Seguridad, sin resultados

Lunes 06 de Febrero de 2023 8:40 am

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AUNQUE tarde, los diputados se pronunciaron y exigen a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva que se responsabilice del grave problema de la inseguridad que azota al estado desde hace años y que se ha agudizado durante su gestión.

Los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN en el Congreso del Estado sostuvieron que a 15 meses de que inició el actual gobierno, la Mandataria tendría que hacer cambios en el Gabinete y nombrar a personas que tengan el perfil para ocupar los cargos en materia de seguridad, “porque los resultados que están dando hasta el momento son desastrosos”.

El coordinador de MC, Ignacio Vizcaíno, fue más moderado y dijo que es necesario que se abran espacios para que personas de la sociedad civil y especialistas en el tema de seguridad participen en la Mesa para la Construcción de la Paz. También pidió a los actuales funcionarios “ayudarle a la Gobernadora”.

El coordinador de la fracción del PRI, Héctor Magaña Lara, solicitó la renuncia del fiscal Bryant García, por los nulos resultados. Dijo que desde el Congreso local otorgaron la confianza al gobierno, “pero ahora vemos que la mesa de la paz se ha convertido en la mesa del fracaso, porque no se ven resultados y no se ve que, por ningún motivo, vayan a mejorar las condiciones”.

Ese es el papel de la oposición, ser contrapeso y hacerle ver al gobernante en turno sus errores y exigir resultados a favor de los ciudadanos.

Tienen razón los legisladores cuando afirman que muchos de los funcionarios de este gobierno no tienen el perfil para ocupar el cargo, pues son personas que no tiene el conocimiento y ni la menor idea de qué es lo que debe hacer en los puestos que desempeñan.

Crispín Guerra, coordinador de la fracción del PAN en el Congreso, sostuvo que “con los resultados que se tienen, desde hace mucho la Gobernadora debería de haber hecho muchos cambios, mínimo en las estrategias”.

Desde que asumió el Ejecutivo, Indira Vizcaíno ha atendido el tema de la seguridad, ha dotado de vehículos y equipos a la Policía Estatal, inclusive gestionó patrullas para la mayoría de los municipios. Además, cambió al secretario de Seguridad; sin embargo, esas acciones hasta ahora han sido insuficientes, porque la violencia ni siquiera se ha podido contener; al contrario va en aumento y prueba de ello es que 2022 fue el año más violento y con más homicidios dolosos en la historia de Colima.

Nadie sabe por qué Indira no hace los cambios en las estrategias de seguridad y el cambio de funcionarios que no dan resultados. Prefiere mantener en los cargos a sus amigos y asumir el costo de los fracasos. La Mandataria no puede esperar resultados diferentes haciendo lo mismo.

Salud, pendiente

EN días pasados, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva destacó que el reto para este 2023 es dejar al 100 por ciento el sistema de salud, que desde diciembre se cuenta con 90 por ciento de abasto de medicamentos en centros de salud y que el año pasado se inició con la remodelación de infraestructura e intervención en los cinco hospitales de la entidad.

“Recibimos los hospitales con menos de 40 por ciento de medicamentos, los centros de salud con menos del 10 por ciento, y hoy todos hospitales y centros de salud tiene más del 90 por ciento”, dijo la Mandataria. Sin embargo, personas que han acudido a los nosocomios, en urgencias, o a las clínicas de salud en diversas colonias, señalan lo contrario, que médicos y enfermeras les piden de favor a los pacientes que vaya a las farmacias a comprar tal o cual medicamento, o hasta insumos para curaciones.

Es evidente que la crisis en el sistema de salud es una problemática estatal, y si bien la Gobernadora ha hecho esfuerzos por mejorarlo, como el impulso al programa “Operación Salud Colima”, falta mucho todavía para mejorar la oferta, calidad y calidez de los servicios médicos, porque también hay deficiencias en infraestructura, para rehabilitar o ampliar los espacios en los nosocomios y clínicas. 

Asimismo, se requiere más personal sanitario, especialmente en la zona rural, para que la gente cuente con la atención inmediata que a veces se necesita. Respecto al abasto de medicamentos, materiales de curación e insumos de equipos para las consultas, operaciones o tratamientos, urge que se destinen recursos para que sean suficientes.

Recientemente una persona falleció en el exterior del Hospital Regional Universitario, que ya había sido dado de alta, y aunque la Secretaría de Salud emitió un comunicado, no aclara la situación, por lo que Indira Vizcaíno dijo que podría haber sanciones por omisión, negligencia o mala praxis al momento de atender al hombre que murió afuera del nosocomio. Es importante que se investigue y se resuelva, porque ya se han dado casos anteriores o de enfermos que ni siquiera logran ingresar al inmueble por falta de espacio, o no reciben la atención requerida en urgencias.

La salud siempre será una prioridad, no un reto, por lo que la administración estatal debe gestionar recursos y concentrar sus esfuerzos en mejorar todo el sistema sanitario, va la vida de por medio.

Deficiencias en transporte

DESDE hace años se ha hablado de la necesidad de dignificar el transporte público en el estado, tanto en camiones urbanos como en taxis, pues son demasiadas deficiencias, no sólo en las unidades viejas y destartaladas, sino también con los paraderos destruidos o la ausencia de estos en muchas colonias donde la gente tiene que esperar de pie y bajo los rayos del sol.

Otro problema que ha surgido en años recientes es la falta de rutas, como sucede en la zona norte y otras colonias de la ciudad de Colima, pero también en Villa de Álvarez. Si bien es cierto que en algunas partes la demanda no es suficiente para que sean costeables las rutas, se pueden tomar dos soluciones: una, que se realice un fideicomiso entre gobierno y concesionarios, y otra, adquirir unidades más pequeñas, como minivan, y manejar horarios más espaciados o específicos. 

En el caso de los taxistas persisten los mismos problemas añejos, como los carros sucios, asientos ya inservibles y escapes contaminantes, pero además de la unidad, en el servicio continúan con las malas prácticas de subir al mismo tiempo a dos diferentes pasajes, preguntarles a dónde van antes de permitirles que suban, y otra muy grave, cobran la tarifa que quieren. 

En las últimas administraciones estatales, principalmente en el anguianato y el peraltismo, gobierno y concesionarios hicieron acuerdos para renovar el parque vehicular y subir la cuota del pasaje, pero lo primero nunca sucedió, ni siquiera a medias. Y aunque se ha permitido la inclusión del servicio de traslados por plataformas electrónicas, que son vehículos nuevos, las tarifas son más caras y por ello mucha gente prefiere seguir utilizando el sistema de transporte tradicional.

Todo lo anterior ha sido consecuencia hasta ahora de la permisión de las autoridades en turno, por ello es necesario que la Subsecretaría de Movilidad trabaje y se esfuerce para acabar con las deficiencias del sistema de transporte, para romper con el monopolio existente y facilitar las condiciones para que se atraiga a inversionistas, renovar las unidades de camiones y taxis para brindar un servicio digno a los colimenses y turistas. Asimismo, rediseñar rutas para actualizarlas y dar una mayor cobertura.

Urge además que las autoridades de Movilidad regulen las tarifas y obliguen a los choferes a mostrar las cuotas en los tableros de la unidad, así como un gafete con su nombre, número comercial y un teléfono para reportes o quejas, y desde luego exigir que auto y conductor estén aseados. Basta ya de abusos y malos tratos al usuario.

Ofensiva lopezobradorista

EL Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el 1 de febrero una impugnación en contra de las reformas a diversas leyes en materia electoral, conocidas como Plan B, debido a que “provocarán conflictos postelectorales en 2024 y dinamitan el sistema democrático. 

Según el organismo, la enmienda electoral compromete la autonomía del INE, merma la estructura territorial de los órganos ejecutivos en las entidades y deteriora los procesos de capacitación y organización electoral.

Tales acciones legales se agregan a las que ya promovieron el PAN, PRD y PRI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la finalidad de revertir las reformas que consideran un atentado en contra del organismo responsable de la organización de los comicios en México.

De esa forma, la oposición y el propio INE responden a lo que parece ser una ofensiva generalizada del régimen lopezobraodirista, tanto a nivel nacional como en los estados, contra los órganos electorales, a quienes consideran como adversarios del proyecto de la Cuarta Transformación. 

Por lo pronto, el Poder Ejecutivo ya aplicó un recorte al INE por 4 mil 500 millones de pesos este año. Y como si se tratara de una instrucción general desde Palacio Nacional, en Colima, el gobierno morenista redujo el monto asignado al Instituto Electoral del Estado (IEE) hasta 50 por ciento respecto a lo solicitado. 

Lo anterior de manera un tanto inexplicable, pues tanto Andrés Manuel López Obrador, en el ámbito federal, como Indira Vizcaíno Silva, en Colima, llegaron a sus cargos mediante la correcta organización de los comicios en las respectivas instancias electorales.

Sin embargo, ambos parecen empeñados en dinamitar el funcionamiento de las instituciones electorales, no obstante la cercanía del proceso de 2024, cuando se elegirá al nuevo presidente o presidenta de la República, y en la entidad se renovarán el Congreso y las 10 alcaldías. 

Resulta increíble que este asunto corresponda a una intención de racionalizar el gasto, pues al menos en Colima, mientras se escamotean los recursos al IEE, se incrementan significativamente los montos destinados a pasajes y viáticos de la Mandataria, renta de vehículos y otros rubros no prioritarios.

Más bien, la estrategia parece tener un origen político y responder a la necesidad de crear falsos enemigos del pueblo y conjuras imaginarias, para luego seguir explotando la confrontación entre buenos y malos que tantos beneficios le ha reportado al lopezobradorismo. 

En todo caso la apuesta es riesgosa, pues la operatividad de los órganos electorales está en riesgo y con ello, la legitimidad, objetividad y certeza de las elecciones que se realicen el próximo año, en detrimento de todos aquellos que buscan acceder a cargos públicos por la vía del voto.