Malas compañías
MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA
¿Por qué Nacho no?
Viernes 26 de Mayo de 2023 8:08 am
LA próxima semana un juez local determinará si el exsecretario de Finanzas del Gobierno Estatal y actual diputado local priista, Carlos Noriega García, es vinculado a proceso por el presunto desvío de 70 millones de pesos, un caso menor que paradójicamente podría tener un desenlace inesperado. El pasado martes se realizó una audiencia que se prolongó durante casi 12 horas; ahí la Fiscalía Anticorrupción solicitó el ejercicio de la acción penal en contra del exfuncionario por los delitos de peculado y uso indebido de la función pública, luego de que se comprobó el uso irregular de recursos públicos. Parece que esta vez, las autoridades de procuración de justicia van en serio, aunque tal determinación lleva inmediatamente a dos preguntas: ¿Por qué se le enjuicia a Noriega García por un asunto relativamente intrascendente, ¿por qué no es el exgobernador Ignacio Peralta Sánchez quien está sentado ante el jurado y frente a la posibilidad de ser enjuiciado penalmente? Hay una explicación que obedece a consideraciones estrictamente políticas. En el primer caso, se le busca procesar al extesorero por un presunto desvío que en realidad no lo fue, más bien se trató de una disposición irregular de recursos que fueron reintegrados días más tarde, así que muy probablemente el asunto no llegará más allá de un escándalo de unos días. Y en el segundo caso, no se procede contra Ignacio Peralta Sánchez porque cada vez parece ser más claro el pacto de impunidad entre el régimen actual y sus antecesores, pero sobre todo, porque los principales liderazgos de Morena en Colima y actuales cabezas de las instituciones locales trabajaron con el exmandatario priista en el pasado reciente. El recuento es sencillo y revelador, Ignacio Peralta gobernó Colima entre 2016 y 2021. La actual mandataria, Indira Vizcaíno Silva, fue su secretaria de Desarrollo Social entre 2016 y 2017, así como aliada política de facto en la cerrada elección de 2015. Bryant García Ramírez titular de la Fiscalía General del Estado, dependencia responsable de investigar las denuncias contra Peralta, fue secretario técnico en la Secretaría de Desarrollo Social entre 2016 y 2017. Armando Reyna Magaña, el presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, donde se le sigue un juicio político al exgobernador, se desempeñó como director regional de la Secretaría de Movilidad en Tecomán, en el periodo 2018-2020, en la administración peraltista. Andrés Gerardo García Noriega, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, donde también podrían discutirse sanciones contra exfuncionarios, fue consejero jurídico del Poder Ejecutivo entre 2016 y 2018. Además, Viridiana Valencia Vargas, representante del Gobierno Federal en Colima y liderazgo central de Morena en la entidad, fue coordinadora de Programas Sociales en Tecomán, como parte de la Secretaría de Desarrollo Social entre 2016 y 2017. Imposible pensar en un juicio serio y real contra el último régimen priista en Colima, cuando la casta gobernante de hoy tuvo como jefe político y jerárquico al exgobernador Ignacio Peralta Sánchez. Y aún más, quienes ostentan el poder fueron parte de esa misma administración que no tienen empacho en calificar como la más corrupta de la historia.
