Inseguridad, imparabl

Lunes 23 de Mayo de 2022 7:53 am

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LA inseguridad en el estado de Colima sigue creciendo y lamentablemente las acciones de las autoridades se quedan cortas ante el abrumador número de hechos violentos.

En lo que va del año, según cifras dadas a conocer por el vocero de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervera, son más de 300 homicidios dolosos los que se han cometido.

Según esas cifras de las propias autoridades, en enero fueron 50, en febrero 68, marzo 98 y abril 83, lo que suma 299 homicidios y si le agregamos los que van de mayo, se da esa escalofriante cifra de más de 300. Tan sólo el jueves pasado, se contabilizaron siete en una jornada.

La realidad es aterradora y hoy, los colimenses hemos perdido la tranquilidad y paz que caracterizaban al estado. Las balaceras y asesinatos son cosa de todos los días, en cualquier lugar y a cualquier hora. Han acribillado a policías, a un diputado; cada semana hay hallazgo de bolsas con restos humanos, han decapitado y cercenado a muchos, en una palabra: el horror.

Y no es exageración o ser sensacionalista, la realidad es esa descomposición y enterarnos hoy de hechos tan escalofriantes, ha dejado de ser noticia. Es algo cotidiano, la muerte está entre nosotros.

La lucha entre bandas criminales es encarnizada y en medio está la sociedad colimense, personas de bien atrapadas en una guerra que parece no tener fin. Eso de que sólo se matan entre ellos, además de no ser ninguna justificación, es mentira, hay víctimas que nada tenían que ver, entre ellas algunos menores de edad.

Y como se ha señalado, ya no se trata de decir que este es un problema estructural que viene de muchos años atrás y hoy estamos sufriendo las consecuencias. Eso lo sabemos. Desde hace tiempo ha ido creciendo la inseguridad, pero los actuales responsables de garantizar la seguridad de los colimenses ya no deben escudarse en ese pretexto.

Los muertos de hoy son responsabilidad del actual gobierno. Cuando asumieron sus cargos conocían la situación y desde antes afirmaban que sabían cómo enfrentarla.

Ya no es tiempo de pretextos ni de evadir responsabilidad, sino de dar los resultados ofrecidos y más allá de eso, proteger a los colimenses que hoy no tienen la certeza de salir de sus casas y regresar con bien, pues en cualquier lugar y momento pueden quedar en medio de un fuego cruzado o, simplemente, estar cerca de alguien que será ejecutado.

Y esta crisis en seguridad, por supuesto que se refleja en todo lo demás. Basta recordar el dato dado a conocer la semana pasada por el dirigente estatal de la Coparmex, Eduardo Sánchez García, de que el 48 por ciento de las empresas en Colima ha sido víctima de algún acto delictivo y en primer lugar están las extorsiones.

Son cifras similares a las que informó su presidente nacional, José Medina Mora, de que uno de cada dos de sus afiliados a nivel nacional ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses.

Sánchez García se quejó de que vivimos en un estado afectado por la inseguridad, donde suceden varios homicidios en un solo día. Y de eso mismo se duelen todos los habitantes del estado.

IMSS-Bienestar

AUTORIDADES estatales y federales instalaron la mesa de transición para la implementación del programa IMSS-Bienestar, mediante el cual se pretende ofrecer servicios de salud a todos los colimenses que no cuentan con seguridad social.

Con esta acción protocolaria, Colima se convierte en el tercer estado que arranca con la nueva estrategia que ha dispuesto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para subsanar las carencias que no ha logrado revertir el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Son tres los ejes que busca atender el nuevo programa: la suficiencia de personal médico y enfermería, el correcto y continuo abasto de medicamentos, así como la rehabilitación de infraestructura de los hospitales y centros de salud que actualmente son operados por el Gobierno Estatal.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, afirmó que la dependencia a su cargo ya realizó un diagnóstico de las necesidades que tiene la entidad en materia sanitaria, concluyendo que se requieren 279 doctores, 373 enfermeras, además de 19 acciones infraestructura, todo por un monto de 533 millones de pesos.

La operación del programa IMSS-Bienestar en Colima implica una gradual federalización de los servicios sanitarios que hasta ahora prestaba la administración estatal en los hospitales regionales, unidades médicas y centros de salud en colonias y comunidades rurales.

Será el Gobierno Federal quien otorgue los recursos financieros, humanos y materiales para la operación de todos esos centros hospitalarios, aunque la rectoría seguirá en manos de las autoridades estatales, según confirmó la gobernadora Indira Vizcaíno Silva.

Todavía quedan muchas dudas sobre esta nueva estrategia para el Sector Salud que ha implementado la administración lopezobradorista, pues no está claro qué pasará con el Insabi, ni con los recursos que el Gobierno Estatal destinaba al rubro sanitario.

Existe incertidumbre respecto a la eficacia del programa, toda vez que se plantea una ambiciosa inversión de más de 500 millones de pesos para corregir la complicada situación del rubro sanitario en Colima, pero como ese, se han anunciado otros beneficios millonarios que nunca llegaron a la entidad.

Lo importante será que una vez que arrancó el programa, comiencen a notarse los beneficios con el inmediato surtimiento de medicinas y la mejora de instalaciones hospitalarias, actualmente en condiciones paupérrimas, como lo denuncian trabajadores de la salud.

Además será fundamental que médicos y enfermeras tengan certeza laboral, pues a pesar de que se prometió la regularización de bases laborales, existe el antecedente de que el actual gobierno de Indira Vizcaíno Silva no ha cumplido con muchas de las promesas que ofreció a los trabajadores de la salud.

En apariencia, el programa IMSS-Bienestar es positivo, ya se verá en la práctica su funcionamiento; existe la mala experiencia del Insabi, un esquema sanitario que fracasó de manera estrepitosa en detrimento de miles de colimenses que actualmente no tienen un acceso eficiente a la salud.

Desapariciones

EL desgarrador drama de los desaparecidos en México es una herida que no cierra y es otro de los graves problemas que se han agudizado en las últimas tres administraciones federales.

La desaparición forzada de víctimas se ha venido incrementando de manera alarmante en el país y, de acuerdo a versiones de las propias autoridades, las bandas dedicadas a este delito utilizan a las víctimas para otros ilícitos, como el trata de blancas, prostitución, venta de órganos o trabajos dentro de las células criminales.

Las miles de fosas clandestinas diseminadas a lo largo y ancho del país, están directamente relacionadas con la desaparición de personas en México. Es por ello que los familiares insisten a las autoridades estatales y federales para que les ayuden a buscar en esos entierros a las víctimas.

La semana pasada, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para redoblar los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición, que ya superan las 100 mil, según datos oficiales.

El registro nacional ha estado recopilando desapariciones que datan desde 1964. Según dicho registro, alrededor de una cuarta parte de las personas desaparecidas son mujeres, mientras que aproximadamente una quinta parte tenían menos de 18 años al momento de su desaparición. Más del 97 por ciento de las desapariciones, cuya fecha se conoce, ocurrió posterior a diciembre de 2006, en el gobierno de Felipe Calderón, cuando México transitó a un modelo militarizado de seguridad pública.

Es lamentable que hasta ahora solamente 35 de las desapariciones registradas han alcanzado la condena de los perpetradores. Esta abrumadora tasa de impunidad se atribuye principalmente a la falta de investigaciones efectivas. Lo anterior deja solas a las familias de las víctimas, quienes ya están profundamente afectadas por la desaparición de sus seres queridos, con la carga adicional de intentar aclarar qué les sucedió.

Ante la falta de resultados por parte de los gobiernos estatales y el Federal, que cuenta con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, los familiares de las víctimas desde hace tiempo optaron por organizarse en agrupaciones civiles y colectivos. Inclusive, sus investigaciones y trabajo de campo han arrojado mejores resultados, pues han logrado localizar a algunas personas con vida y otras, desafortunadamente, ya fallecidas.

Michelle Bachelet reconoció que México ha dado pasos significativos, incluida la aprobación de la Ley General de Desapariciones, la creación de comisiones de búsqueda en todos los estados, y, más recientemente, del Centro Nacional de Identificación Humana.

Asimismo, ha creado comisiones para examinar las graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas entre 1965 y 1990, así como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y ha establecido el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

Son un acierto esos avances; sin embargo, el fenómeno de las desapariciones sigue creciendo, causando dolor y luto en miles de familias cada año. Tan solo en lo que va del gobierno actual han desaparecido 31 mil personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de justificar el aumento de las desapariciones señalando que ahora, a diferencia de sexenio anteriores, sí se busca a las personas.

Con el objetivo de brindar una búsqueda pronta y expedita, el Municipio de Escobedo, Nuevo León, anunció la implementación del Protocolo 48, un modelo de búsqueda y acompañamiento para personas desaparecidas y sus familias. A través del mecanismo, todos los organismos municipales, en coordinación con instancias estatales y federales, se activarán en 15 minutos para comenzar la búsqueda de la persona que se haya reportado desaparecida. El alcalde Andrés Mijes destacó que dicho modelo municipal es el primero en su tipo a nivel nacional. 

En el caso de Colima, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas registra a mil 438 desaparecidos. Además, el Gobierno Federal informó que en el Servicio Médico Forense hay 514 cuerpos que no han sido identificados.

Este año, el gobierno de López Obrador entregará 18 millones de pesos a las autoridades del estado de Colima, con el objetivo de coadyuvar en las tareas de búsqueda y localización de personas. Estos esfuerzos se reconocen; sin embargo, falta mucho trabajo por hacer.

El problema no es sencillo de resolver, por lo que se requieren acciones más contundentes por parte de los gobiernos de los tres niveles para prevenir este delito y combatirlo de manera frontal. Son contados los golpes por parte de las policías y las fiscalías a las bandas dedicadas a la desaparición de personas. La sociedad por su parte debe hacer un mayor esfuerzo para cuidarnos entre todos, armar planes familiares y tomar las medidas que estén a nuestro alcance para preservar nuestra salud, la vida, la integración y la unión familiar.

Los presidenciables

A poco más de 2 años de la elección presidencial, se ha hecho más notoria la carrera por lograr la candidatura entre los aspirantes de Morena, como los presuntos sucesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre los que sobresalen Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, principalmente. 

La semana pasada, en diferentes eventos públicos, cada uno fue vitoreado por sus seguidores que clamaron “¡Presidenta! ¡Presidenta!”, en el caso de la Jefa de Gobierno, o “¡Presidente! ¡Presidente!”, para la figura del Canciller. Asimismo, fueron abucheados por los simpatizantes del contrario.

El Mandatario, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones que no habrá dedazo presidencial, como en el pasado, ni para elegir sucesor ni para destinar parte del presupuesto público en alguna candidatura, pero también ha recalcado que no habrá tapados, pues es un derecho de los mexicanos a votar y ser votados.

Otro de los nombres que suena entre los presidenciables es el del senador Ricardo Monreal, más por una autopostulación que por la gracia del Presidente. En cambio, se ha visto una fuerte presencia en los medios de comunicación de Zoé Robledo, director general del IMSS, ahora con la transición al Insabi, por lo que no se le puede descartar. 

En la mañanera del martes pasado, el presidente Andrés Manuel dijo que los relevos generacionales eran importantes, empezando a nombrar a los presuntos presidenciables: “Ahí está Zoé; el médico (Hugo); a Claudia yo la quiero mucho; Adán es mi paisano; Ebrard está haciendo un trabajo de primera”, para luego destacar que apoyará al que gane la encuesta. 

López Obrador sigue siendo una marca muy fuerte, muy por encima de su partido. De ahí su seguridad para enfatizar que no hará campaña, “pero voy a estar con el que gane la encuesta de Morena”, por lo que este mecanismo será el factor determinante para elegir al abanderado.

Por desgracia, la oposición no ha podido construir una candidatura fuerte, y aunque se habla de una renovada coalición del PRI-PAN-PRD, todavía no hay un nombre que sobresalga como cualquiera de los aspirantes de Morena. El caso de Ricardo Anaya no termina por cuajar, ni tampoco sube en las encuestas. Lo supera, pese a tener una corta trayectoria política, el joven Luis Donaldo Colosio, por MC, pero sus porcentajes tampoco están por arriba de los morenistas punteros, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, quienes ya van muy parejos en las preferencias.

Lo cierto es que, en este tan adelantado proceso por la candidatura presidencial, que ya está generando una confrontación entre los postulantes, hay un desgaste innecesario que podría cobrarles la factura a quienes hoy encabezan las encuestas. Sin embargo, más allá del ungido como sucesor o sucesora por Morena, el partido de AMLO lleva mucha ventaja a la oposición. 

De los resultados que se obtengan en las próximas elecciones que se realizarán el 5 de junio, en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, servirán como diagnóstico para definir la elección presidencial. Según la tendencia que se muestre en los seis estados donde se elegirá Gobernador, se podrá visualizar el panorama que aguarda en los comicios de 2024.