RAZONES

Crímenes electorales impunes

Lunes 22 de Abril de 2024 8:15 am

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EL asesinato de Noé Ramos, alcalde con licencia de Ciudad Mante, Tamaulipas, que buscaba reelegirse como candidato del PAN-PRI en ese municipio, difícilmente podrá ser atribuido al crimen organizado. Noé Ramos era un político muy cercano al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuya candidatura había sido bloqueada por el TEPJF apenas unas horas antes de ser asesinado en un evento público a puñaladas.

Noé operaba políticamente y gobernaba en uno de los puntos más álgidos por la presencia del narcotráfico en el país, desde hace dos años había denunciado amenazas de muerte para él y su familia. Pero el gobernador Américo Villarreal decidió quitarle hace un año la escolta de seguridad con la que contaba.

Esa custodia la volvió a solicitar Noé al gobierno estatal en por lo menos tres ocasiones por medios de tres oficios que envió en mayo y junio del año pasado, al secretario General de Gobierno del Estado, Héctor Joel Villegas.

En esos escritos Ramos reclamaba el regreso de su seguridad porque había recibido amenazas de muerte e incluso advertía de si algo le pasaba a él o su familia sería responsabilidad del gobernador Villarreal y de su secretario de Seguridad, Sergio Chávez. Las denuncias fueron ignoradas. En otro texto revelaba amenazas en actos públicos, e incluso por esa razón el 14 de diciembre de 2022, acudió al Congreso para pedir protección al Gobierno estatal.

El Alcalde asesinado decía que sus riesgos mayores provenían de su principal rival política local, la ahora candidata de Morena, Patty Chío de la Garza, una candidata que había sido impuesta directamente por el gobernador Villarreal en una decisión que no fue tomada por la militancia en Ciudad Mante, sino por la oficinas de gobierno de Ciudad Victoria.

No hay detenciones por el asesinato de Noé pese a que fue asesinado a puñaladas en un acto público. Si hubiera tenido seguridad por lo menos el agresor hubiera podido ser detenido. Pero alguien había decidido que, pese a todo, ese candidato no tendría protección aunque estuviera amenazado, y haber solicitado durante un año, durante tres oficios, esa seguridad al gobierno del estado y a operar en una zona de alta incidencia del crimen organizado. ¿Por qué? Porque era enemigo político del gobernador.

Es un crimen producto directo de la negligencia y el desinterés gubernamental en proteger a los candidatos. De poco sirve que hasta el presidente López Obrador diga que se dará protección a los candidatos que lo soliciten, incluso sin hacer el correspondiente análisis de riesgo si después de solicitarlo durante un año, las autoridades deciden no proteger a un aspirante que sin duda requería esa protección.

Sí sumamos el asesinato de un candidato en Oaxaca, secuestrado junto con su esposa, la actual alcaldesa municipal, ocurrido también este fin de semana, tenemos ya por lo menos 17 aspirantes asesinados desde que comenzó la campaña electoral, si ampliamos el círculo a dirigentes, aspirantes no registrados y familiares directos tenemos más de 50 y los actos de violencia suman más de 150. Todos los casos, rigurosamente, han quedado en la impunidad. De los 17 asesinatos de candidatos hay un solo detenido, que todavía no es procesado. En ningún caso se tiene a los asesinos intelectuales y mucho menos se saben los móviles de esos crímenes. La seguridad prometida es tan escasa que ninguno de ellos tenía protección.