MALAS COMPAÑÍAS

…Y también el sector educativo

Viernes 12 de Julio de 2024 8:32 am

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La seguridad y la salud son los dos temas que preocupan a la sociedad colimense por la compleja problemática que adolecen; no obstante, en el sector educativo de la entidad también hay enormes rezagos sin atender, con todo y la implementación de la reforma educativa lopezobradorista.

El arribo del nuevo régimen al gobierno estatal, a partir de 2021, no ha podido o no ha querido terminar con los vicios e insuficiencias que se arraigaron durante los gobiernos priistas, cuando se concibió la nómina educativa como caja chica y al magisterio como recurso humano gratuito para campañas y movilizaciones políticas.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) reveló en el Informe Especial Pase de Lista al FONE, realizado como parte de los trabajos de revisión a la cuenta pública de 2022, que en ese ejercicio más de 600 trabajadores de la educación no pudieron ser identificados en sus centros de trabajo.

Detalla el órgano fiscalizador que en el sistema federalizado se contabilizaron 17 mil 486 trabajadores de la educación en Colima. De ese total, sí laboraron 13 mil 953, en tanto que 2 mil 931 trabajadores fueron clasificados con causas de ausencia, entre las que se encuentran jubilación, baja por defunción o licencia.

Mientras que 602 trabajadores, 3.4 por ciento del total, no fueron identificados al momento del pase de lista electrónico, es decir, la revisión correspondiente a su centro de trabajo.

Lo anterior no necesariamente indica que en todos los casos se trate de aviadores, pues muchos de esos maestros podrían laborar en un centro de trabajo y mantener su clave de cobro en otro, por citar uno de los múltiples factores administrativos que disparan el número de trabajadores sin localizar.

Pero no debe perderse de vista que la abultada cifra refleja un manejo desorganizado, caótico y hasta irregular de la nómina educativa, incluyendo por supuesto maestros que cobran sin trabajar desde hace años, otros que, sin saberlo, cobran claves que no son suyas, y algunos más que aceptan una condición precaria porque no les queda de otra.

El escaso margen de maniobra otorgado a Adolfo Núñez González, funcionario bien intencionado pero cooptado por otros intereses en la Secretaría de Educación, entorpece el necesario saneamiento que desde hace tiempo tendría que darse en esa dependencia.

La continuidad de las prácticas anómalas tiene sus costos. La propia Auditoría Superior de la Federación señala que Colima se ubica entre los 10 estados con menor eficiencia terminal en secundaria, pues en el ciclo 2020-2021 fue de 86.8 por ciento; en tanto que en 2021-2022 y 2022-2023 se estableció en 86.9 por ciento.

Tras conocerse estas cifras, el gobierno estatal tendría que revisar la efectividad de programas como la entrega de uniformes escolares y computadoras a estudiantes de ese nivel, programas que claramente no están dando resultados, al menos no en aspectos tan relevantes como evitar la deserción escolar.

En primaria tampoco hay buenas noticias. El informe de la ASF precisa que la eficiencia terminal en ese nivel primaria ha disminuido en los últimos años; en el ciclo escolar 2020-2021 fue de 95.1 por ciento; en 2021-2022 fue de 92.4, y para 2022-2023, de 93.4 por ciento.

A todos esos indicadores debe añadirse la falta de presupuesto para programas de promoción horizontal y otros incentivos para los maestros, la ausencia de calidad en la profesionalización docente y el escaso rigor en el otorgamiento de apoyos económicos a las escuelas. Una combinación que pauperiza la calidad educativa en Colima.