Código mariposa

Jueves 23 de Enero de 2025 8:07 am

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AL Congreso del Estado de Colima llegó la propuesta de instaurar el Código Mariposa en hospitales tanto públicos como privados. Esta iniciativa, impulsada por la diputada Betzy Pinzón, pondría al estado en el mapa al hablar sobre duelo perinatal, pues la misma ha sido aprobada y ha brindado resultados notables en distintas partes de la República.

Según informes en la materia, provenientes del Senado de la República, Jalisco y Sonora fueron los primeros estados en el país que aplicaron el Código Mariposa en diversos hospitales regionales. Los beneficios que arrojó este código fueron tales, que rápidamente se sumaron San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Coahuila y Veracruz. Esta respuesta y apertura permiten crear una amplia y fuerte red de apoyo para mujeres que pasan por duelos de este tipo.

El Código Mariposa es un protocolo de atención especializado, diseñado para brindar apoyo emocional y psicológico a mujeres que han experimentado la pérdida de su bebé durante el embarazo, parto o poco después de nacer.

El objetivo de este programa es humanizar la experiencia de estas mujeres y sus familias, reconociendo la profundidad de su dolor y la importancia de acompañarlas en tan difícil proceso. De esta forma, se identifica a estas pacientes con un distintivo: una mariposa morada, e inmediatamente se activa una serie de acciones coordinadas que garantizan una atención integral y respetuosa, reduciendo el sufrimiento de las mujeres que pasan por este proceso y mejorando la calidad de la atención que se les brinda.

Para Colima, que en el tema se encuentra algo distante, la propuesta resulta novedosa y necesaria. A pesar de que las últimas estadísticas sobre defunciones fetales emitidas por el Inegi en 2023, señalaron que Colima registró 143 casos, manteniéndose entre las cifras más bajas, solo por encima de Campeche y Baja California Sur, es una situación que debe tratarse para promover atención hospitalaria más humanizada en relación al proceso de duelo.

No se trata solo de poner una mariposa morada y hacer un acto simbólico; es todo un trabajo colegiado por parte de personal de la salud para que una mujer que pasa por el duelo pueda vivir su pérdida de la mejor manera, con atención adecuada y acompañamiento emocional y psicológico. Es pieza clave asegurar un entorno seguro en el que familiares y profesionales realicen un acompañamiento y seguimiento a estos casos.

Infortunadamente, el personal de salud, al no estar debidamente capacitado para abordar el duelo perinatal, puede minimizar el dolor de estas mujeres. Ahí radica la pertinencia de implementar el Código Mariposa: en visibiliza el tema del duelo y garantiza que las mujeres reciban una atención personalizada y especializada. Es un reto en múltiples niveles, para un estado que ha sufrido tanto de escasez de medicamentos e insumos como descuido de la infraestructura y del personal del área de la salud.

 

Botón de emergencia: ¿funcional o falsa promesa?

 

CON el auge de los servicios de transporte por aplicación se ha transformado la forma en que las personas se desplazan en las ciudades, respondiendo así a una creciente oferta y demanda; sin embargo, esta comodidad viene acompañada de un desafío: garantizar la seguridad de las personas usuarias, especialmente de las mujeres.

Si bien dichas plataformas ofrecen herramientas tecnológicas que buscan fortalecer la seguridad, tales como sistemas de rastreo y geolocalización, rangos de calificación y reseñas a conductores, e incluso un botón de emergencia para contactar a las autoridades, pero la efectividad de estas medidas dista mucho de ser infalible, ya que, en muchos casos, los protocolos de seguridad no operan como se espera, exponiendo a las usuarias a situaciones de riesgo que se supone, buscan evitar.

En estos contextos, los servicios de transporte por aplicación han mostrado dos caras en lo que respecta a la seguridad de las mujeres, pues, por un lado, existen iniciativas destacables, como lo es la colaboración de Uber y Fondo Semillas, que durante más de 7 años se ha enfocado en combatir la violencia hacia las mujeres en México, y son este tipo de alianzas las que demuestran el potencial de estas plataformas para ser agentes de cambio positivo.

Por otro lado, existen bastantes casos lamentables, como el más reciente de Karla Patricia, conductora de Uber, a la cual el botón de emergencia no le funcionó como debía, evidenciando así la preocupante apatía en la implementación efectiva de las medidas de seguridad; pero no solo ha sido su caso, pues también le fallaron a Adara Paulina, Chanti, Yazmín León Osorio, Mayra Guadalupe y un sinfín de mujeres, que ya sea que fueran conductoras o usuarias, el botón de emergencia fue una falsa promesa.

Estos episodios no solo ponen en duda la funcionalidad de las herramientas disponibles, sino que también subrayan la necesidad de una regulación más estricta y un compromiso real por parte de las plataformas para priorizar la protección de sus usuarios.

Por lo cual es imperativo que, ante estos eventos, las empresas de transporte por aplicación asuman su responsabilidad y trabajen de manera conjunta con las autoridades y la sociedad civil, pero más allá de las herramientas tecnológicas, es fundamental que se establezcan protocolos de acción efectivas, tales como capacitar al personal, y realizar evaluaciones constantes para prevenir estos incidentes y fortalecer la confianza de las usuarias.

La seguridad no puede seguir siendo una promesa a medias, ya que hemos visto que la dependencia de estos servicios en nuestro día a día exige una respuesta inmediata y contundente que transforme estas plataformas en espacios realmente seguros y confiables.

 

Padrón de deudores, justo pero insuficiente

 

CON la finalidad de que los menores de edad no sean abandonados por sus padres sin que reciban un apoyo económico que los proteja y dé seguridad a su calidad de vida se creó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Entre los objetivos del Registro está hacer público los nombres de las personas que sean deudores alimentarios y que eviten la responsabilidad de dar la manutención obligatoria a sus hijos e hijas.

El caso de Astrid y su hijo es un recordatorio brutal de cómo la irresponsabilidad paterna y la violencia de género convergen para perpetuar una crisis sistémica en México. Astrid había demandado a Jesús Fernando por ser deudor alimentario, exigiendo algo tan básico como el sustento para su hijo. Su respuesta fue la más violenta: asesinó a Astrid y a su hijo, evidenciando que no se trata solo de una falta económica, sino de un incumplimiento integral hacia la vida, la seguridad y los derechos de quienes dependen de ellos.

Las cifras muestran la magnitud del problema. Según el Inegi, siete de cada 10 padres divorciados no cumplen con la pensión alimenticia. En Colima, la titular del Registro Civil, Brenda Gutiérrez Vega, informó que 21 personas, todos hombres, están actualmente inscritas en el Padrón de Deudores Alimentarios. Para enfrentar esta problemática, las restricciones impuestas a estos deudores incluyen la imposibilidad de casarse, obtener pasaportes, acceder a créditos o incluso ser contratados en ciertos empleos. Estas medidas envían un mensaje claro: quien no asume sus responsabilidades hacia sus hijos tampoco puede acceder a ciertos derechos o asumir nuevas obligaciones.

Sin embargo, estas disposiciones, aunque necesarias, son insuficientes frente a las responsabilidades incumplidas y las consecuencias que conllevan. El sustento económico es solo una parte del deber de un padre. Los niños y niñas no solo necesitan dinero; necesitan cuidado, amor y presencia. Un hombre que elude esta obligación no solo afecta el bienestar de sus hijos, sino que perpetúa una cultura de impunidad que coloca todo el peso del cuidado en las mujeres.

El caso de Astrid evidencia que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no es únicamente un tema económico, sino una manifestación de violencia de género. Al demandar a su expareja, Astrid buscaba garantizar los derechos de su hijo, pero también enfrentaba un sistema que minimiza la irresponsabilidad masculina y que, en el peor de los casos, expone a las mujeres a represalias violentas.

A pesar de que medidas como el Padrón de Deudores Alimentarios buscan hacer justicia, estas no son suficientes para garantizar que los niños y niñas reciban lo que necesitan para vivir con dignidad. Es imprescindible fortalecer los mecanismos legales para que el pago de las pensiones alimenticias sea efectivo, implementando retenciones salariales obligatorias, procesos judiciales más rápidos y sanciones penales en casos graves, así como garantizar la reparación del daño y la seguridad de las madres y sus hijos cuando deciden alzar la voz.