MALAS COMPAÑÍAS
MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA
Después de la reforma
Viernes 13 de Septiembre de 2024 8:56 am
Al margen de los catastrofismos, el drama y los malos
augurios, el país sigue de pie y millones de mexicanos continúan con su vida
perfectamente normal. La aprobación de la reforma judicial no alteró el curso
de la cotidianidad y muy probablemente no lo hará, para bien o para mal. Más allá de los episodios indignos de unos y otros en los
espacios legislativos nacionales y locales, la enmienda constitucional que
promueve la elección popular de ministros, magistrados y jueces fue aprobada en
los términos que había propuesto el régimen lopezobradorista desde antes de la
campaña electoral. Justo ahí se encuentra una de las claves de este tema. La
reforma al Poder Judicial fue planteada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador desde el 5 de febrero, junto con otro paquete de 19 reformas que se
discutirán y seguramente aprobarán en las próximas semanas. Más de 36 millones de mexicanos respaldaron las
modificaciones legales con su voto a favor del bloque oficialista y su
candidata Claudia Sheinbaum; por lo tanto, es correcto decir que la enmienda
constitucional en materia judicial tuvo el aval social en las urnas. El 2 de
junio funcionó como una consulta popular. La viabilidad y eficacia de las nuevas disposiciones, sobre
todo del voto popular para la elección de juzgadores, está por verse, aunque
difícilmente podría configurarse un escenario peor que el actual, con una
justicia corrompida, selectiva e inaccesible para los sectores más amplios de
la población. En un país agraviado ad nauseam por desigualdades
promovidas durante décadas desde el binomio partidista PRI-PAN y poderes
fácticos encarnados en empresarios, medios de comunicación y organizaciones
“civiles”, cualquier esfuerzo de transformación es plausible y hasta
esperanzador. Por eso resulta cuestionable e insultante que haya quienes
lanzan, desde la frustración, el odio y el resentimiento, frases tales como que
la democracia ha muerto, nos acercamos a la dictadura, ya no existe
independencia en México y otros ingenuos o dolosos exabruptos. Tal parece que esas voces estridentes olvidaron o quisieran
hacerlo, el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, la guerra sucia de
1970, el Fobaproa, Aguas Blancas, Acteal, Ayotzinapa, las reformas
peñanietistas y tantos otros episodios ignominiosos que, esos sí, ofendieron a
millones de mexicanos y aún más, costaron la vida a muchos. El disenso es válido, legítimo y hasta necesario, pero la
manipulación y la mentira no abonan al debate. Ni vivimos en una dictadura ni
tampoco la reforma judicial resolverá todos los males del sistema de justicia
en nuestro país, pero era un primer paso necesario al que deberá seguir la
revisión de los tribunales y fiscalías estatales. Tampoco existe un golpe de estado, si acaso un manotazo
sobre la mesa del poder presidencial que cimbra a las cúpulas económicas que
manipularon a su antojo las decisiones en la Corte y los juzgados, siempre en
detrimento de los más desfavorecidos.
La transformación institucional de México no debe parar con
esta reforma; tendrán que venir en las próximas semanas las modificaciones en
materia de seguridad, la electoral, la que garantiza el acceso a vivienda y los
derechos indígenas. Eso fue lo que ofrecieron los morenistas y sus aliados, eso
es lo que la mayoría de los ciudadanos determinó en las pasadas elecciones, a
pesar de las resistencias y los presagios alarmistas.
