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Violencia imparable


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Jueves 18 de Agosto de 2022 8:00 am


ESTADOS Unidos y Canadá emitieron, desde el sábado anterior, alertas de viaje a 16 estados de México, luego de la ola de violencia que se vivió en diferentes ciudades del país, donde se atacó a civiles y se quemaron vehículos y establecimientos comerciales, con 260 personas asesinadas en 4 días.

Por su alto índice de delincuencia y secuestros, seis de las 16 entidades están clasificadas en alerta roja, entre ellas Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas; mientras que el resto en color naranja: Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Morelos, Estado de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora y Baja California.

En Manzanillo también se vivió una situación semejante, donde siete personas resultaron heridas, mas con la oportuna y eficiente reacción de la Policía Municipal se logró la captura de dos presuntos sicarios.

Pese a lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado los hechos violentos y dice que sus adversarios exageran para crear miedo y terror en la población, pidiendo además no dejarse manipular por la prensa amarillista.

No son exageraciones, las balaceras, ejecuciones, bloqueos, incendios, secuestros y otros delitos son el pan de cada día. El miedo lo tiene la gente desde hace años, pero se ha agudizado en los últimos meses. Y temen porque no hay respuesta de las autoridades para frenar a la delincuencia, temen porque ahora sus vidas y sus trabajos penden de un hilo al ser blanco de criminales. Además, porque afectan a la economía, espantan al turismo y las ventas en los comercios van a la baja. 

Aunque el Mandatario, como siempre, tiene sus propios datos a modo, su gobierno está superando con creces el número de muertos por homicidios dolosos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a pesar de que busca comparar las cifras de los 4 años que lleva él en su administración contra los sexenios completos de sus antecesores.

Lo que está sucediendo en México sí es una forma de terrorismo, aunque Andrés Manuel lo niegue. El ataque directo contra civiles en espacios públicos no puede recibir otro nombre. A pesar de que diga que son los opositores quienes exageran, ahí está la muestra con EUA y Canadá –dos países que nada tienen que ver con sus adversarios–, emitiendo alertas por la violencia desenfrenada en el país. 

No se trata de minimizar, ni echar culpas, sino de responsabilizarse, coordinarse y generar mejores estrategias entre la Federación, estados y municipios, para reducir los altos índices delictivos. El hecho de atacar civiles es ya una afrenta que exige a las autoridades resultados contundentes.


La Ley de Herodes


DESDE hace varias semanas, la regidora priista del Ayuntamiento de Tecomán, Laura Montes, denunció la existencia de tres personas que cobran sin trabajar en la Dirección de Servicios Públicos de ese municipio, lo que ha generado una serie de acciones indebidas por parte de las autoridades de esa demarcación.

A partir del señalamiento de la integrante del Cabildo tecomense, los funcionarios bajo el mando del alcalde morenista Elías Lozano Ochoa han emprendido una persecución que raya en lo absurdo, con la finalidad de amedrentar a la denunciante y evadir su responsabilidad de aclarar el asunto.

En vez de mostrar con pruebas que no existen aviadores en esa administración, las autoridades tecomenses llegaron al colmo de reservar por 5 años la información correspondiente a la nómina de trabajadores, cuando es sabido que por ley dicha información debe ser pública.

De forma indebida y hasta ingenua, el Alcalde y sus colaboradores pretenden acomodar la ley a su antojo y saltarse los preceptos normativos que no les convienen, al estilo del personaje principal de aquella célebre película La Ley de Herodes, quien literalmente arrancaba hojas de la Constitución porque no le gustaba su contenido.

Es inaceptable la opacidad con que actúan los funcionarios de Tecomán; atentan contra los principios de transparencia en el manejo de los recursos públicos y la máxima publicidad que debe prevalecer en todos los actos oficiales; además, muestran dolo e ignorancia en este caso de los aviadores.

Tal desprecio por la ley no es nuevo en el alcalde Elías Lozano Ochoa, quien acostumbra proceder en el límite de la ilegalidad, tanto que su reelección fue anulada por violaciones al Código Electoral y solo salvó el cargo por una resolución de último momento en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Ante el desprecio que muestra el munícipe tecomense hacia sus obligaciones legales, en este asunto de los aviadores tendrá que intervenir (ya se debería haber pronunciado) el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Colima (Infocol).

Igualmente, deberá existir una investigación por parte de los diputados integrantes del Congreso del Estado, toda vez que una de sus funciones principales es la fiscalización de los recursos públicos, en este caso utilizados para cubrir un sueldo a personas no localizadas en su lugar de trabajo.


Problemas en el puerto


SE siguen acumulando los problemas en el puerto y la Aduana de Manzanillo sin que se vea hasta ahora una respuesta contundente por parte de las autoridades para resolver de fondo los múltiples conflictos generados por la propia actividad portuaria.

Las constantes fallas en la Aduana porteña generan un grave retraso en la entrada y salida de mercancías, lo cual se refleja en el caos vial de las calles. La convivencia puerto-ciudad de la que tanto se habla es pésima, porque se afecta a los manzanillenses en sus actividades diarias.

La semana pasada, choferes del servicio de transporte de carga pesada denunciaron que debido a la falla en el sistema de Aduana es que las vialidades en la ciudad colapsaron, afectándose además el despacho de mercancías del puerto.

Desde las 7 de la mañana que abren las ventanillas se empezaron a registrar problemas con el sistema, lo que llevó a que tanto al interior del puerto como fuera de éste se formaran grandes filas de tráileres.

Si bien durante el día el servicio que prestó la Aduana fue intermitente, las operaciones que demanda el puerto comercial de Manzanillo rebasaron por mucho la capacidad de la Aduana para realizar el despacho de las cargas dentro de los tiempos establecidos.

Todas esas fallas le representan pérdidas millonarias a las empresas que utilizan el puerto para el movimiento de sus cargas, sobre todo por el retraso en los tiempos de entrega.

El incremento en el movimiento de contenedores demanda un mayor número de transporte, así como de corridas del ferrocarril. Se sabe que hasta hace unos días había 3 mil contenedores atorados en el puerto, lo que provocó paro de línea de producción en empresas manufactureras, incumplimientos de contratos y pérdidas de millones de dólares en negocios del ramo automotriz, de electrodomésticos, químicos y de calzado.

Manzanillo se ha convertido en el puerto más importante del país, pues tiene un movimiento de 3.5 millones de contenedores al año; sin embargo, la autopista resulta insuficiente para desahogar las cargas, pues se ha visto que cuando hay un accidente se cierra parcial o totalmente por varias horas.

Aquí, es importante el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su última visita al estado, donde informó la ampliación a seis carriles de toda la autopista. Cuando se concrete este proyecto, se logrará darle mayor fluidez al traslado de mercancías del puerto hacia el centro-occidente de México. Sin embargo, también es necesario que la Aduana amplíe sus horarios de servicio para agilizar el despacho de mercancías.


A la postre...


EL trabajo y eficiencia que ha demostrado ahora la Ciapacov es un esfuerzo de todos sus integrantes, encabezados por su director Vladimir Parra. Además de la atención a los reportes de la ciudadanía, el organismo operador tiene finanzas sanas, gracias a la recaudación eficiente que se supera mes a mes. Pese a las deudas que tenía, Ciapacov está saliendo adelante y cuenta con los recursos necesarios para invertir en las fuentes de abastecimiento, drenaje y saneamiento. 

El pasado martes se reunió la nueva dirigencia del STSGE, que encabeza Martín Flores, con la gobernadora Indira Vizcaíno, en Casa de Gobierno. El Dirigente sindical señaló que se acordó con la Mandataria tener un diálogo permanente, además de que se analizarán todos los adeudos pendientes para darles una solución y que los trabajadores tengan certeza de sus pagos.

Se espera que en adelante haya una buena relación de la Gobernadora con el Sindicato, pues el Ejecutivo debe llevar un trato armonioso y de colaboración para entregar mejores resultados a la sociedad. En este contexto, ayer el TAE entregó la toma de nota a la nueva dirigencia.

Los diputados del PRI y PAN en el Congreso del Estado presentarán una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscan que la Ley de Revocación de Mandato se aplique desde este sexenio y la gobernadora Indira Vizcaíno Silva se someta a dicho ejercicio ciudadano. Es correcto el proceder del bloque democrático, pues no existe un argumento válido para posponer la aplicación de esta figura hasta el periodo 2027-2033.