Malas compañías
MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA
Una nueva casta dorada
Viernes 25 de Agosto de 2023 10:02 am
AL menos
cuatro funcionarios de primer nivel de la administración estatal, incluyendo a
la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, adquirieron propiedades en uno de los
fraccionamientos de mayor plusvalía en la entidad, menos de un año después de
asumir su cargo. Una investigación
del periodista Óscar Adrián Luna reveló que el coordinador de la Oficina de la
Gubernatura, Eduardo Jurado Escamilla, compró una residencia en el
fraccionamiento Real Hacienda, sección Bosque Real, con un valor de 3 millones
451 mil pesos. Lo mismo
sucedió con Arnoldo Vizcaíno Silva, hermano de la Mandataria y presidente del
DIF Estatal, por cierto cargo honorario que no retribuye sueldo, quien se hizo
de un inmueble en ese mismo complejo residencial, con un valor de 3 millones
268 mil pesos. En ambos
casos, las propiedades fueron escrituradas entre agosto y septiembre de 2022,
mismas fechas en las que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva adquirió su
residencia de 6 millones 653 mil pesos; y la secretaria General de Gobierno,
Guadalupe Solís Ramírez, la suya a un precio de 3 millones 846 mil pesos. Son varios
los elementos que convierten esta compra sincronizada en un evento atípico,
pues no es común que un grupo de funcionarios de alto rango adquiera viviendas
de lujo en una misma zona, en fechas idénticas y a una sola empresa, en este
caso Desarrollos de Colima, propiedad del exrector Carlos Salazar Silva. También llama
la atención que algunos de esos funcionarios tengan el poder adquisitivo para
hacerse de una propiedad en una zona residencial, cuando ni siquiera tienen un
salario, como Arnoldo Vizcaíno Silva; o su trayectoria solo incluya cargos de
menor nivel, en el caso de Eduardo Jurado. Con tales
antecedentes y por las experiencias de probables casos de enriquecimiento
ilícito acumuladas en sexenios pasados, para este asunto sería exigible una
investigación en la Controlaría General del Estado y ante otras instancias
responsables del combate a la corrupción en la entidad. Al margen de
los procesos institucionales que demanda este tema, resulta sumamente
cuestionable que un grupo de funcionarios estatales, incluyendo a la Mandataria
estatal, modifiquen su patrimonio de manera considerable apenas un año después
del inicio del actual sexenio. Se advierte
en estos y otros representantes de la Cuarta Transformación en Colima, una
rapacidad impropia de quienes postulan la honradez y la austeridad como
elemento diferenciador con pasadas generaciones de políticos colimenses que se
transformaron en nuevos ricos a su paso por el gobierno. Casas de
lujo, colegios privados, ostentosos vehículos y otras señales dan luz acerca de
una generación de nuevos políticos ávidos de disfrutar los privilegios y
excesos del poder, acomodándose sin problema a un estilo de vida que hasta hace
poco les resultaba inaccesible. Tal avidez
por los bienes materiales resulta impropia del grupo político que en Colima
dice representar el movimiento lopezobradorista; lejos de predicar con la
medianía y la sencillez, se muestran como los vulgares ambiciosos que el
Presidente repudia en sus discursos mañaneros.
Las nuevas
residencias, la intentona de aumentarse el salario a escondidas, la
incorporación de familiares en todos los niveles del gobierno demuestran que en
Colima sí existe un cambio, aunque sea únicamente de nombres y personajes en la
casta privilegiada, porque las prácticas son las mismas de siempre.
