Alba y Amber, recurrentes

Jueves 10 de Octubre de 2024 8:42 am

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LA capacidad de movilizar esfuerzos rápidamente para la localización de personas reportadas desaparecidas aumenta las posibilidades de realizar una recuperación de manera segura, y las herramientas que se tengan a disposición para tal objetivo deben ser tan eficientes como sea posible.

¿Qué tan pertinente es contar con herramientas de esta índole en el estado de Colima, cerca de la conmemoración del Día Internacional de la Niña? La respuesta se encuentra en las cifras: en abril de este año, la Comisión Nacional de Búsqueda informó que se habían registrado mil 300 desapariciones, de eso ya 5 meses han pasado, y la situación de inseguridad no ha cambiado para bien. Del total del registro en el estado, 213 son menores de 18 años y 327 son mujeres. Aun así, Colima se encuentra entre los estados con el menor número de desaparecidos.

En México, un menor desaparece cada hora, según el Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños. De los 17 mil 788 menores de edad desaparecidos, alrededor de 55 por ciento son niñas que tienen entre 10 y17 años de edad. Los estados con mayor número de casos de niñas y mujeres desaparecidas son Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México.

Este sin duda es un problema que atañe a la sociedad colimense, pues a pesar de no estar en este ranking, la desatención podría dar pase libre a que la situación empeore. Es por ello que, ante el reporte de desapariciones se actúa de manera inmediata, tomando en cuenta que las primeras horas son cruciales para encontrar a una persona desaparecida. En este sentido, tanto Protocolo Alba como Alerta Amber son utilizados por autoridades para la búsqueda y localización.

El Protocolo Alba se enfoca en búsqueda inmediata de niñas y mujeres desaparecidas. Comenzó a operar en 2003, después del caso “Campo Algodonero”, con el propósito de actuar con prontitud en las primeras horas después de una desaparición. Consta de dos fases: en la primera, se reporta el caso al Ministerio Público de la Unidad de Investigación para la Localización de Mujeres Desaparecidas y se reúnen datos relevantes sobre la víctima. Tomando en cuenta esos datos, si se considera víctima de alto riesgo, se procede a la segunda fase, que implican grupos de respuesta y operativos especiales de búsqueda.

La Alerta Amber se dirige a casos de desaparición y búsqueda de niños, niñas o adolescentes extraviados, y considera a la población como motor de rastreo. La Fiscalía General de Justicia de cada estado emite fichas informativas en medios de comunicación, y aunque no cuenta con fases, sí trabaja bajo ciertos criterios: que la persona desaparecida sea menor de 18 años de edad y esté en riesgo inminente de sufrir daño grave, y requiere datos concretos como descripción física, vestimenta, circunstancias de la desaparición y cualquier dato relevante para su localización.

Aunque cada una se encuentra enfocada a casos concretos, si se cotejaran en un diagrama de Venn, en la sección superpuesta encontraríamos que, en su cualidad compartida, radican las niñas y adolescentes. Es impostergable que la sociedad mexicana y las autoridades protejan y garanticen los Derechos Humanos de las niñas y adolescentes.

 

Crimen y costumbre

 

En los pueblos y comunidades indígenas, el matrimonio infantil ha sido una práctica frecuente debido a usos y costumbres tradicionales que han prevalecido durante generaciones. Sin embargo, la ley ha comenzado a intervenir para equilibrar el respeto por estas tradiciones con la protección de los derechos fundamentales de los menores de edad.

En febrero de 2024, el Senado de México aprobó por unanimidad una reforma constitucional que prohíbe el matrimonio infantil en todo el país, con especial énfasis en pueblos y comunidades indígenas, dicha reforma responde a la necesidad de proteger a los menores, quienes en la mayoría de ocasiones son víctimas de matrimonios forzados bajo el amparo de los usos y costumbres de sus comunidades y detrás de estas prácticas se ocultan formas de violencia aún más graves, como lo son la trata de personas y la esclavitud infantil.

La reforma tiene como objetivo principal garantizar que los derechos de los menores prevalezcan sobre cualquier costumbre o tradición local, sin excepción. Aunque la Constitución Mexicana y otros marcos legales reconocen la autonomía y el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus propias formas de vida y tradiciones, también se establece que ningún uso o costumbre puede estar por encima de los derechos fundamentales de las personas. En este caso, la protección de los menores de edad frente al matrimonio forzado es una prioridad.

Esta medida representa un avance significativo en la lucha por los derechos de la infancia, al asegurar que todos los menores de edad, independientemente de su origen o lugar de residencia, estén protegidos por las mismas leyes que garantizan su desarrollo pleno y libre de violencia.

Por lo que, para implementar efectivamente dicha reforma, es crucial que haya un diálogo respetuoso y continuo con las comunidades indígenas, lo que implica trabajar de cerca con líderes comunitarios, educadores y autoridades locales para garantizar que comprendan el objetivo de la ley, que no es eliminar sus tradiciones, sino proteger los derechos de los niños. La educación sobre los derechos de los menores y la igualdad de género también es esencial para cambiar actitudes profundamente arraigadas y fomentar un entorno donde todos, especialmente los niños, puedan desarrollarse en condiciones de dignidad y libertad.

La prohibición del matrimonio infantil tiene como objetivo proteger los derechos de los menores sin imponer, de manera irrespetuosa, un modelo externo. Se trata de un proceso que requiere sensibilidad cultural, pero con un claro enfoque en garantizar el bienestar y el futuro de los menores.

 

Trabajo infantil, el retroceso

 

TRABAJO infantil: es todo trabajo, de mercado o no, que priva a niñas y a niños de sus derechos, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. En México, cerca de 3.7 millones de menores de entre 5 y 17 años de edad trabajan, la mayoría en malas condiciones, con jornadas largas y bajo esquemas que limitan sus derechos básicos.

El aumento del trabajo infantil en Colima, que pasó del 13.9 por ciento en 2019 al 17 por ciento en 2022, plantea una pregunta fundamental: ¿cómo afecta este fenómeno a la calidad de vida de las niñas y la preservación de sus derechos básicos, especialmente a la educación? Los datos recientes no solo exponen la magnitud del problema, también reflejan la profunda crisis estructural que enfrenta el estado en materia de derechos infantiles.

Los números de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 son claros: más de 28 mil 756 niñas y niños trabajan en el estado, y muchas niñas están en situaciones que ponen en riesgo su integridad física y emocional.

El derecho a la educación de las niñas en Colima está siendo gravemente vulnerado. Las cifras son contundentes: el 32.8 por ciento de las niñas no asiste a la escuela. Esta realidad tiene consecuencias a largo plazo que perpetúan el ciclo de pobreza y limitan las oportunidades de desarrollo de las niñas. Sin acceso a una educación de calidad, las posibilidades de romper este ciclo son casi inexistentes.

La reciente decisión de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de lanzar una campaña de sensibilización sobre el trabajo infantil es un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de un compromiso político real para erradicar esta práctica.

Las autoridades y la sociedad en general deben reconocer la urgencia de actuar, no solo con campañas, sino con políticas integrales que garanticen a las niñas en Colima su derecho a una vida digna, una educación de calidad y la protección frente a cualquier forma de explotación.

La pregunta es clara: ¿Hasta cuándo se va a priorizar la protección de los derechos de las niñas en Colima? El aumento del trabajo infantil es una señal de alarma que exige respuestas inmediatas, no solo para garantizar el bienestar de las niñas, sino para asegurar que el futuro de Colima sea uno donde sus derechos estén protegidos y respetados.

 

Las más expuestas

 

A los tipos de violencia ya mencionados de los que son víctimas las niñas en México, se suma la violencia sexual. Leyes endebles e insuficiencia de presupuesto destinado a estrategias concretas y sanciones contundentes ante la violencia en esta y todas sus modalidades, dan como resultado una alta incidencia en casos de agresiones de diversa índole, y que, lamentablemente, es una realidad en el país.

Según el último informe de las estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el delito de violación registró su máximo en el grupo de 10 a 14 años y ocurrió 4.7 veces más en niñas que en niños de esta edad, aunado a ello, 33.6 por ciento de niñas y adolescentes de 12 a 17 años que usaron internet o celular recibe fotos o videos de contenido sexual y a 32.3 por ciento le hacen insinuaciones o propuestas de ese tipo, frente a 18.2 y 12.0 por ciento de niños y adolescentes hombres, respectivamente.

Los datos que revelan diversos organismos encargados de recopilar información lo único que hacen es confirmar que, a falta de un tratamiento efectivo del tema, la situación va en decadencia. La Red por los Derechos de la Infancia en México, en este ejercicio comparativo, señala, por ejemplo, que de 2021 a 2022, pasaron de registrar 8 mil 148 a 9 mil 929 casos de personas de 1 a 17 años de edad que fueron atendidas en hospitales de México por violencia sexual, donde 92.9 por ciento de esos casos corresponden a mujeres.

Sin duda, en los últimos años esta cuestión se ha tomado con mayor importancia, desde analizar y modificar leyes inadecuadas que permiten que los agresores evadan la justicia, hasta evitar recortes presupuestarios para la protección de los derechos de las mujeres y las niñas. La instauración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes abona a la causa, pero es difícil resarcir el daño hecho por años de omisión y desinterés.