Reforma electoral a fondo
SERGIO JIMÉNEZ BOJADO
Miércoles 25 de Mayo de 2022 7:46 am
EN las últimas semanas ha quedado relegado el tema de la reforma electoral enviada por el Ejecutivo el jueves 28 del mes pasado a la Cámara de Diputados, se trata de una iniciativa de ley que reformaría 18 artículos de la Constitución Política en materia electoral. Esta iniciativa es de muy alto calado, porque propone la modificación del viciado modelo actual que estructura, conduce y controla el espectro electoral. Los ciudadanos de bien aprueban esta propuesta de fondo, que se orienta a democratizar todo el entramado logístico y legal de las elecciones en lo futuro, como reestructurar al Instituto Electoral, convirtiéndolo en lo que en esencia debería de ser, garante de que los procesos electorales se conduzcan al margen de los intereses creados y sin componendas con los partidos de derecha tradicionales. Por supuesto que la reacción de estos últimos no se ha hecho esperar, amenazando con descarrilar esta iniciativa en el congreso como lo hicieron con la propuesta de reforma eléctrica. Sabemos de lo que son capaces para lograr su propósito, los vimos en el debate de la ley eléctrica, donde mostraron su bajeza al esgrimir su negativa a la reforma, basados en la mentira y la calumnia, que es el único argumento que últimamente han usado para detener los avances de la cuarta transformación, como lo sería la iniciativa de reforma electoral, que también incluye la elección de consejeros y magistrados electorales por la vía de elección popular. Es decir, que sean votados como lo son los puestos de elección popular. Otro punto es prescindir de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), igual que los tribunales electorales de los estados; también el acotamiento de los congresos locales de los que se señala un parámetro que serían: mínimo 15 y máximo 45, dependiendo del número de habitantes de cada entidad. Igual tratamiento tendrían los cargos de regidores que serían a la baja. También un tema añejo es el de la supresión de la figura de diputados de representación proporcional, más conocidos como plurinominales, que de los 500 diputados federales que conforman la Cámara se reduciría a 300 de ellos, aboliendo a los pluris. Y en el caso de los senadores, la propuesta es que, de 128 que conforman actualmente, esa representación quedaría a solo 96 senadores. El estimado de ahorro que esta reforma generaría es de alrededor de 24 mil millones de pesos, pensados en aplicarse en el fortalecimiento de los programas sociales o proyectos productivos en beneficio de los mexicanos. Como sabemos, esta iniciativa se ha pospuesto en razón de los próximos comicios electorales en los que habrá relevo de seis gubernaturas, un congreso local y 39 ayuntamientos que ahora ocupan la entrega y atención de los diferentes partidos políticos que tienen participación en la contienda. Y, además, en el ánimo de no distraer a los actores políticos que pudieran utilizar argumentos falaces respecto a esta iniciativa. En lo que atañe a la sustitución del INE por otra figura, la propuesta es que de inicio se nombre de manera diferente, que sería: Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Además de lo arriba señalado en relación al método de conformación de este órgano, que no ha actuado en apego a los principios que lo rigen y que vale la pena tenerlos en cuenta: honestidad, legalidad, certeza, imparcialidad, independencia, objetividad, autonomía, máxima publicidad y ahora se le incluye equidad. En este apartado de reforma al INE, la iniciativa también prevé la disminución de 11 a 7 de los consejeros electorales que tenían que ser elegidos a través de voto como fecha tentativa el 1 de agosto de este año. Que esta iniciativa de reforma no sorprenda a nadie, porque el Presidente de la República la vino anunciando desde campaña, en la valoración de que la actual democracia en México es muy onerosa, en virtud de los altos e insultantes sueldos de los magistrados que actualmente la componen, quienes por cierto interpusieron sendos amparos ante el Tribunal Federal Electoral a efecto de no cumplir con la ley de austeridad republicana, que entre otras cosas prevé que ningún funcionario público podrá devengar un sueldo más alto que el que tiene el Presidente. No obstante, se mostraron como son: ambiciosos y corruptos. *Director general del Instituto Colimense del Deporte
