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Conflicto laboral


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Jueves 26 de Mayo de 2022 8:05 am


EL incremento salarial del 3 por ciento, anunciado por el Gobierno Estatal y los ayuntamientos para sus trabajadores sindicalizados podría convertirse en un conflicto de dimensiones mayores, toda vez que la burocracia organizada rechaza la decisión unilateral de las autoridades.

Por una parte, los líderes sindicales reclaman la arbitrariedad de la medida, pues en ningún momento fue consultada con agrupaciones gremiales, simplemente se notificó el monto del incremento anual, sin ningún margen para le negociación ni los acuerdos.  

Además, los burócratas reclaman la cifra que se pretende aumentar a los salarios, pues no servirá de nada frente al índice inflacionario de todos los productos, mismo que a estas alturas del año ya ronda el 7 por ciento y podría dispararse todavía más en los próximos meses.

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) ya notificó de manera formal su rechazo al incremento salarial del 3 por ciento, luego de una consulta en donde la propuesta fue rechazada por más del 90 por ciento de los trabajadores.

Martín Flores Castañeda, dirigente de esa agrupación, refirió que aspiran a lograr un aumento del 7.3 por ciento; también adelantó que se emprenderán todo tipo de acciones para lograr la justicia salarial, aunque descartó que entre dichas medidas se encuentre el paro de labores.

En tanto que Audelino Flores Jurado, líder de la Federación de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, dejó muy claro que en caso de no ser escuchados para que se tome en cuenta su petición de un aumento del 10 por ciento, iniciarán acciones de resistencia civil.

Por su parte, el Gobierno Estatal no ha mostrado una disposición al diálogo, por el contrario, busca desacreditar a la clase laboral ante la sociedad, culpándolos de los excesivos recursos que se destinan al pago de salarios, como si el problema no radicará también en los altos sueldos de los funcionarios de confianza.

Ambas partes deben buscar una estrategia que permita llegar a los acuerdos necesarios para que el incremento sea justo, pero que no afecte a las finanzas estatales, bastante mermadas por el desaseo con que se manejaron los recursos durante la pasada administración.


Adeudo con Ipecol


UNO de los delitos en que han incurrido gobernadores y alcaldes es el desvío de recursos; sin embargo, aunque se han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, hasta ahora ninguno de ellos ha sido procesado y menos han pisado la cárcel.

Desde hace muchos años, los titulares del Ejecutivo y presidentes municipales han violado la ley al haber descontado a los trabajadores cuotas y no haberlas enterado al Instituto de Pensiones Civiles del Estado de Colima (Ipecol). Es un dinero de los burócratas, jubilados, pensionados y maestros que se les ha quitado de su salario y se ha desviado, sin que se sepa a dónde fueron a parar esos recursos.

El líder del Sindicato de Trabajadores Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, denunció que el actual gobierno ya adeuda 120 millones de pesos al Ipecol correspondiente a los primeros 6 meses de administración.

Comentó que entre el adeudo histórico, más el correspondiente a la anterior administración y a la que se suma el retraso de pago del actual gobierno, se debe mil 300 millones de pesos al Instituto de Pensiones.

Cuestionado sobre este adeudo de 120 millones de pesos que ya tiene el gobierno de Indira Vizcaíno con el Ipecol, el subsecretario de Administración, Víctor Torrero, lo minimizó y dijo que “este gobierno ha sido muy responsable y disciplinado y estamos constituyendo los fondos para poder, en su momento, ir haciendo los pagos. Puedo decir categóricamente que se han realizado varios pagos por parte de nosotros y no estamos permitiendo que el rezago del gobierno actual con el Ipecol sea algo que se salga de control”.

Como gobierno responsable, el funcionario debería conocer el artículo 237 del Código Penal del Estado de Colima que señala: “Al servidor público que en provecho propio o ajeno, disponga ilícitamente de dinero, valores, fincas o cualquier otro bien que hubiese recibido por razón de su función en administración, depósito o cualquiera otra causa, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de hasta un importe equivalente de dos mil días de salario mínimo, de seis a doce años de prisión cuando dicho monto exceda de un importe equivalente de dos mil pero no de cuatro mil días de salario mínimo, y de ocho a quince años de prisión cuando el mencionado monto o daño patrimonial causado excede de un importe equivalente a cuatro mil días de salario mínimo”. 

Como sea, el gobierno de Indira Vizcaíno debe buscar los mecanismos financieros para no seguir aumentando la deuda con el Ipecol, pues debe estar consciente de que es un delito el desvío de cuotas de los trabajadores. Si hace lo mismo que los gobiernos anteriores, de retener las cuotas y no enterarlas, no tendrá calidad moral para estar cuestionando el manejo de la hacienda pública de su antecesor.


Logros porteños


A poco más de 7 meses de haber sido reelecta como presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez está dando una muestra de que su gobierno trabaja y genera buenos resultados, con una combinación de voluntad, eficiencia, tenacidad y experiencia, logros de la coordinación y eficacia de equipo.

Uno de ellos es en la reducción de la inseguridad pública, siendo la corporación policíaca del municipio la que realiza más detenciones de delincuentes a nivel estatal. Del 1 de enero al 23 de mayo de este año, se han presentado a 2 mil 180 personas al Juzgado Cívico, 423 ante la Fiscalía General del Estado y 23 a la de la República, lo que genera una suma total de 2 mil 626 aprehensiones.

Estos datos, proporcionados por la misma Alcaldesa, son un indicador que confirma la labor de las autoridades para mejorar la seguridad en Manzanillo, que hasta hace unos años era uno los municipios más inseguros. Además de reforzar los operativos para la prevención del delito, de capacitar al personal policíaco y adquirir más equipamiento, se trabaja en la parte social y económica, con la implementación de programas que permita a los porteños tener más oportunidades para su desarrollo y mejorar su calidad de vida.

Por ello mismo, con números y estadísticas a la mano, Griselda Martínez desmintió al vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en la entidad, Gustavo Joya Cervera, respecto al aumento de homicidios en Manzanillo, siendo que durante su actual administración han ido a la baja respecto a los mismos meses del año previo.

Lejos de echar campanas al vuelo, el Ayuntamiento porteño ha reforzado con más programas, apoyos y actividades de fomento al turismo y la cultura, sin suspender sus festejos tradicionales como sí ha ocurrido en otros municipios por la inseguridad. Además de las Fiestas de Mayo, se realizó el Carnaval, el festival gastronómico Con Sabor a Sal, una exitosa Feria del Libro y otros eventos más como el Festival de Las Flores que se llevará a cabo el próximo sábado.


A la postre...


INTERESANTES reflexiones hizo la dirigente estatal de la CNC, Mely Romero Celis, en entrevista con Diario de Colima, sobre la crisis que enfrenta el campo mexicano por el abandono del Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Advierte la dirigente del sector campesino del PRI que de seguir así, México se encamina a una insuficiencia alimentaria, precisamente por la falta de apoyos para el agro. Aseguró también que con la política lopezobradorista, se acentuará más la división en el campo, con lo que los pobres serán cada vez más pobres y no podrán producir, pues solamente se les atiende con programas asistencialistas que no pueden ser eternos.

Conocedora del campo, por su paso por la Subsectretaría de Desarrollo Rural, de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Mely Romero es una voz autorizada que advierte sobre ese negro panorama para los productores y campesinos del país.

Indignación causó la desaparición, el viernes de la semana pasada, de un menor de edad y su padrino, quienes según sus familiares, fueron levantados por sujetos armados en un tramo de Tecomán hacia Cerro de Ortega. El martes anterior, convocados por la madre del niño, personas bloquearon la carretera que comunica a Colima con Michoacán, en el puente Coahuayana, para exigir a las autoridades que atiendan el caso y los encuentren. Ninguna autoridad se ha manifestado al respecto. Qué pena.

Los ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez trabajan desde hace días en el desazolve de ríos y arroyos que cruzan sus demarcaciones para tratar de evitar problemas de taponamientos ante el inminente temporal de lluvias. Buena labor la que realizan, paralelo a lo hecho por otras instancias como la Conagua y la Ciapacov. Tristemente, como cada año, en esos cauces se encuentran mucha basura, animales muertos, aparatos electrodomésticos y muebles que irresponsablemente algunos arrojan. Lo mismo pasa al limpiar las calles de las ciudades, donde las alcantarillas tienen mucha basura por quienes acostumbrar tirar cualquier papel, desperdicio, envases de refresco u otros líquidos, en lugar de depositarlos en botes de basura. Y luego se quejan de las inundaciones.

Luego de la masacre en Texas, donde al menos 19 niños y 2 maestros perdieron la vida a manos de un psicópata de 18 años, ayer subieron las acciones de los fabricantes de armas. Los inversores anticipan un aumento en la demanda ante el temor de que se aprueben leyes que restrinjan la venta de armas. Lamentable.