Socializar las ganancias

Lunes 04 de Noviembre de 2024 8:16 am

---

Durante el segundo trimestre del año, la actividad económica en el estado de Colima creció 6.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2023, lo que representa el segundo mayor incremento de todo el país, únicamente superado por Durango.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, realizado por el Inegi, destaca que en las actividades secundarias (minería, manufacturas, construcción y electricidad), el crecimiento a tasa anual fue de 9.8 por ciento, el más alto de todo el país.

Por su parte, en las actividades terciarias (comercio de bienes y servicios), la variación anual fue de 6.5 por ciento. En este rubro tan importante para la dinámica económica, Colima únicamente fue superada por Aguascalientes.

Solo las actividades primarias (agricultura y ganadería) registraron un ligero retroceso de 0.8 por ciento, una contracción que no es nueva, pues desafortunadamente la entidad cada vez pierde más esa vocación agrícola que alguna vez la distinguió.

En términos generales, los saldos para el estado son muy positivos, pues en un contexto de incertidumbre económica por las condiciones políticas y sociales en el país, se logró un crecimiento importante, derivado de actividades muy consolidadas en la entidad.

La minería, el puerto y la generación de electricidad son, en gran medida, los principales aportes para las cifras favorables que registra Colima en términos de actividad económica. Aunque destacan como potenciales polos de desarrollo el turismo y la prestación de servicios.

En esos últimos rubros, resulta necesario el impulso de proyectos y acciones que potencien las fortalezas que tiene Colima, pues cuenta con sitios de enorme belleza, así como con capital humano calificado para desarrollar las tareas más complejas.

Desde hace años, las autoridades han señalado la necesidad de diversificar la economía local; sin embargo, no hay avance en ese sentido, pues los principales empleadores en la zona centro y norte del estado son los gobiernos y la instituciones educativas.

La potente actividad económica que se ha logrado impulsar en Manzanillo tiene que extenderse al resto del estado, pues de lo contrario, las actividades portuarias y mineras solamente redituarán en estadísticas a Colima, pero no en beneficios tangibles para las familias.

Si bien es cierto que el puerto de Manzanillo genera miles de millones de pesos cada año, los beneficios de esa actividad son en mayoría para la Federación, mientras que a nivel local están muy focalizados, no impactan de manera significativa al resto de la entidad.

Lo mismo sucede con la generación de electricidad y la actividad minera; se trata de actividades que no inciden de manera clara en los niveles de bienestar de la población colimense, por lo que será un reto de las autoridades conseguir que ese crecimiento económico no únicamente se quede en cifras, que a veces no tienen mucha correspondencia con la realidad que se vive en el estado.

 

Reductores invisibles

 

LA instauración de topes o boyas en las carreteras se debe a que, ante intersecciones o zonas peligrosas, las boyas fungen como reductores de velocidad o delimitadores de camino. Ante el aumento constante de flujo vehicular en Colima, es necesario también aumentar medidas para que el camino y el tránsito por el mismo sea lo más seguro posible.

En teoría, tienen una función que beneficia a peatones y conductores; sin embargo, el problema con las boyas radica en que, a veces, no se encuentran debidamente señalizados, lo que dificulta su visibilidad. Lo ideal sería resaltarlas con pintura para tráfico.

Esta pintura, regularmente blanca o amarilla, es ya un referente para establecer carriles, pasos peatonales, cruces, lugares de estacionamiento, flechas de sentido y señalamientos de topes. A falta de señalizaciones, quienes circulan por calles con estos reductores invisibles, generalmente optan por memorizar tramos y ubicaciones, porque de otra manera es difícil tener noción de ellos, en especial de noche, pues al ser del mismo color que el concreto asfáltico, no importa si se circula a alta velocidad, el impacto que generan en los vehículos es perjudicial.

¿De verdad es tan necesario colocarlos con tal frecuencia? Académicos del Centro de Investigaciones en Óptica y del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México lo pusieron en entredicho desde hace años. Su objeto de estudio fue la carretera Jojutla-Alpuyeca, Morelos, en la hay un reductor de velocidad cada 300 metros, con una afluencia de 3 mil autos al día, aproximadamente.

Se calculó que, para transitar por esos reductores, los vehículos generaron 6 mil toneladas de dióxido de carbono, principal responsable del calentamiento global. Remover las boyas del tramo, evitaría al menos 10 por ciento de esa cantidad de agentes contaminantes.

Además del impacto al medio ambiente, si un conductor transita por una carretera con boyas no señalizadas, puede sufrir accidentes y, dependiendo de la velocidad, provocar lesiones.

El hecho de poder prescindir o no de uno que otro tope invisible está sujeto a las necesidades específicas de cada vialidad. Pero si detrás de la colocación de boyas se encuentra una inteligencia vial bien trazada, entonces ¿por qué no utilizar pintura que los resalte debidamente?

 

Sospechosamente eficiente

 

LA reciente aprobación de las reformas al Poder Judicial y de la “supremacía constitucional” en México ha sido sorprendentemente rápida, casi como si las instituciones hubieran estado coreografiadas para eliminar cualquier atisbo de oposición.

La reforma al Judicial es una serie de cambios constitucionales y legales propuestos por el anterior gobierno de la República e impulsados por el de Claudia Sheinbaum y respaldados por Morena y aliados, cuyo objetivo central es la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este proceso ha generado tensiones entre Morena y la oposición, y ha puesto de relieve el papel de figuras clave como la presidenta de la República y del presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ricardo Monreal, y del presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, en la promoción de esta reforma. Desde la aprobación en ambas cámaras de la reforma al Judicial, misma que sigue dando de qué hablar, la agilidad de los congresos locales ha resultado sospechosamente eficiente.

Lo mismo sucedió con la reforma de “supremacía constitucional”, que establece que las reformas a la Constitución no podrán ser impugnadas mediante controversias, acciones de inconstitucionalidad o amparos. La Cámara de Diputados aprobó la reforma rápidamente, después pasó al Senado, donde fue avalada el mismo día que llegó, y en menos de 24 horas, 23 congresos locales, incluidos los de Colima, Baja California y Ciudad de México, la avalaron, superando los 17 necesarios para que fuera declarada constitucional.

La iniciativa, promovida por legisladores de Morena y aliados en el Congreso, es una disposición que no solo recorta los límites de actuación del Judicial, sino que erosiona la posibilidad de que el sistema de pesos y contrapesos intervenga en situaciones de potencial abuso o desviación constitucional.

El PAN, encabezado por Noemí Luna, coordinadora del grupo parlamentario panista en la Cámara de Diputados, criticó el proceso acelerado de aprobación y boicoteó la sesión de declaratoria de validez, calificándola como un “acto cínico y aberrante”. Esta crítica (guste o no) es una señal de alerta para quienes observan el funcionamiento de la democracia mexicana. ¿Cómo confiar en que la aprobación de futuras reformas será legítima si la disidencia y el tiempo para el debate se eliminan del proceso?

Con reformas como éstas, donde la agilidad se convierte en sinónimo de “sin oposición”, México podría estar transitando hacia una concentración de poder preocupante. Frente a una estructura política que parece inmunizarse contra el diálogo y el disenso, es urgente preguntarnos si realmente estamos construyendo un país más fuerte y eficiente o, más bien, uno donde el sistema democrático se convierte en un mero formalismo, controlado y silenciado por la hegemonía de un solo grupo.

 

DANA y el peligro de las fake news

 

A casi una semana del impacto de la DANA en Valencia, España, las afectaciones que dejó están lejos de ser resueltas, y cada vez se conocen más datos que apuntan a fallas en la manera en que el Gobierno manejó la situación, como avisos tardíos, omisión de información e intervenciones deficientes de elementos de rescate, algo con lo que México podría empatizar, a un año del impacto de Otis en Acapulco.

Lo que en España se conoce como la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) es un fenómeno meteorológico ocasional entre junio y octubre en el Mediterráneo, según la Agencia Estatal de Meteorología de España. La DANA genera precipitaciones y vientos fuertes, y no necesariamente es sinónimo de desastre natural, apuntan especialistas en el tema, mas es necesario tomar precauciones ante su llegada.

Si las dimensiones que alcanza son conocidas, ¿qué falló para que Valencia se convirtiera en una zona de desastre, y los daños sigan aumentando en lugar de contenerse? Es cierto que este año, las precipitaciones alcanzaron niveles excepcionales y saturaron el suelo. Pero, a pesar de la magnitud, dos factores fueron cruciales para definir la magnitud del suceso: la falta de previsión y la postura de sus autoridades.

A pesar de que la Agencia de Meteorología informó oportunamente sobre el nivel alto de riesgo, las autoridades no adoptaron las debidas medidas ni exhortaron a las personas a hacerlo. A consecuencia de ello, gran parte de Valencia se vio arrasada, con pérdidas materiales y humanas, cuyo conteo sigue siendo incierto entre lo que reportan las autoridades y los cálculos de habitantes de las zonas afectadas.

Sin embargo, si el panorama era ya difuso, la parsimonia de la que hacen gala las autoridades lo vuelven aún más opaco. La llegada de militares 5 días después del desastre lo dice todo.

No extraña que esto genere la ira de las personas afectadas, mismas que ayer recibieron en Paiporta a los reyes, Felipe VI y Letizia, y a los presidentes Carlos Mazón y Pedro Sánchez, entre abucheos, llamándoles “asesinos” y arrojando lodo, mientras externan su indignación que, aunque no podrá resarcir las pérdidas humanas, buscará garantizar que en el futuro el pago por la falta de previsión no sea tan alto.