Proyecto militarista
JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO
Viernes 23 de Septiembre de 2022 7:38 am
UÉ nivel de desesperación tienen que, a sabiendas de estar violando la Constitución y sus principios históricos de izquierda en contra del militarismo, aprobaron y de inmediato publicaron en el Diario Oficial de la Federación pasar la Guardia Nacional, encargada de la seguridad pública, a la Secretaría de Defensa. Y como son conscientes de que están violando abiertamente la Constitución, ahora se les ocurrió reformar el artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional de 2019 donde se estableció un plazo de 5 años para que las Fuerzas Armadas, de manera extraordinaria, puedan participar en tareas de seguridad pública, para que el Ejecutivo tuviera este tiempo para desarrollar la estructura, capacidades y la implementación territorial de la nueva Guardia Nacional de carácter civil como lo dispone el artículo 21 constitucional. Este plazo vence el 27 de marzo de 2024, pero el Ejecutivo, que no ha hecho la tarea, ya se dio por vencido y no ha querido crear una Guardia Nacional como lo dispone la Constitución, y le pareció más fácil pasarle toda la responsabilidad a los militares, además que decidió tener un respaldo jurídico apoyándose en el Presidente del PRI (que lo tienen amenazado de desaforarlo), por lo que el miércoles antepasado aprobaron una reforma a ese artículo Quinto Transitorio para pasar de 5 a 9 años el tiempo para que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de seguridad pública, es decir, quieren tener al Ejército en las calles hasta el año 2028. Así vemos con preocupación el avance de este proyecto militarista y anticonstitucional que va en sentido contrario a los principios de un gobierno democrático. La preparación y las tareas castrenses son muy distintas a las de la policía civil, encargada del orden público y la paz social, con tareas de investigación y persecución de los delitos. Por si fuera poco, la reforma aprobada la semana pasada dispone que los integrantes de la Guardia Nacional continuarán sujetos a la jurisdicción militar, es decir, tendrán “fuero militar”, y en caso de delitos en su actuación, serán juzgados por tribunales militares y no civiles, lo que en nada ayuda para evitar violaciones a los Derechos Humanos. En 2019 el PAN dio su voto de confianza para la creación de la Guardia Nacional con el compromiso del Gobierno para que tuviera un mando civil (pusieron a un militar en proceso de retiro) y que se estableciera y se trabajara en el desarrollo de una Guardia Nacional profesional, eficiente y con integrantes formados como policías, no como militares. No han hecho nada en ese sentido, la violencia ha aumentado y de hecho, menos del 30 por ciento de sus integrantes se han certificado y no se han creado mecanismos de fiscalización. Además, le quitaron los recursos al Fortaseg y al Fortamun dejando sin apoyos a los estados y municipios para fortalecer a sus policías. En lo que va del sexenio se han contabilizado más de 130 mil homicidios dolosos, 33 mil desaparecidos y 3 mil 615 feminicidios, y de estos, el 98 por ciento siguen impunes. En Acción Nacional pedimos que se modifique la fallida estrategia de seguridad y que tengamos una policía nacional civil, bien pagada, capacitada, equipada y organizada. Por lo pronto en el Senado se frenó esta reforma y esperemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponga un alto a este proyecto militarista, y sobretodo, nosotros los ciudadanos hagamos en 2024.
