Desaparición, igual a feminicidio
ROSA EVELIA VILLARRUEL FIGUEROA
Martes 24 de Mayo de 2022 7:43 am
LA Convención Sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. Es el segundo instrumento internacional más ratificado por los países miembros, después de la convención sobre los derechos de la niñez. Este instrumento contiene un marco obligatorio de cumplimiento por los países firmantes para lograr la igualdad de género. El Estado mexicano es parte contratante de esta Convención, que se firmó el 17 de julio de 1980 y lo ratificó el 23 de marzo de 1981. Asimismo, es contratante del Protocolo Facultativo de la Convención, pues su ratificación la hizo el 10 de diciembre de 1999. Lo anterior lo coloca en la obligatoriedad absoluta de dar cumplimiento a todas las recomendaciones que de esta Convención emanen. En 2013, el gobierno de México publicó el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres (Proigualdad), con líneas de acción que vinculan la responsabilidad de los medios de comunicación en su implementación. Sin embargo, hemos constatado que a la fecha estos compromisos no solo no se han cumplido como se debiera, sino que han sido rebasados a niveles exponenciales recayendo en las mujeres niñas las mayores desgracias, como son las desapariciones forzadas, con el propósito perverso de alimentar las redes de trata de personas y someterlas a trabajos sexuales denigrantes. Desafortunadamente, miles de ellas no escapan a la inminente muerte, principalmente las niñas. Aunque este fenómeno de contrabando de personas debiera ser un delito que se castigue de facto, debido a la multiplicidad en su impacto, no es así. Y no lo es, porque continúa siendo un negocio altamente rentable para las redes que se dedican a ello y porque en la gran cadena, desde los altos jerarcas que comandan este oficio, hasta quienes lo ejecutan, los eslabones son muchos y en cada uno de ellos se van engarzando millones de pesos. Son varios los segmentos de la sociedad, considerados vulnerables, que son víctimas directas de estas redes: niñas, niños, mujeres, migrantes y personas en situación de calle. Para lograr sus objetivos, los enganchadores utilizan tretas que van desde la seducción por medio de estímulos económicos, aprovechando la situación de pobreza y desamparo; promesa de mejoras en empleos mejor remunerados, y a las jovencitas les venden la idea de hacerlas famosas y ricas. En este entramado social, América Latina se caracteriza por ser la exportadora mayoritaria de personas para el tráfico, toda vez que muchas familias siguen percibiendo a Estados Unidos como el país donde se cumplen los sueños y en esta travesía hacia el país vecino, son presa fácil de los llamados coyotes y otros actores, igualmente, que han hecho de este comercio su oficio principal, poniéndolas al alcance de las corporaciones policiacas y el ejército, instituciones que es ya sabido no están entrenadas para proteger a la ciudadanía, más bien el uso de poder lo ejercen contra quienes consideran estatutariamente inferiores. Aun con la promulgación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas desde el año 2009, no se observa una disminución de la misma; al contrario, las desapariciones continúan un curso peligroso en el que lentamente se observa se va instalando la normalidad, como ocurre con la violencia doméstica, los abusos, violaciones y feminicidios. Las organizaciones de la sociedad civil, utilizando todos los medios posibles, exigen y denuncian todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres, pero las autoridades continúan en oídos sordos, a lo mucho atinan a realizar eventos, convenios y otras acciones paliativas, pero éstas son poco operantes y no cunden o impactan en el meollo real del problema. La gravedad es mucha, ya que nuestro estado continúa ostentando el segundo lugar en desapariciones y estas, al final, se traducen en feminicidios.
