Violencia y omisiones

Jueves 25 de Abril de 2024 8:09 am

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LA inseguridad en Colima está desbordada, alcanza niveles preocupantes que ya afectan directamente a la sociedad, con la quema indiscriminada de vehículos en la vía pública, así como viviendas, homicidios, extorsión en todas sus modalidades y el cobro de piso a pequeños negocios.

Si en el pasado reciente y desde las instituciones trató de limitarse la violencia a la disputa entre células del crimen organizado, ahora los colimenses ya sufren en su integridad personal y sus bienes la ausencia total de autoridad, así como la impunidad con que operan los delincuentes.

En los últimos días se han registrado cotidianos incendios de vehículos estacionados sobre el arroyo vehicular, así como de camiones urbanos. Ante la gravedad de los acontecimientos, el Gobierno Estatal guarda un silencio negligente y, por tanto, se desconocen los motivos de esos atentados y sus objetivos.

Además, los homicidios dolosos se dispararon en las últimas semanas, hasta llegar a una decena de asesinatos en menos de 24 horas, así como a la ejecución de dos elementos policiacos, con lo que ya son 39 los elementos de seguridad que han perdido la vida durante la presente administración estatal.

También sigue el cierre de pequeñas y medianas empresas atosigadas por la delincuencia que ha hecho del cobro de piso una práctica común en el estado, aprovechando la inexistencia y las omisiones inexplicables de las dependencias gubernamentales.

Frente a ese panorama, los diferentes niveles de gobierno permanecen impasibles; ni siquiera reaccionan con una declaración que oriente a los ciudadanos y les permita tomar decisiones para proteger su vida y sus propiedades.

Ya ni hablar de acciones contundentes para frenar la espiral de violencia interminable. Con el pretexto de las restricciones electorales, la gobernadora Indira Vizcaíno y sus colaboradores están prácticamente desaparecidos, más inactivos que de costumbre.

La Mandataria y su grupo cercano únicamente existen en redes sociales, alejados de la problemática que genera zozobra entre la sociedad; ese vacío en el mundo real lo llenan los criminales con acciones cada vez más virulentas y con mayor impacto colectivo.

Pero si el Gobierno Estatal adolece una parálisis injustificable, los municipales no están mejor, sobre todo los de Colima y Villa de Álvarez, donde no existe ninguna medida específica para contener a la delincuencia y regresar la seguridad a las personas.

Margarita Moreno y Esther Gutiérrez buscan la reelección como alcaldesas de la capital y Villa de Álvarez, respectivamente; sin embargo, durante su primer periodo nada hicieron para combatir la inseguridad; pero aún más, en esta campaña tampoco han realizado propuestas en esta materia.

Salvo Manzanillo, el resto de los municipios definitivamente se lavaron las manos en el tema de la inseguridad, actuaron como si la situación no requiriera medidas de emergencia, voltearon para otro lado cuando la población más necesita el respaldo de sus gobernantes.

 

Sin escuchar razones

 

LA empresa Fermachem pretende desembolsar mil 500 millones de dólares en Colima, pero en Armería hay gente que se opone a una planta de fertilizantes que ayudará no sólo a otros estados, sino a los agricultores locales.

Las protestas contra la planta son permanentes, y el gobierno de Indira Vizcaíno ha dado su respaldo irrestricto a los manifestantes. Esto, obviamente, sin haber escuchado los argumentos de Fermachem.

Si el proyecto ya fue anunciado de forma oficial, quiere decir que ya pasó por un proceso de regulación y supervisión federal, pues este tipo de anuncios no se pueden hacer sin la anuencia de la Secretaría de Economía.

En todo caso, las protestas de los armeritenses deberían llegar a la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

Por otra parte, en el gobierno de Indira parece que no quieren escuchar alternativas. La empresa busca mostrar que no habrá riesgos de contaminación de los cuerpos de agua, cuentan con estudios de factibilidad que garantizan empleos de calidad para uno de los municipios más pobres de la entidad y para diversificar la actividad económica del estado, que depende en enorme medida del puerto y del turismo.

Colima requiere empleos bien pagados y actividades que impulsen su crecimiento más allá del puerto.

Justamente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el organismo encargado de medir la pobreza, advirtió que en los últimos 3 meses del año pasado aumentó la pobreza laboral en la entidad.

Al cierre del año pasado, uno de cada cuatro colimenses no tuvo dinero suficiente para comprar la canasta básica y se acerca cada vez más a su máximo histórico de 2002, cuando la proporción alcanzó a 27.2 por ciento de los colimenses.

En este sentido, cerrar las puertas del Palacio de Gobierno sin escuchar razones, podría causar más daño que bien a largo plazo. Además, la administración estatal no ha dicho cuál es el motivo de su negativa, no ha esgrimido ningún argumento para sustentarla, como por ejemplo, algún estudio.

Sólo en materia de empleo, la construcción generaría entre 5 y 6 mil fuentes de trabajo y una vez terminada, las plazas permanentes directas se ubicarían entre 200 y 250, mientras que las indirectas ascenderían hasta 400. Esos números son inéditos para Colima, la pregunta es si se quedarán en el tintero.

 

Pensiones bienestar

 

EN esta semana, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el Fondo de Pensiones para el Bienestar. A pesar de la oposición de amplios sectores de la población, Morena y sus aliados utilizaron la aplanadora para validar esta reforma que promete garantizar pensiones a todos los trabajadores del país.

Se trata de una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley del ISSSTE, y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su ambicioso paquete de reformas constitucionales en febrero pasado, se incluyó la creación de un “fondo semilla” para financiar las pensiones de los trabajadores; sin embargo, el dictamen que acaba de pasar al Senado para su autorización deja muchas interrogantes sobre las reglas de operación, los beneficios y el destino de los recursos a corto plazo.

De acuerdo al dictamen aprobado el pasado lunes, el objetivo del Fondo de Pensiones para el Bienestar es garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a una pensión digna, con el 100 por ciento del último salario obtenido; sin embargo no se especifica de qué forma se utilizará el dinero para beneficio de los trabajadores, ni hay claridad sobre el monto que recibirían los pensionados.

Con esta reforma se obliga a las Afores a transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar el dinero de los trabajadores a partir de los 70 años de edad que no hayan solicitado la devolución de los saldos de sus subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vivienda. Se calcula recolectar unos 40 mil millones de pesos por este medio.

En un comunicado, el gobierno informó que el resto del financiamiento del fondo provendrá de las incautaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, de los recursos del proceso de liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y también “de las utilidades de entidades paraestatales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya”, así como de Mexicana de Aviación. Sin embargo, todas están desfondadas, no generan utilidades, sino al contrario, siguen subsidiados por la administración de AMLO que les sigue inyectando miles de millones de pesos y no se ve en el corto, mediano y largo plazo que puedan ser autofinanciables y generar alguna utilidad.

Para la oposición, la creación del Fondo de Pensiones es un robo en despoblado, pues el gobierno de AMLO se está apropiando de un dinero que no es suyo, sino de trabajadores que ya se lo ganaron. Se aprovecha de la ignorancia, de la desidia de quienes no han retirado esos recursos, principalmente de los adultos mayores, para quienes hacer ese tipo de trámites a través del internet y plataformas digitales, les resulta una misión casi imposible.

Los líderes del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados adelantaron que acudirán a la Suprema Corte, mediante el recurso de una acción de inconstitucionalidad, para tratar de frenar la creación del Fondo de Pensiones y ayudar a los trabajadores a que se defiendan.

Ayer en la tarde, las comisiones unidas de Seguridad Social y Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobaron fast track el dictamen que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, iniciativa presidencial que se financiará con 40 mil millones de pesos confiscados por el gobierno de los ahorros para el retiro que no han sido reclamados por 4 millones de personas de 70 años o más. El dictamen será turnado al pleno Legislativo para su aprobación este día.

Con esta reforma en pleno periodo electoral, López Obrador busca beneficiar a sus candidatos; sin embargo, la propia enmienda hecha al aventón, no tiene pies ni cabeza, crea incertidumbre y la idea generalizada es que el gobierno meterá la mano a los bolsillos de los trabajadores para esquilmarles miles de millones de pesos.

 

A la postre…

 

EN una defensa febril, sin sustento legal y jurídico, el magistrado José Luis Puente Anguiano justificó que debía darse la constancia de residencia a una aspirante morenista a la capital colimense porque “en Colima todo está cerquita”. Con estas acuciosas reflexiones, ya no se necesitarían juzgados ni salas, ni siquiera la Constitución, pues desde la perspectiva del Magistrado la ley debe “flexibilizarse”, es decir, no seguir al pie de la letra la legislación, el estatuto o la norma, sino hacer reinterpretaciones de la misma para adecuarla a las circunstancias. Por consiguiente, en esa flexibilización la ley ya no se cumpliría, por el contrario, se vulnera.

La regulación de los mototaxis sigue pendiente en el Congreso del Estado. Nadie quiere entrarle al tema y mientras tanto, esa modalidad del transporte continúa operando en la ilegalidad. El diputado local y candidato de Morena a la Alcaldía de Tecomán, Armando Reyna Magaña, prometió en varias ocasiones que este tema se analizaría en el Poder Legislativo para encontrar soluciones que favorecieran a todas las partes implicadas; sin embargo, incumplió con ese compromiso. Como siempre, los cálculos políticos pudieron más que la necesidad de reglamentar a estos vehículos.

La Fundación Distribuidores de Nissan construye una escuela primaria en Villa de Álvarez, misma que será operada por el Colegio Campoverde, para la que se darán becas de 100 por ciento para alumnos de escasos recursos. La labor social de la fundación es plausible, pues favorecerá a muchas familias en el rubro educativo, pero también en la generación de empleos para el sector de la construcción y al docente, toda vez que la misma empresa se hará cargo de la contratación y salarios de maestros, que iniciarán operaciones en el siguiente ciclo escolar con el modelo de alto rendimiento de Campoverde, y con clases de inglés, en aulas con capacidad de 25 a 30 estudiantes por cada una. ¡Enhorabuena!