Jueves 29 de Septiembre de 2022 7:59 am

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MÁS de 7 mil viviendas en la entidad resultaron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, confirmó la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, luego de que personal de la administración estatal y del Gobierno Federal concluyó el censo y revisión de inmuebles.

Durante esa primera etapa se advirtió una rápida respuesta para recorrer la entidad y registrar a los damnificados, quienes necesitan ayuda inmediata para no seguir durmiendo en la calle, como sucede en muchos casos a habitantes de Tecomán; la prensa nacional da cuenta de ello.

Una vez que ya existe un diagnóstico de los daños, corresponde a los diferentes niveles de gobierno buscar los esquemas financieros o de otro tipo, para atender a quienes perdieron su patrimonio o resultó con algún grado de afectación por el movimiento telúrico reciente.

Para cumplir con esa urgente necesidad, la gobernadora Indira Vizcaíno ha basado todas sus esperanzas en el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, un esquema de apoyo federal dependiente de la Secretaría del Bienestar. La Mandataria colimense únicamente se ha referido a dicho programa para respaldar a las más de 7 mil familias damnificadas por el sismo; parece que, por el momento, no hay ningún otro mecanismo de respaldo que subsane las múltiples afectaciones a inmuebles y establecimientos.

En su conferencia mañanera del martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno apoyará a los damnificados del sismo en los estados de Colima y Michoacán. “Vamos a ayudar para lo de sus casas, ya tenemos un censo”, dijo. 

No obstante las promesas, porque eso son todavía, comienza a ganar terreno la incertidumbre entre los damnificados, pues no existe ninguna certeza de cuándo comenzarán a entregarse los recursos, a cuánto ascenderán y ni siquiera si habrá para todos.

En otros estados donde se ha ejecutado el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural han sido mínimos los apoyos frente a las necesidades reales de las personas; por lo tanto se corre el riesgo de que el Gobierno Estatal haya generado expectativas que no corresponden a la realidad.

Los damnificados esperan que a través de dicho programa se resuelvan los daños que dejó el sismo, porque así lo ha dado a entender el discurso oficial y para eso se registraron miles de personas, si no sucede así, podría generarse un descontento social que termine impactando al gobierno de Colima.

Sería pertinente que las autoridades expliquen con detalle quiénes serán sujetos de apoyo y a cuánto ascenderán los recursos que se destinen a Colima; pero sobre todo, la Mandataria debería tener una segunda o hasta tercera alternativa para atender a los damnificados. Dejar toda la estrategia de reconstrucción a un programa desconocido parece un enorme riesgo.

Golpe a Protección Civil

LOS terremotos que han azotado al estado de Colima, en por lo menos los últimos 50 años, nos han dejado muchas lecciones y aprendizajes que debemos tomar muy en cuenta para evitar, en la medida de lo posible, la pérdida de vidas humanas.

Por su ubicación geográfica, Colima es un estado altamente vulnerable a desastres naturales, por terremotos, huracanes y erupciones volcánicas. Sin embargo, tenemos también otros riesgos grandes, por la actividad del puerto de Manzanillo y el paso de mercancías y sustancias peligrosas por las carreteras de la entidad.

Ante todo ello, se necesita tener unidades de Protección Civil estatal y municipales fuertes, bien equipadas, con presupuesto suficiente, pues es este personal el que se encarga de brindar las primeras atenciones ante las emergencias por los desastres naturales.

Lo lógico, lo justo y congruente, es que a Protección Civil cada año se le dote de más recursos, equipos, vehículos, personal y capacitación para que sigan ejerciendo de la mejor manera su trabajo. Pero en Colima ocurre todo lo contrario, pues el diputado panista Crispín Guerra denunció que el gobierno de Indira Vizcaíno decidió reducirle 2 millones de pesos al presupuesto de este año de ese organismo.

Sin embargo, la tendencia de reducir el presupuesto a Protección Civil ya venía desde el gobierno fallido de José Ignacio Peralta Sánchez. A los gobernantes les interesa el lucimiento, la obra de relumbrón, los programas electoreros que les reditúen popularidad y votos para futuras contiendas. Lo verdaderamente importante, siempre lo dejan en segundo término.

La diputada federal del PAN, Julia Jiménez, planteó la necesidad de que haya un programa con reglas claras y recursos presupuestales disponibles para atender las emergencias ante desastres naturales como los que vivimos el pasado 19 de septiembre en Colima y otros estado del país.

Es necesario que al igual que Crispín y Julia, más colimenses y representantes populares alcen la voz, para exigir al Gobierno Estatal y a los ayuntamientos a que se garantice un fondo de contingencias y que le den el trato digno que se merecen los héroes sin capa de Protección Civil. Los legisladores locales y federales deben estar muy pendientes y evitar que se reduzcan los presupuestos de las instituciones encargadas de la protección ciudadana.

Guerra sin fin

LO que parecía un conflicto armado que no duraría mucho, lleva ya más de 7  meses y no se ve que vaya a terminar pronto. La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto perjudicial en todo el mundo, pero particularmente entre quienes han sido invadidos, víctimas de los bombardeos, armas explosivas, misiles y ataques aéreos: civiles y familias ucranianas. 

Aunque las cifras varían de acuerdo a los balances de los gobiernos y los organismos, desde que los rusos invadieron a Ucrania –el pasado 24 de febrero– a la tercera semana de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas ha podido verificar la muerte de 5 mil 916 civiles y 8 mil 616 personas heridas; entre los fallecidos hay 379 niños. 

Por su parte, el Gobierno de Volodymyr Zelensky asegura que han muerto más de 32 mil de sus soldados en los combates, y calcula en más de 40 mil la baja de militares rusos. En Donetsk y Lugansk, que conforman la región del Donbás, es donde más víctimas se han registrado, más de 3 mil 450 muertes, y más de 4 mil 582 heridos.

La semana pasada, la Cámara Baja del Parlamento ruso aprobó varias enmiendas a la ley por las que se endurecen las penas por la deserción, saqueo y rendición voluntaria de militares en tiempos de guerra. Este cambio incluye por primera vez en el Código Penal los conceptos de “movilización”, “ley marcial” y “estado de guerra”. Así, Rusia pena la negativa de un subordinado a cumplir las órdenes de un superior en estado de ley marcial, que se da durante un conflicto armado, con condenas que ascienden a los 10 años de cárcel. 

Lo anterior ha provocado un imparable éxodo de jóvenes rusos que se niegan a ser reclutados para la movilización parcial contra Ucrania. De acuerdo a las cifras, desde que inició la guerra a la fecha han huido de su país más de un millón de rusos.

Respecto a las recientes fugas detectadas en los gasoductos rusos Nord Stream y Nord Stream 2 en las aguas del mar Báltico, de las que Rusia acusa terrorismo internacional, Ucrania dice que probablemente fue planeado por el mismo Moscú, por lo que sigue pidiendo a la OTAN y la Unión Europea más ayuda militar y nuevas sanciones después de que los prorrusos proclamaran victoria en los discutidos referendos celebrados en cuatro regiones ucranianas ocupadas y reclamaran su anexión a Rusia. 

Mientras el mundo entero también padece una crisis global por el desabasto de gas y otros insumos, no se vislumbra en lo próximo un fin a la cruenta guerra que a veces parece empeorar, acusando e involucrando a otras potencias mundiales como Estados Unidos.

A la postre...

HA sido un acierto de la administración estatal haber cesado a Manuel Llerandi de la Secretaría de Seguridad Pública. Finalmente se hizo un cambio, que desde hace meses se pedía ante la falta de resultados en materia de seguridad. Su lugar ha sido ocupado por el capitán Héctor Castillo Báez, quien tiene una amplia experiencia en la Secretaría de Marina (Semar), con encomiendas en diversas regiones del país en tareas de seguridad. Se espera que el nuevo titular reorganice la dependencia e implemente mejores estrategias, para lograr mejores resultados y dar la tranquilidad y la paz que merecen los colimenses.

La Fiscalía General del Estado de Colima ha tenido una reacción acertada para limpiar la dependencia, con el despido de 40 agentes por presuntos vínculos con la delincuencia, quienes llevan procesos iniciados de diferente índole, pues no todos los procesos son de carácter penal, algunos son de tipo administrativo. Sin duda, el fiscal Bryant García actúa con mano firme para eliminar cualquier obstáculo que impida la eficacia y eficiencia de la Fiscalía, así como lograr un mejor desempeño del personal.

Ante un posible fraude, un grupo de accionistas del grupo Axe Capital demanda el reintegro del capital que entregó de buena fe a esa empresa como inversión, toda vez que tiene meses sin recibir los rendimientos de su dinero y no tiene noticias de los propietarios de la marca. Se trata de un probable caso de fraude que las autoridades deben atender a la brevedad, pues hasta el momento las personas afectadas no cuentan con el respaldo de ninguna dependencia gubernamental.

No obstante la importancia que tiene para el país las comunicaciones y el transporte, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue postergando el nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), ya que Jorge Arganis dejó temporalmente el cargo en días pasados por enfermedad y su lugar lo ocupa el titular temporal de esa dependencia, Jorge Nuño; sin embargo, se desconoce si el Secretario regresará a ocupar la dependencia.