Desprestigio al PJF
EDUARDO RUIZ-HEALY
Viernes 19 de Abril de 2024 8:47 am
LAS solicitudes de juicio político que se presentarán en
los próximos días solo contribuirán a desprestigiar más al Poder Judicial de la
Federación (PJF). Por un lado, Arturo Zaldívar solicitará un juicio político
contra la ministra Norma Piña, su sucesora en las presidencias de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal
(CJF). Además, la denunció por diversos delitos ante la Fiscalía General de la
República y otras autoridades. Sus acusaciones se dieron días después de que Piña ordenara
que se investiguen sus supuestos actos de corrupción y los de otros integrantes
del Poder Judicial Federal (PJF) cuando fue Presidente de la SCJN y el CJF. Ahora bien, los ministros de la SCJN gozan de fuero constitucional
que impide que sean arrestados o procesados penalmente por delitos cometidos
durante el ejercicio de sus funciones, a menos que sean desaforados mediante un
procedimiento específico que empieza en la Cámara de Diputados y concluye en el
Senado. Por otro lado, senadores panistas anunciaron ayer que
solicitarán juicio político contra Zaldívar, por las acusaciones de construir
una red de extorsión e intimidación contra jueces y magistrados para beneficiar
al presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gobierno. La realidad es que, aunque los objetivos del juicio
político sean mantener la legalidad y ética en el servicio público y sancionar
a un funcionario que infringe la ley, su destitución e inhabilitación es el
resultado de un proceso influenciado por las luchas entre grupos políticos. Los procedimientos comienzan con una denuncia que cualquier
ciudadano presenta ante la Cámara de Diputados. Este acto de democracia directa
y participativa puede transformarse en una herramienta de presión o chantaje
político. Las mayorías parlamentarias influyen decisivamente en el proceso,
desde la admisión de la denuncia hasta la eventual sentencia en el Senado. Las decisiones dentro de las comisiones legislativas
encargadas de analizar la procedencia de las denuncias y la misma deliberación
en el pleno del Senado obedecen a las lealtades partidistas, y no es raro que
la inocencia o culpabilidad de un funcionario se decida más por conveniencias
electorales que por evidencias sólidas. Así, el juicio político, que debería ser un proceso serio y
reservado para los casos más flagrantes de abusos o negligencia, puede
degenerar en un espectáculo político como el que ahora estamos viendo, donde
los verdaderos perdedores son las ya de por sí desprestigiadas instituciones
nacionales y el ganador es la falta de respeto por la ley. Por el momento, todas las acusaciones de Zaldívar contra
Piña no llegarán a ningún lado si antes no es desaforada por una mayoría de dos
terceras partes de los senadores presentes durante la votación de desafuero,
algo que en esta legislatura se ve muy poco probable. Por la misma razón,
tampoco prosperará la solicitud de juicio político de los senadores del PAN.
Lástima que Arturo Zaldívar, un distinguido ex miembro del
PJF y ahora un incondicional del presidente Andrés Manuel López Obrador, apoye
los esfuerzos de su jefe para desprestigiar más a la institución que tanto lo
benefició. Lástima también que por razones meramente electorales los panistas
contribuyan a estos esfuerzos.