MALAS COMPAÑÍAS

Movilidad a largo plazo

Viernes 26 de Julio de 2024 8:21 am

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El incremento a las tarifas del transporte colectivo y las promesas de mejora al servicio por parte de los concesionarios, son apenas una parte de la problemática que representa la movilidad en las principales zonas urbanas del estado, misma que nadie se ha comprometido a solucionar con medidas de largo plazo.

Las últimas semanas, la discusión se ha centrado en la insensible decisión gubernamental de autorizar un aumento de 50 por ciento en el costo del pasaje, así como en las incontables promesas de los empresarios del transporte, mismas que se van cumpliendo a cuentagotas y en sus aspectos más sencillos.

Sin embargo, como ha sucedido en las últimas administraciones, el actual gobierno estatal soslaya la necesidad de buscar soluciones integrales, duraderas y viables, no solo en el servicio de transporte, sino en todo lo que se refiere a la movilidad dentro de los núcleos urbanos.

Claramente, las autoridades estatales y municipales han evadido su responsabilidad en esta materia, ya sea por incapacidad, cálculos políticos o redes de intereses que torpedean la ejecución de políticas públicas tendientes a modernizar el entorno de las ciudades y el desplazamiento de personas.

No obstante, la excesiva cantidad de vehículos, la mala planeación en las rutas de transporte, el pésimo estado de las calles y de la infraestructura pública, la obsolescencia en el diseño de la circulación y otros factores, confieren un sentido de urgencia al diseño de un nuevo plan de movilidad estatal.

La responsabilidad del Gobierno no puede circunscribirse a la autorización de incrementos en el transporte o al simple otorgamiento de nuevas concesiones, ni mucho menos al cobro de impuestos y derechos por la tenencia de automóviles, esa es una postura comodina que ya no resulta útil a la sociedad.

Es inconcebible que un estudiante que vive al poniente de Villa de Álvarez tarde casi 2 horas en llegar a su escuela en el norte de Colima; las distancias no lo justifican, pero sucede debido al caótico sistema vial en la zona conurbada. Es solo un ejemplo de lo que padecen miles de personas cotidianamente.

Las dependencias gubernamentales deben abandonar su indolente postura de recaudadoras de impuestos y comenzar a ofrecer soluciones en la materia, ya sea con el trazado de nuevos sentidos de circulación, la implementación de restricciones al uso del automóvil, la rehabilitación intensiva de vialidades y otras medidas que agilicen el desplazamiento de las personas.

Pero además, se tendrá que fomentar el uso de alternativas para el transporte colectivo. El negocio de las concesiones ha sido lucrativo para la clase política durante años, pero poco ha beneficiado a la sociedad, así que es tiempo de transformar el modelo.

Las carencias y el rezago en el sistema de transporte colectivo provocan el uso indiscriminado de automóviles particulares, lo que a su vez genera múltiples problemáticas como la contaminación ambiental y por ruido, congestionamientos, deterioro de calles y en general, una pauperización de la convivencia urbana.

El desarrollo y aplicación de un plan integral que revierta dicha situación corresponde a las instancias gubernamentales, pero se necesita abordar este asunto con una visión de largo plazo, sin expectativas de lucro y con la disposición de asumir los costos políticos, lo que parece imposible en un régimen que guía sus decisiones siempre en función del inmediatismo, la superficialidad y la escasa planeación.