Jueves 08 de Septiembre de 2022 7:27 am

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EN la historia de Colima, los créditos financieros otorgados a entidades gubernamentales han representado más un error que un acierto, porque en los hechos, las diferentes administraciones no pudieron resolver los problemas existentes, en parte porque los recursos no fueron parcial o totalmente destinados para ello, y en cambio el endeudamiento se incrementó.

Así ha sucedido, por ejemplo, con las dos administraciones estatales anteriores. Los gobernantes en turno piden autorización al Congreso para solicitar un préstamo a las instituciones bancarias, fabrican todo un ejercicio de transparencia instalando una comisión encargada de fiscalizar los recursos, y después, no se sabe con precisión qué fue del dinero. 

Ahora, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva recurre a la misma práctica, por no decir círculo vicioso, el endeudamiento. En menos de un año, la Mandataria adeuda poco más de 900 millones de pesos. Poco antes de que culminara 2021, ya había pedido 500 millones de pesos, y en el transcurso de este, 350 millones de pesos, que sumados al nuevo crédito de hace unos días, supera los 900 millones de pesos.

Durante su campaña a la gubernatura, la hoy Mandataria destacó que con su plan de austeridad habría un ahorro de 550 millones de pesos anuales, pero a la fecha no se ha visto que la estrategia rinda frutos económicos, pues lejos de abonar a los pasivos ha incrementado las deudas, no sólo de línea crediticia, también a proveedores y al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol).

Lo grave de este nuevo y los otros empréstitos es la falta de transparencia en la aplicación de los recursos, y que no lo reintegran, sino lo heredan al sucesor. Por ello los diputados del PAN y el PRI, Crispín Guerra y Héctor Magaña, respectivamente, cuestionaron el préstamo y no votaron a favor de su autorización, pues el dictamen sólo señala que los recursos se utilizarán en diversas obras de sectores vulnerables, sin decir cuáles ni dónde. 

En el caso de los municipios, para los que el Congreso autorizó 737 millones de pesos, es una historia similar, pues el recurso será para “obras, acciones sociales o inversiones que beneficien a población en extrema pobreza”, sin especificar en qué ni dónde. Los diputados también deben ser más conscientes y rigurosos en lo que autorizan, pues en general las administraciones públicas deben salir adelante con el presupuesto asignado, y salvo emergencias recurrir a créditos, pero sin la opacidad o discrecionalidad en el manejo de los recursos.

Reapareció MAM

EL exgobernador Mario Anguiano Moreno ha reaparecido en la escena pública, con la firme intención de participar nuevamente en la política local, a través de un grupo de personajes que lo acompañaron durante la administración 2009-2015 y otros liderazgos que se han mantenido alejados del PRI en los últimos años. 

Con el propósito de generar soluciones a la población y coadyuvar con las instituciones, el exmandatario afirmó: “Vamos a generar ideas para beneficiar a la gente de Colima”, precisando que no hay una intención electoral ni partidista oculta en su reciente activismo, sino únicamente contribuir y sumar a favor de los colimenses. 

Mario Anguiano abundó que en las próximas semanas, el grupo que encabeza a petición de sus propios simpatizantes, comenzará a generar planteamientos que puedan apoyar en las necesidades de la población, los cuales se harán llegar de diversas formas a las autoridades. 

En el aspecto político, Mario Anguiano afirmó que la sanción de reintegrar más de 500 millones de pesos a las arcas estatales, impuesta por el Congreso del Estado, fue injusta, toda vez que se comprobó que no se robó un solo peso y que el crédito que es origen del castigo, lo ejerció Ramón Pérez Díaz. 

El exgobernador explicó que los diputados locales fueron incongruentes al sancionarlo con dureza sin tocar a Ignacio Peralta Sánchez, a pesar de que cometió irregularidades graves, como solicitar un préstamo para pagar el terreno de la Zona Militar, aun cuando ese predio fue donado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

No deja de ser sorpresiva la repentina aparición de Mario Anguiano, pero es bien vista por un sector importante de la población, no sólo de un grupo político. Por lo tanto, el exmandatario tiene un peso específico y una sólida base de apoyo social, por lo que sus proposiciones están siendo escuchadas.

Es probable que tal como el oriundo de Tinajas, otros pesos completos de la política colimense que ya gozaban del retiro adquieran notoriedad, pues hay un interés en generar ideas que beneficien a la población, pero también en coadyuvar con las instituciones.

Prisión preventiva

HOY se someterá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la propuesta para eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa, misma que fue presentada por el ministro Luis María Aguilar.

Diecinueve gobernadores de Morena rechazan que se elimine la Prisión Preventiva Oficiosa, argumentando que ha sido un éxito la estrategia de seguridad del Gobierno Federal.

Los mandatarios hicieron un exhorto a los ministros de la Corte para que respeten la Constitución, ya que no tienen la facultad para modificarla y por lo tanto el artículo 19 de la Carta Magna debe mantenerse “en sus términos”.

El pasado lunes una mayoría de siete contra cuatro ministros de la SCJN expresaron su rechazo a la propuesta de “inaplicar la Prisión Preventiva Oficiosa”, luego de varios días de debate.

Es acertado que la mayoría de los ministros se hayan pronunciado por mantener la Prisión Preventiva Oficiosa, pero además, es correcto lo que señalan los gobernadores en el sentido de que la Corte no tiene facultades de modificar la Constitución, pues ello le corresponde al Legislativo.

Independientemente de ello, la prisión preventiva es una herramienta con la que cuenta los órganos procuradores de justicia para evitar que un presunto delincuente pueda evadir la acción de la justicia. Hay ejemplos de sobra de criminales que en libertad condicional huyen del país.

No obstante, también es cierto lo que señala el ministro ponente Luis María Aguilar, en el sentido de que se debe respetar la presunción de inocencia y el respeto a los Derechos Humanos.

Aquí, lo importante es que se acote la Prisión Preventiva Oficiosa, pues en los hechos resulta que un presunto delincuente es sometido a esta figura y pasan meses y años sin que reciba una sentencia condenatoria o absolutoria.

En el país son miles las personas que ingresaron a los penales estatales o federales luego de haber sido retenidos con la Prisión Preventiva Oficiosa y siguen esperando sentencia. Entonces, lo que se debe hacer es corregirse y limitarse esta figura, que no se abuse y que solamente se utilice para garantizar la protección de los ciudadanos.

Los gobernadores argumentan que el dilema no está en el número de personas que se encuentran en prisión, “sino cómo garantizamos la justicia a la víctima cuando el delincuente sigue afuera amenazándola o descaradamente delinquiendo”. La base de la justicia señala que debe ser pronta y expedita.

A la postre...

TAL como lo había anticipado la consejera presidente, Adriana Ruiz Visfocri, el Instituto Electoral del Estado (IEE) suspendió toda actividad no urgente debido a la falta de recursos. Es lamentable que el Gobierno Estatal ni siquiera haya tenido la cortesía de responder a la solicitud de una ampliación presupuestal de 16 millones de pesos, realizada por el órgano electoral desde hace varios meses.

La autopista Guadalajara-Manzanillo sigue siendo un peligro inminente para cientos de miles de conductores. En vez de que el Batallón de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional incremente la vigilancia en las zonas donde suceden con más frecuencia los accidentes viales, como es el caso de La Salada, se coloquen topes que generan todavía un mayor peligro. Ya se habían quitado con anterioridad, y ahora nuevamente los han colocado, con las mismas consecuencias, más accidentes, pues al verlos induce que los conductores reduzcan la velocidad de inmediato, provocando que los de atrás se impacten por alcance.

Los partidos PAN y PRD declararon una suspensión temporal de la coalición con el PRI por el tema de la Guardia Nacional. Los institutos políticos expresaron su sorpresa con la iniciativa del tricolor que busca alargar la presencia militar en las calles. Es evidente que Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, busca salvar su situación legal ante las denuncias presentadas en su contra por el gobierno de Layda Sansores, por lo que el cambio de postura en este tema obedece a una posible negociación con Morena y con el gobierno de López Obrador.

Si el Senado rechaza la reforma para que la Guardia Nacional pase a la Sedena, la iniciativa de reforma constitucional presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre, que prorroga hasta 2028 la militarización del país, es un plan b que ayuda a López Obrador en sus objetivos. No será ninguna sorpresa ver a morenistas y priistas votando juntos y en el mismo sentido, para mantener a ese cuerpo policial en las calles.