Mototaxis, regulación pendiente

Lunes 01 de Julio de 2024 8:09 am

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LA modalidad de transporte en motos adaptadas, conocido popularmente como mototaxis, tiene varios años con presencia en la entidad, pero a la fecha no se encuentra regulado en la Ley de Movilidad del Estado, generando así una problemática social que afecta a la población.

El servicio de mototaxis surgió hace casi una década a partir de una necesidad social y como alternativa de movilidad en zonas de la entidad donde difícilmente se cuenta con otras opciones para el desplazamiento; sin embargo, la falta de regulación transformó las soluciones en problemáticas.

Las autoridades estatales, por desidia primero, por cálculo político después, se han negado a la revisión de este tema, postergando la evidente necesidad de incluir en la legislación la modalidad de mototaxis, o bien, prohibir definitivamente su operación, en caso de comprobarse que no son aptas para el servicio.

René Macías, representante de la Asociación Cooperativa para Transporte Alternativo en Manzanillo, recordó que desde hace años se solicitó la regularización de esta modalidad de transporte, no obstante, obtuvieron como respuesta la persecución desde las dependencias oficiales.

Ese vacío legal ha generado la proliferación de vehículos sin ningún tipo de seguridad para los usuarios, capacitación para los operarios ni registro de las actividades que realizan. Es decir que se trata de un sector del transporte sumido en la anarquía.

La diputada local de Morena, Andrea Naranjo Alcaraz, afirmó que la regulación de los mototaxis ya se trabaja en el Congreso del Estado, pero ese mismo discurso es el que se ha venido escuchando desde hace varios años y no hay planteamientos concretos por parte de los legisladores.

Los representantes populares temen que la legalización del servicio en motos adaptadas los confronte con los concesionarios de otras modalidades, como los taxistas o el transporte urbano, recién beneficiados con un incremento de 50 por ciento en las tarifas.

En esta cadena de omisiones, los usuarios resultan afectados pues se ven obligados a utilizar el servicio, aunque no cuenten con las garantías mínimas de seguridad. Deben trasladarse en condiciones paupérrimas, porque las otras alternativas están en las mismas condiciones.

Por lo tanto, resulta impostergable que el Gobierno Estatal y el Congreso del Estado asuman su responsabilidad e inicien a la brevedad con la discusión del tema, en la que tendrán que participar todos los sectores involucrados y, por supuesto, la sociedad civil.

Además, deberá conciliarse la necesidad de un servicio alternativo de transporte y la imposibilidad de autorizar una modalidad que no cuenta con las medidas necesarias de seguridad. Lo que no puede seguir sucediendo es que nadie actúe y que cientos, cuando no miles de mototaxis, presten un servicio que no está contemplado por la legislación local.

 

Lluvias y vehículos:

coctel explosivo

 

LA temporada de lluvias trae consigo un aumento significativo en los accidentes viales. Este fenómeno no solo es inevitable, sino que destaca la urgente necesidad de medidas de seguridad para conductores de automóviles, motocicletas y bicicletas.

De acuerdo con el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI), el riesgo de accidentes viales puede incrementarse entre 15 y 20 por ciento durante las lluvias. La magnitud del problema se agrava cuando consideramos la cantidad de vehículos en circulación: 50 millones 226 mil 881, según cifras preliminares de la Estadística Mensual de Vehículos de Motor Registrados en Circulación del Inegi hasta mayo de 2024.

En Colima, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, la población era de 731 mil 391 habitantes, de los cuales 44.6 por ciento utiliza el vehículo particular (automóvil, camioneta o motocicleta) como principal medio de transporte al trabajo y a la escuela.

El director de Tránsito y Vialidad de Manzanillo, Hendel Vizcarra, ha señalado que durante la época de lluvias se espera un incremento de al menos el 10 por ciento en los accidentes de tránsito, debido principalmente a las malas maniobras provocadas por el pavimento mojado, lo que agrava la probabilidad de incidentes viales.

Uno de los factores más alarmantes es la falta de precaución de los conductores. Distracciones como el uso del celular, la falta de mantenimiento de distancia adecuada y la incapacidad de frenar a tiempo son los principales culpables de los accidentes menores. Esta irresponsabilidad pone en riesgo la vida de los conductores, la de peatones y otros usuarios de la vía.

Ante este panorama, es necesario que la población extreme precauciones al manejar durante las lluvias. Evitar el uso del celular y mantener una distancia segura con el vehículo de enfrente son pasos cruciales para prevenir accidentes. Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en los conductores. Las autoridades viales también deben implementar medidas efectivas y ofrecer el apoyo necesario para garantizar la seguridad en las arterias viales.

La combinación de lluvias y vehículos es, sin duda, un coctel explosivo. Este riesgo, sin embargo, puede mitigarse significativamente con una actitud responsable por parte de los conductores y con el apoyo adecuado de las autoridades viales. La implementación de medidas de precaución y la conciencia sobre las condiciones adversas pueden hacer la diferencia entre un viaje seguro y un accidente. Es responsabilidad de todos contribuir a un ambiente vial más seguro, especialmente durante la temporada de lluvias.

 

Baja rotación política

 

EL Instituto Electoral del Estado de Colima hizo entrega la semana pasada de constancias a los regidores asignados a cada municipio, mismos que se encargarán de representar a la ciudadanía durante la administración 2024-2027. Estas figuras políticas tendrán como encomienda velar por el cumplimiento de la ley, apegándose a la misma, y participar activamente en las sesiones, buscando proponer soluciones eficaces para mejorar las áreas de oportunidad que se presentan en cada municipio del estado, en pro de la ciudadanía y mostrando responsabilidad, honestidad y sensibilidad social.

En la sesión extraordinaria del Proceso Electoral Local, donde se dieron a conocer los nombres de quienes conformarán el Cabildo durante el siguiente periodo de gobierno, algunos resultaron bastante familiares, pues varios de ellos tienen o tuvieron ya puestos públicos en sus respectivos municipios. Tal es el caso de Margarita Moreno, Federico Rangel y Azucena López en la capital del estado, Guillermo Toscano y Sergio Rodríguez en Villa de Álvarez, Leonor Alcaraz en Coquimatlán, Gabriela Mejía en Cuauhtémoc, y Martha Zepeda en Manzanillo, por ejemplo.

Las y los próximos regidores mencionados han portado ya cargos como alcaldías y regidurías, por lo que se cuenta con su conocimiento sobre el estado específico en el que se encuentran los municipios en los que han desempeñado puestos como servidores públicos, así como facilidad para detectar aquellas problemáticas que con el paso del tiempo no se han podido erradicar, afectando de manera preocupante a la ciudadanía.

Si se busca mantener vigencia en el escenario político, se espera que la experiencia previa asegure cierto nivel de compromiso y contribución a garantizar una mejor calidad de vida para las y los colimenses, y que se dé continuidad a programas en beneficio de los habitantes, atendiendo a las necesidades y desafíos que imperan en cada municipio.

Por otra parte, si no se percibe una mejoría significativa en la resolución de problemas en los municipios con regidoras y regidores que han mostrado estar calificados para diversos cargos previos, sería más que oportuno preguntarse si es necesario permitir variedad dentro de los grupos políticos actuales, y considerar nuevos candidatos y candidatas que puedan perfilar para estos puestos con una visión que abone de manera positiva a la situación actual que impera en Colima.

 

¿Qué tan preparado está México?

 

DESPUÉS de que la tormenta tropical Alberto tocara tierra mexicana, se han reportado consecuencias que benefician al medio ambiente, pero que al mismo tiempo afectan la infraestructura urbana. Conagua informó que la recarga de acuíferos resultante de Alberto contribuyó a la recuperación del nivel de agua en cuencas importantes en el norte y centro del país, y la flora y fauna de los ecosistemas se verán beneficiados, lo que significa una buena salud ecológica para las zonas en las que impactó considerablemente.

La repercusión a nivel económico que Alberto dejó en daños solo en Nuevo León asciende a mil millones de pesos. El Ejecutivo local, Samuel García, señaló que solicitaría a Segob y Conagua recurso federal asignado a la atención de desastres naturales. Actualmente, en sustitución del Fonden, se cuenta con el Programa para el Fondo de Desastres Naturales, desde el cual se atienden las necesidades que dejan los daños provocados por fenómenos naturales, y su presupuesto estimado es de 18 mil millones de pesos.

Sin embargo, solo los daños económicos que dejó Otis rebasan los 38 mil millones de pesos. Aunque las afectaciones siguen siendo solventadas por el sector privado, parte del recurso federal es usado para continuar la reconstrucción. El Foro Económico Mundial prevé que México, con el presupuesto del Fondo de Desastres Naturales, no será capaz de cubrir las eventualidades derivadas del cambio climático. Solo el año pasado, de este programa se transfirieron recursos a atención de emergencias, acciones postdesastre, reconstrucción y la renovación del Seguro Catastrófico 2023-2024.

Esto nos sitúa ante la cuestión referente a si México está preparado para lo que la temporada de huracanes podría representar en diversas zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional espera entre 30 y 40 tormentas y huracanes durante esta temporada de huracanes, de los cuales cinco podrían ser un peligro considerable.

Tanto la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros como la Universidad Ruhr de Bochum, Alemania, mediante el Informe sobre Riesgos Mundiales 2023, coinciden en que nuestro país es uno de los más vulnerables ante desastres naturales. Conviene que las autoridades cavilen hacia estrategias a mediano y largo plazo que prevengan la mayor cantidad de daños que pudieran desencadenar los desastres naturales, y evitar así un retroceso socioeconómico para México.