Bitácora reporteril
CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ
Hacia dónde nos lleva el cambio
Jueves 21 de Noviembre de 2024 7:00 am
Con las (contra) reformas
constitucionales para la elección de jueces, magistrados y ministros, así como
la desaparición de 7 organismos autónomos constitucionales, es claro que se
establece un cambio de fondo del sistema político y el modelo constitucional
que se tenía desde hace más de 30 años, ¿pero es positivo o negativo? ¿A quiénes benefician estas reformas?
¿Al ciudadano o al régimen y al partido hegemónico? Si fuera al ciudadano, por
lo tanto, estas reformas ampliarían los derechos y garantizarían su disfrute. No es así, porque en el caso del
derecho al acceso a la información se nos elimina al órgano garante, el INAI,
cuya función de cuidar y garantizar este derecho ahora pasará a ser parte de
las facultades del gobierno. Es decir, el INAI obligaba al
gobierno a entregar información al ciudadano, a través de una actividad
cuasi-jurisdicional, pues sus resoluciones eran vinculantes. Pero ahora el
gobierno será juez y parte, y también será el mismo gobierno quien se vigile en
transparencia. Eso no funciona. Por ello se creó el INAI hace 10 años. Ilustremos el absurdo: imagine que el
gobierno decrete alguna disposición normativa que afecte la transparencia o
envíe una iniciativa que atente contra el derecho humano al acceso a la
información, ¿será este mismo gobierno el que promueva una acción de
inconstitucionalidad contra sí mismo? Obviamente no. La pregunta es por sentido común:
¿quién va a defender al ciudadano del gobierno cuando éste viole su derecho
humano al acceso a la información, en caso de que niegue información o
simplemente no responda, como suele suceder con la negativa ficta? Sí, el derecho humano al acceso a la
información va estar en nuestro artículo 6 constitucional. Pero no habrá un
mecanismo efectivo para hacerlo valer. Será letra muerta dentro de nuestra
constitución, como sucede con el derecho a la vivienda, al medio ambiente sano
y demás derechos que están en el papel, pero no se hacen justiciables. Ahora bien, se podrá amparar uno, se
argumentará. Pero recordemos que ahora quienes integrarán el poder judicial
serán elegidos por un comité controlado por el partido hegemónico. ¿A qué
intereses van a responder: al ciudadano o al del gobierno? Porque recordemos
que el amparo es para defender al ciudadano de los actos arbitrarios de la
autoridad. Sí, hubo un cambio de fondo en
nuestro sistema político constitucional. Pero este cambio no beneficia al
ciudadano. Beneficia a la nueva clase política y al régimen, ahora de Morena,
dentro de unos años, quién sabe. Dos puntos El cambio también es reversa.
*Periodista, licenciado en Derecho y docente.
