MALAS COMPAÑÍAS
MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA
Reforma judicial, mandato de la sociedad
Viernes 30 de Agosto de 2024 8:30 am
La reforma al Poder Judicial es una de las 20 iniciativas
que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión
desde el 5 de febrero de este año. Su discusión y aprobación es inminente en
ambas cámaras del Legislativo, una vez que los nuevos diputados y senadores
asuman funciones, este 1 de septiembre. La enmienda en materia judicial propone la elección por
voto popular de los jueces y magistrados federales, así como de los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la creación de un órgano
de administración judicial que sustituya al actual Consejo de la Judicatura y
la apertura de un nuevo Tribunal de Disciplina que sancione los casos de
corrupción. La elección de más de mil 600 cargos se realizaría de
manera escalonada a partir de 2025 y hasta 2027, con la participación del
Instituto Nacional Electoral (INE). De igual forma, se contempla que ninguno de
los impartidores de justicia que resulten electos, gane más que la titular del
Poder Ejecutivo. La discusión de la propuesta iniciará en la Cámara de
Diputados el lunes 2 de septiembre, ya con la nueva conformación política que
otorga a Morena y sus aliados la mayoría calificada, suficiente para aprobar
las reformas constitucionales sin necesidad de buscar consensos con la
oposición. La reforma judicial, quizá como ninguna otra de las
planteadas por el Gobierno lopezobradorista, busca la creación de una nueva
estructura institucional y por lo tanto, el desmantelamiento del viejo régimen
que, con mayor claridad en el ámbito de la impartición de la justicia, siempre
benefició a las élites. En 2018, López Obrador recibió el respaldo mayoritario en
las urnas para emprender una profunda transformación nacional; la reforma
judicial es una de las acciones de gobierno que mejor ponen en práctica dicho
mandato, se cumple con la demolición de un edificio de privilegios, abusos y
corrupción construidos en torno a ese Poder. Los mexicanos determinaron, con su voto arrasador en 2018 y
2024, que las instituciones creadas durante el largo periodo del prianato
debían renovarse, desmontarse o definitivamente extinguirse, es justo lo que se
pretende con el paquete de enmiendas presentadas en febrero pasado. Por supuesto, la reforma al Poder Judicial es perfectible,
pero sin duda atiende la exigencia social y aspira a la conformación de un
aparato de justicia que responda a los intereses colectivos, por encima de los
grupos económicos que tradicionalmente controlaron a los órganos
jurisdiccionales. Tales premisas evidentemente agravian a esos poderes
fácticos que durante décadas tuvieron acceso directo e interesado a las
determinaciones de ministros, magistrados y jueces, quienes ahora solo deberán
responder a los ciudadanos, si es que quieren resultar electos en las urnas. Las protestas de trabajadores del Poder Judicial son
legítimas, pero hasta el momento, no se ha escuchado desde la base laboral una
propuesta alternativa y viable que limpie a esa institución de la corrupción
rampante que impide el acceso de los mexicanos a la justicia. Seguramente habrá riesgos con la elección de magistrados y
jueces a través del voto popular, pero la apuesta es preferible al obsoleto
esquema que ahora brinda anonimato y discrecionalidad a la figura del juzgador,
quien esa oscuridad tiene manga ancha para tomar decisiones a su arbitrio.
Una vez que se renueve por completo el sistema judicial,
exigencia de la sociedad más que de un movimiento político, podrán evaluarse y
consensarse las estrategias para la mejor aplicación de la reforma.
