Freno al “Plan B”
MANUEL GODINA VELASCO
Miércoles 29 de Marzo de 2023 8:39 am
UIENES participamos en las dos marchas ciudadanas; la primera, en octubre, y la segunda, en febrero, en defensa de nuestro voto y de la democracia mexicana, nos sentimos satisfechos de la respuesta de dos decretos de la Corte contra la aprobación “al vapor” de los legisladores federales en diciembre anterior, ya que está en operación el proceso electoral en dos entidades federativas, en Coahuila y en el Estado de México. El segundo acuerdo es del ministro Javier Laynez Potisek, que suspende por tiempo indefinido la aplicación del llamado “Plan B”, que ponía al INE en un verdadero predicamento para poder operar elecciones y cumplir con sus responsabilidades constitucionales. Con dicha suspensión, el INE puede seguir operando como lo venía haciendo hasta antes de la promulgación de las leyes que limitaban sus funciones. El ministro Laynez admitió la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral en contra del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Leyes que modifican tanto su estructura como sus procedimientos, ya que se consideró, en primera instancia, que dichos ordenamientos pueden vulnerar de manera irreparable los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos. Ante dicho acuerdo suspensorio, el Ministro instructor solicitó que las autoridades demandadas, como lo son el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, presenten las objeciones que consideren, dentro de los plazos legales. Para quienes somos observadores del espectro político que se vive en nuestro país, estas dos determinaciones del Poder Judicial fortalecen nuestra confianza en la bondad de la división de poderes, que en toda democracia debe prevalecer, para evitar que el poder omnímodo, como decisión de un solo hombre, se imponga por encima de los otros poderes. Sin embargo, el presidente López Obrador no se resigna a darse por vencido e instruye a su Consejería Jurídica para que impugne dicha decisión, y solicitará al Pleno de la Corte revocar el acuerdo que admite a trámite esa controversia y su medida suspensiva, argumentando que no se pone en riesgo la democracia, ni hay un proceso electoral federal en curso. Como para la mayoría de los analistas nacionales es previsible que el Pleno de la Corte debe resolver el fondo del asunto, en el sentido de declarar inconstitucional o no el llamado “Plan B” en su conjunto, previsión que el Ejecutivo federal también considera ocurrirá, desde hace semanas pusieron en operación su Plan C, consistente en la incorporación de consejeros afines para minar las decisiones electorales.
