RAZONES
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Reformas y violencia
Lunes 29 de Abril de 2024 8:17 am
A unas horas del segundo debate de los candidatos
presidenciales, el final del sexenio agudiza sus peores tendencias. El
presidente López Obrador impone a pocos meses de dejar el poder reformas que
tarde o temprano se toparan con su inconstitucionalidad, pero que por lo pronto
le permiten seguir en campaña en el final de su mandato. Por la otra, la
violencia (incluyendo su vertiente política) crece en la medida en que se
acerca el 2 de junio. Las reformas a las pensiones, la ley de amparo y la ley de
amnistía están relacionadas con la narrativa que intenta imponernos el
Presidente. La reforma de pensiones no sólo implica una expropiación de
recursos privados para uso discrecional del Gobierno Federal, para la creación
de un Fondo de Bienestar que será imposible de operar como se propone el
gobierno con los recursos destinados a él, sirve también para que el Presidente
este 1 de mayo pueda decir que se tendrá una suerte de pensión universal donde
todo mundo se jubilará con el equivalente a su último salario. No será verdad: el salario máximo será de 16 mil 800 pesos,
se pagará si los recursos de ese fondo lo permiten y salvo una inversión enorme
del propio Estado en él no alcanzarán los recursos. La salida, ya en el próximo
sexenio, será implementar lo que quiso hacer el Presidente ahora pero no tenía
los votos para ello: pasar los recursos de las Afores al Estado y como era en
el pasado desde ahí manejar las pensiones. Un camino al desastre financiero. La ley de amnistía tiene dos objetivos: por una parte el
declarado, que criminales que estén detenidos se conviertan en colaboradores
para hacer detonar casos que el gobierno no ha podido hacer avanzar por falta
de pruebas o porque están evidentemente politizados. El caso Israel Vallarta es
transparente en ese sentido: ante el serio riesgo de que el caso García Luna se
caiga en Nueva York lo necesitan como testigo colaborador para inculpar al
exsecretario de Seguridad y de paso molestar judicialmente a Carlos Loret de
Mola. Que Vallarta sea responsable de muchos otros secuestros, que haya pruebas
en su contra, que haya víctimas que lo identifiquen no importa. Vallarta, por
cierto, no está condenado porque su defensa se ha dedicado a meter amparo tras
amparo. El otro objetivo de la amnistía es evidente: proteger a los
suyos de cualquier denuncia, investigación y condena, ante la lluvia de
acusaciones que vendrán en el futuro inmediato. La reforma coloca al Poder
Ejecutivo por encima de cualquier instancia judicial. Las reformas a la ley de amparo chocarán de frente con la
Suprema Corte y el objetivo es que nadie se pueda amparar ante obras o
determinaciones del Ejecutivo. Una limitación seria a los derechos y otra vez
una ampliación incomprensible en una democracia de las atribuciones y poderes
presidenciales.
No son todas las reformas que el Presidente quería imponer
y que anunció el 5 de febrero pero son tres importantes para su fin de sexenio.
Pero mientras la atención del poder está puesta en estos temas, la inseguridad
y la violencia son cada vez mayores. Se suceden los asesinatos, vivimos las
semanas más violentas del año, y políticos y aspirantes aparecen muertos o son
atacados en varios estados del país: en Puerto Vallarta, Tlanepantla, Morelos,
en Jalisco; renuncian a sus candidaturas por amenazas lo mismo en Nuevo León
que en Zacatecas o Chiapas. El escenario de la inseguridad es francamente
delicado y la respuesta oficial parece ignorarlo sistemáticamente.
