APUNTES
MARIO CÁRDENAS DELGADO (ACPE)
Irresponsabilidad social gubernamental
Viernes 17 de Enero de 2025 7:51 am
EL concepto de responsabilidad social inició su desarrollo
durante el siglo XX en EUA y Europa, promovido por empresarios interesados en
que sus compañías contribuyeran al mejoramiento económico, ambiental, social y
laboral de las comunidades. La acepción más admitida define que una empresa es
socialmente responsable cuando, en su proceso de toma de decisiones, valora el
impacto de sus acciones en las comunidades, en los trabajadores y en el medio
ambiente e incorpora efectivamente sus intereses en sus procesos y resultados.
Algunos de sus principios son los siguientes: respetar al medio ambiente;
cumplir las leyes, reglamentos, normas y costumbres; respetar los contratos y
compromisos adquiridos; procurar la distribución equitativa de la riqueza;
mantener la ética empresarial y luchar contra la corrupción; mejorar las
posibilidades y oportunidades de la comunidad donde se ubica la empresa, e
involucrar en sus procesos, decisiones y efectos a los consumidores, las
comunidades y a la sociedad, entre otros. En el terreno gubernamental, Perla Puterman Szomstein,
exdirectora del Organismo de Normas y Certificación de Calidad en Venezuela,
publicó hace varios años un ensayo referente a la responsabilidad social del
Gobierno, donde advertía que éste, en su función de Estado, debe cumplir con
los principios generales de la responsabilidad social: rendición de cuentas,
transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes
relacionadas, respeto al principio de legalidad, y a las normas de comportamiento. Sin embargo, expuso la consultora, es también una
organización; la diferencia que existe con las demás son las acciones propias
de su papel soberano para la elaboración y el cumplimiento de la ley, la
práctica de la autoridad judicial, el ejercicio de deberes destinados a
establecer políticas de interés público o a cumplir las obligaciones del
Estado, premisas de las que debiera tomar nota, y sobre todo aplicar, el
Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, pero no está dispuesto a
ello porque, al parecer, enarbola la bandera de la irresponsabilidad social
gubernamental. Muchos mexicanos estamos hartos de que los gobernantes de
los tres órdenes actúen con absoluta prepotencia e irresponsabilidad social,
para decidir lo que les conviene, gracias a que tienen la complicidad del Poder
Legislativo, y muy pronto del Judicial, que deberían ser contrapeso del
Ejecutivo para frenar sus excesos y velar por los intereses de la sociedad,
pero desafortunadamente no es así.