MALAS COMPAÑÍAS

Una elección entre amigos

Miércoles 29 de Enero de 2025 1:58 pm

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Una vez que la reforma al Poder Judicial se trasladó a los estados, es posible dimensionar las deficiencias, la cuidado de rigor e imparcialidad en el proceso que renovará millas de cargos jurisdiccionales en todo el país a través de una elección popular que en realidad no es tal.

En Colima está en marcha la aplicación de la reforma a la Constitución local que imita las disposiciones federales en materia de elección de magistrados y jueces. Al bajar a la entidad la nueva reglamentación podemos conocer al detalle los vicios que encierran las modificaciones impulsadas desde el oficialismo.

Queda claro, sobre todo, la falsedad de que se elegirá a los integrantes del Poder Judicial del Estado a través del voto popular, pues serán Comités de Evaluación, integrados por personajes afines al régimen gobernante, quienes decidirán, en un proceso opaco e improvisado, las propuestas de candidatos que aparecerán en las boletas el 1 de junio.

El primero en integrar dicho Comité de Evaluación fue el Congreso del Estado, donde a través de los acuerdos del bloque oficialista y el PRI, fueron designados cinco personajes que evidentemente responden a los intereses de la mayoría morenista y los diputados tricolores que de última hora se subieron a este barco.

Sin explicar cómo fueron electos y con base en qué méritos, los legisladores otorgaron a Esperanza Ramírez, Alejandra Urzúa, Vanessa Flores, Manuel Zúñiga y Gilberto García Nava, la responsabilidad de calificar a los cientos de colimenses que seguramente se inscribirán, así como determinar quiénes se convierten en candidatos.

Otro tanto sucederá con el Poder Ejecutivo; ahí la gobernadora decidirá todavía de manera más unilateral a los integrantes del Comité de Evaluación; lo mismo en el Poder Judicial, donde será un grupo de magistrados alineados al poder en turno quienes eligen a sus evaluadores.

Tal procedimiento implica que, aunque sea indirectamente y de manera simulada, en realidad serán la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, los diputados locales y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (controlados por la cúpula gobernante actual), quienes decidirán a los candidatos a las magistraturas. . y los juzgados de la entidad.

Evidentemente los integrantes de los tres Comités de Evaluación responderán a los intereses de quienes les otorgaron la responsabilidad, tienen manga ancha para hacerlo, pues en los procesos de selección no hay reglas claras, ni metodología, ni rangos para calificar a los aspirantes.

Ya la tómbola de insaculación es el colmo, una ofensa para los actuales juzgadores que deciden participar y tengan el infortunio de quedarse en el camino porque un diputado que entiende muy poco de leyes elija su nombre entre la lista de eliminados por sorteo. Eso implica que tras años de servicio, serán cesados ​​porque la fortuna les fue adversario, uno de los muchos absurdos de esta reforma.

Este proceso tan desaseado, opaco y arbitrario no puede aspirar a erradicar la corrupción en el Poder Judicial, por el contrario la alejante y la perpetúa, pues permitirá colocar en los cargos jurisdiccionales a personajes proclives al régimen en turno, en este caso encabezado por Morena. , aunque luego podría ser el PRI, PAN o cualquiera.

¿Deberían los ciudadanos convalidar toda esta farsa con su asistencia a las urnas?; ¿Por qué tendríamos que elegir entre perfiles que nos impongan la cúpula en el poder y sus personeros?; ¿era necesaria esta elección que costará más de 48 millones de pesos?; ¿Por qué no buscar mecanismos más serios y profesionales para erradicar la corrupción del Poder Judicial?; ¿En realidad ese último es el objetivo?.