Indicador político
CARLOS RAMÍREZ
Sin marco jurídico
Viernes 23 de Septiembre de 2022 7:40 am
A pesar de que las Fuerzas Armadas son utilizadas en labores de seguridad pública por la severa crisis de seguridad interior desde los años 80, por segunda ocasión el poder legislativo bloquea la creación y formalización de un marco jurídico indispensable para regular esa participación. En diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial la Ley de Seguridad Interior para regular la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública por su derivación en la seguridad interior reconocida en la Constitución; sin embargo, presiones políticas y civiles condujeron a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la ley y se publicará su anulación en mayo de 2019. En 2018 y en el escenario de la creación de la Guardia Nacional, se incluyó el artículo Quinto transitorio que establecía una participación regulada de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública solo por 5 años, a la espera de la consolidación del nuevo cuerpo federal de seguridad, aunque con afirmaciones entonces de que una Guardia Nacional no podía estar al 100 por ciento de efectividad en ese tiempo, y que se requerían como mínimo 15 años. De manera formal, desde 2006 los militares comenzaron a insistir en su petición de crear un marco jurídico para su participación en seguridad pública-seguridad interior, pero en los hechos fueron lanzados como última línea de defensa del Estado contra el crimen organizado y el narcotráfico que estaban ocupando espacios territoriales e institucionales de la soberanía del Estado. La Ley de Seguridad Interior de 2017 formalizaba y regulaba esa participación con mucha precisión, sobre todo porque establecía la exigencia de que no se podía tomar la decisión cupular de desplazar fuerzas militares, sino que se requería un proceso legal y por escrito para fijar reglas y temporalidad. La votación del miércoles en el Senado mostró una aberración social y política: mientras la ciudadanía en general define un 80 por ciento de reconocimiento y apoyo a las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública, los representantes senatoriales de esos ciudadanos le negaron a las Fuerzas Armadas el marco jurídico necesario no para perpetuarse en las labores policíacas, sino para colaborar por 4 años adicionales a los 5 originales y permitir que la Guardia Nacional se consolide y profesionalice como cuerpo autónomo de seguridad. La decisión del Senado de no apoyar la minuta de la mayoría calificada de la Cámara de Diputados para extender solo 4 años el apoyo militar en seguridad pública-interior logrará que la Guardia Nacional aún en formación y profesionalización tenga que enfrentar a cárteles y bandas criminales que de manera paradójica se han fortalecido por el descuido o el apoyo de sectores civiles en toda la República. Los debates sobre el militarismo en el Senado olvidaron el marco de la seguridad del Estado y sobre todo ignoraron la existencia del modelo de seguridad interior que no es más que la caracterización de la violación de la soberanía y la independencia nacionales por grupos delictivos al interior de la República, y menos aún reconocieron que los cárteles del crimen organizado son un poder cuasimilitar que quiere desplazar al Estado como la autoridad única en la República. Política para dummies: La política, decía Machiavelli, es el Estado.
