programas para el Desarrollo en Colima, Julio León, asegura que dichos programas están blindados y personas ajenas a la institución no pueden ser intermediarios para entregar recursos. Es una aclaración pertinente y un llamado a la sociedad a no dejarse engañar por falsos gestores que piden documentos y dinero para, según ellos, inscribir a los interesados en cualquiera de esos programas.

Si alguien reúne los requisitos para ser beneficiario, debe acudir directamente a la delegación para pedir informes e inscribirse. No se dejen engañar.

Se anunció el proyecto de un tren de pasajeros de Colima a Manzanillo, la propuesta considera un trazo de 100.5 kilómetros que iniciaría en Colima y terminaría en el municipio porteño. Se beneficiarían directamente 290 mil habitantes de la capital del estado, Coquimatlán, Madrid, Caleras, Tecomán, Armería, Cuyutlán y Manzanillo. La vía férrea se compartiría con trenes de carga y en el caso de los pasajeros, se proyecta el uso de ocho trenes ligeros que viajarían a una velocidad de 160 kilómetros por hora. De avanzar todo como se espera, el próximo año podrían iniciarse los trabajos.

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva ponderó este proyecto, pues afirmó que para su administración es fundamental impulsar el turismo, porque es una de las áreas de la economía que más dinero deja a la sociedad y ese tren sería un atractivo más.

Falleció el lunes pasado Karim Asam Asam, destacado empresario y reconocido filántropo, que apoyo a muchas personas y causas nobles. La mayoría de las ocasiones lo hizo de forma anónima. Descanse en paz.