Percepción de seguridad

Lunes 23 de Septiembre de 2024 8:24 am

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El saber cómo percibe la población rubros tan importantes como lo son la seguridad pública y el desempeño de las autoridades ante los delitos recurrentes permite que, al cotejarse con incidencias registradas, se aborden de manera específica las problemáticas que mayormente generan incertidumbre y agrietan la calidad de vida de las personas. Para una administración que recalca en su discurso una búsqueda incansable del bienestar del pueblo, los resultados de tal encuesta deben ser prioridad.

Según resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, emitida por el Inegi, que arroja información sobre tasas de víctimas de delito registradas durante 2023, la tasa de prevalencia delictiva fue de 23 mil 323 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que devela un incremento con respecto a 2022.

Llama la atención que los delitos más frecuentes a nivel nacional durante 2023 fueran fraude, robo o asalto, y extorsión, incluso por encima del robo relacionado a vehículos o viviendas. En Colima, la tasa de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes tuvo un incremento de 7.2 por ciento de 2022 a 2023; sin embargo, al aterrizar los principales delitos reportados, el incremento de denuncias por extorción sí aumentó 100 por ciento entre julio y septiembre de 2023, posicionando al estado como segundo lugar en el rubro.

Por otra parte, debido a la propagación de aparentes ofertas para trabajar en el extranjero que resultaron fraudulentas, recientemente se ha trabajado en combatir el fraude, sobre todo en el ámbito laboral.

Los esfuerzos en promover estrategias para evitar que la ciudadanía sea víctima de los delitos ya mencionados se han duplicado, llevando a cabo charlas informativas para informar sobre las medidas preventivas que deben llevarse a cabo para evitar caer tanto en fraudes como en extorsiones, y promoviendo por parte de la Subsecretaría del Trabajo espacios seguros para solicitar empleos. Se espera que estas iniciativas hagan un contrapeso positivo en la balanza.

 

¿A quién le va peor?

 

Han pasado 2 semanas desde el inicio del enfrentamiento armado en Culiacán, Sinaloa, y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para no perder la costumbre antes de dar por terminado el sexenio, se ha dedicado en La Mañanera a minimizar la violencia que impera en el estado, comparando al estado del norte con Guanajuato, pues afirma que, según sus datos, “es probable que sean el doble los que han fallecido lamentablemente en Guanajuato con lo que y han perdido la vida en Sinaloa”. Como si fuera una competencia, o se justificara una cosa con la otra.

Que es una ciudad tranquila, que todo son hechos aislados, que Sinaloa no está como se piensa, y un largo etcétera son las laxas opiniones que el mandatario arroja a quienes le cuestionan sobre la lamentable situación.

Enfrentamientos, secuestros, quema de vehículos y bloqueos carreteros son, al parecer, su estándar de una ciudad tranquila. Se podría pensar que, al ser este el tercer enfrentamiento de tal índole, sus declaraciones serían más afortunadas; lamentablemente no. Los llamados “Culiacanazos” de 2019 y 2023 no generaron en su administración la necesidad de rastrear y localizar la raíz del problema que, al día de hoy, mantiene en confinamiento a los habitantes.

Además de los actos violentos que no han cesado en Culiacán, resulta indignante la indolencia que ciertas autoridades dejan entrever en sus comunicados. El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha, anunció a 3 días del festejo del 15 de septiembre la cancelación del mismo, debido a hechos violentos. Al mismo tiempo, exhortaba a la población a continuar sus actividades regulares.

A esta postura se le sumó una similar, proveniente del general del Ejército Mexicano, Jesús Leana Ojeda, quien, a la espera de que el conflicto armado cese, afirmó que la situación “depende los grupos antagónicos”. En esa corta sentencia, deslinda a las Fuerzas Armadas del alcance de los enfrentamientos, y deja en una posición cuestionable su potestad para hacer frente a tales “antagonistas”.

Al Ejecutivo, en afán de despedir bien su administración, le basta con seguir señalando que quienes lo maximizan, en esta eterna campaña de desprestigio en su contra, son los medios de comunicación. Concebir siquiera que es válido o benéfico comparar la situación de Sinaloa con la de Guanajuato es, por lo bajo, absurdo. Asegura que las Fuerzas Armadas trabajan en la situación, claro, hasta donde el crimen organizado les permita hacerlo.

 

Reformas por la libre

 

Desde el pasado 15 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto correspondiente a la reforma del Poder Judicial, por lo que se completó el proceso legislativo que comenzó el 5 de febrero pasado, con el anuncio de tal enmienda por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras las ríspidas discusiones en el Congreso de la Unión, donde Morena y sus aliados, así como sus adquisiciones de último minuto, aprobaron las modificaciones legales, los Congresos estatales hicieron lo propio en unas cuantas horas, sin librarse de duras manifestaciones de rechazo, como la de Colima.

Una vez que el bloque oficialista logró sacar adelante la reforma que parecía más complicada, se espera que ocurra lo mismo con todo el paquete anunciado por el mandatario nacional durante la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917.

La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esta semana se discutirá en el Senado de la República; es previsible que no exista ningún problema para que en los próximos días esta disposición se apruebe, tanto en ambas cámaras federales como en los estados.

Y lo mismo ocurrirá con el resto de las reformas planteadas, entre ellas la electoral que propone la disminución de 200 diputados plurinominales; la que plantea la desaparición de varios órganos autónomos; la que establece nuevos derechos en el tema de vivienda, salario y pensiones.

De igual forma seguramente transitarán las modificaciones que buscan convertir en derechos constitucionales varios de los programas sociales implementados en el actual gobierno; así como adicionar servicios médicos a los que ya existen en el sistema sanitario.

No se vislumbra ningún dique legislativo para que este paquete de enmiendas que modifica significativamente el texto constitucional pueda ser aprobado; pues en el Senado, la incorporación del expanista Miguel Ángel Yunes Márquez al oficialismo, lo que ya parece definitivo, otorga a Morena y sus aliados la mayoría calificada.

Los resultados de las pasadas elecciones dieron la oportunidad al régimen lopezobradorista de plantear reformas de gran calado, acordes a su visión de país y a su concepción del ejercicio de la gobernanza; aunque su efectividad solo podrá evaluarse en los próximos años.

La transformación del andamiaje institucional del país implica una enorme responsabilidad que será trasladada a la futura presidenta, Claudia Sheinbaum. Si las enmiendas fracasan, le tocará a ella absorber el costo político y verá minada su legitimidad.

Aunque también podría suceder que una vez asumiendo el cargo, la primera presidenta en la historia de México busque el replanteamiento de algunas propuestas lopezobradoristas. Ese sería un ejercicio de independencia que marque distancia de su antecesor, lo que en este momento resulta poco probable, pero no descartable una vez avanzado su mandato.

 

Beep, beep, boom

 

IMAGINE esto: más de 70 soldados israelíes fallecen después de que su equipo de comunicación explotara en medio de la noche, hiriendo además de gravedad a 3 mil de sus familiares. ¿Cómo cree usted que reaccionarían los gobiernos internacionales ante este suceso?

Probablemente condenarían de manera tajante el hecho, tachando a la organización responsable del hecho de terrorismo, refrendando su apoyo incondicional a Israel o “su derecho innegable a la autodefensa”, como lo hizo EUA tras las explosiones que sí sucedieron, pero no en el estado sionista sino en el Líbano.

El martes de la semana pasada, más de 3 mil personas resultaron heridas y 12 murieron cuando explotaron los bípers en Líbano en un aparente ataque israelí contra el grupo militante Hezbolá. El miércoles, Hezbolá fue golpeado por otra ola de artefactos explosivos en todo Líbano, esta vez con walkie-talkies, dejando 20 muertos y al menos 450 heridos, la mayoría de las víctimas han sido civiles y miembros de Hezbolá.

Estos actos de violencia no solo agravan el conflicto entre ambos países, sino que señalan una táctica de guerra que bordea el terrorismo de Estado. La instalación de explosivos en equipos de comunicación entregados meses antes a Hezbolá plantea cuestiones éticas y jurídicas que los gobiernos internacionales deberían cuestionar con mayor firmeza.

Si este mismo ataque hubiera tenido lugar en Israel, y las víctimas hubieran sido soldados israelíes, el mundo habría visto una respuesta rápida y contundente por parte de las potencias occidentales. Es notorio el doble rasero con el que se mide la violencia en Oriente Medio: lo que para Israel es “autodefensa”, para sus vecinos es un acto criminal que se salda sin consecuencias diplomáticas para el agresor.

Durante el fin de semana, Israel y Hezbolá intensificaron sus enfrentamientos, con ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano y lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá hacia el norte de Israel. Naim Qassem, jefe adjunto de Hezbolá, señaló que han entrado en una “batalla abierta de ajuste de cuentas” tras el asesinato de un comandante del grupo en Beirut. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó que los ataques continuarán hasta que el norte de Israel sea seguro para los evacuados. El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que Hezbolá “entenderá el mensaje” si no detienen sus ataques.

La escalada de los ataques se produce menos de 48 horas después de una incursión aérea israelí contra comandantes de Hezbolá en un suburbio de Beirut. El Ministerio de Sanidad libanés informó ayer, domingo, que el número de muertos por ese episodio había aumentado a 45.

La narrativa israelí se centra en enfrentar al Líbano y no al grupo Hezbolá en sí, ya que la organización islámica y el gobierno libanés coexisten entre sí, por lo que se sospecha que el verdadero interés de Benjamin Netanyahu en su país vecino es el expansionismo.

Estos ataques suceden en el margen del conflicto entre Israel y Hamas, organización que gobierna la Franja de Gaza. Hezbolá ha emprendido acciones agresivas entorno a Israel como una especie de respuesta solidaria a Hamas, ya que ambos grupos reciben apoyo militar y económico de Irán, abriendo la posibilidad de que la escalada israelí genere un conflicto regional de mayores dimensiones.