INDICADOR POLÍTICO
CARLOS RAMÍREZ
Acabó rebelión judicial
Lunes 14 de Octubre de 2024 7:56 am
Luego de encabezar una batalla política contra la facultad constitucional
de Legislativo para modificar la Carta Magna, finalmente la facción de la
ministra presidenta Norma Piña no pudo imponer su modelo de Suprema Corte
basado en las experiencias priistas. El fin de semana se impuso la cordura
jurídica y el Consejo de Ministros aceptó la reforma de López Obrador. La ministra presidenta llevó el conflicto entre Poderes
hasta la orilla del abismo: la posibilidad de una ruptura constitucional ante
la rebelión de los togados contra la reforma que va a cambiar el modo de
elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Hasta ahora los
ministros eran designados a propuesta presidencial y aprobados por la mayoría
calificada del Senado, y el domingo comenzó el proceso para que sean electos
por voto popular ciudadano. Hacia finales de la semana pasada, la ministra presidenta
se apersonó en el territorio político del Senado para una ceremonia
institucional y ahí le dejó el mensaje de que su bloque conservador del Poder
Judicial ya nada podía hacer para frenar la reforma y también por esas horas la
ministra presidenta perdió una votación en el Consejo de la Judicatura para
entregar la lista de cargos disponibles para ser votados. La ministra Piña Hernández fue empujada a tratar de
construir una oposición judicial contra la reforma y realizó todo tipo de
maniobras hasta llevar la decisión al abismo de la ruptura: si no aceptaba la
reforma podría ser destituida por el Poder Legislativo debido a su
comportamiento de desacato. La presencia de la ministra presidenta Piña Hernández en el
Senado sonriente junto al senador presidente Gerardo Fernández Noroña mostró
que la batalla de la ministra presidenta y sus siete escuderos del viejo
régimen priista-panista ya no tenía razón de existir. Lo que viene ahora es la parte más importante de la
reforma: la funcionalidad de un Poder Judicial votado en las urnas y organizado
no en función del modelo tradicional de la meritocracia jurídica. Para evitar los optimismos, es posible suponer un proceso
mínimo de 5 años para que el modelo de elección de juzgadores comience ya a
asentarse en una estructura del derecho, pero harán falta algunos años más de
esos 5 para que se redacten leyes compatibles con los juzgadores electos. La batalla por un nuevo Poder Judicial apenas comienza.
Política para dummies: la política debe atender las
necesidades de la sociedad, no los intereses de los políticos.
