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Derechos Humanos en riesgo



EDITORIAL


Jueves 11 de Abril de 2024 8:18 am


DURANTE el primer trimestre de este año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal acumularon el mayor número de denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC).

El organismo garante de los Derechos Humanos en la entidad informó que en ese periodo se presentaron 145 denuncias por parte de quienes sufrieron la vulneración de garantías como la legalidad, la seguridad jurídica, debido proceso y a la salud.

Las principales víctimas son personas adultas mayores, así como niñas, niños y adolescentes, sectores de la población que tradicionalmente deben enfrentar malos tratos, discriminación y actitudes de negligencia por parte de las autoridades.

Es importante que la CDHEC otorgue el seguimiento adecuado a todos esos expedientes, con la finalidad de resarcir el daño provocado a las personas, pero sobre todo con la intención de evitar la repetición de esas violaciones.

Los pésimos servicios de salud y la falta de capacitación en las instancias de procuración de justicia generan injusticias que se ven reflejadas en la violación de Derechos Humanos, por eso instancias como el IMSS y la FGE habitualmente se encuentran a la cabeza entre las instituciones con mayor número de quejas.

Si esta es una situación recurrente, las autoridades tendrían que disponer de medidas y acciones que permitan una adecuada prestación de los servicios, sobre todo a personas integrantes de los segmentos de la población que requieren una atención más especializada.

Lo deseable es que los expedientes de queja lleguen a buen término, en beneficio de las víctimas, pues no se trata únicamente de presentar la denuncia, sino de que se resarza la afectación generada por parte de la instancia responsable, pues de otra manera, se generaría impunidad.

Hasta ahora, la CDHEC ha mostrado independencia en su actuación, se espera que continúe de esa manera, pues es una de las pocas dependencias a las que puede acudir una persona cuando las autoridades incumplen con sus funciones.