EL CENTINELA DEL AUTISMO
VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS CHÁVEZ
Responsabilidad Social: ¿obligación o compromiso?
Viernes 07 de Febrero de 2025 8:35 am
EN México, 6 por ciento de la población, es decir, alrededor de 7.1 millones de personas, vive con alguna discapacidad. En el estado de Colima, esta cifra es aún más alarmante, ya que, aproximadamente, 40 mil personas, que representan el 7.4 por ciento de la población estatal, enfrentan desafíos diarios debido a alguna discapacidad. A pesar de estas cifras, los recursos destinados al apoyo de la discapacidad son limitados. A nivel federal, programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, buscan mejorar el ingreso de las personas con discapacidad. En Colima, se implementa un programa en coordinación con el Gobierno de México, dirigido a personas con discapacidad de 30 a 64 años, beneficiando a 4 mil 761 personas con un apoyo económico bimestral de 2 mil 900 pesos. Sin embargo, estos esfuerzos, aunque valiosos, no son suficientes para cubrir las necesidades reales de esta población. Las instituciones que trabajamos con grupos vulnerables enfrentamos desafíos constantes: escasez de recursos, indiferencia de algunos sectores y una burocracia que retrasa apoyos esenciales. Mientras tanto, las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias continúan sin ser atendidas de manera adecuada. Desde el enfoque basado en Derechos Humanos, cada actor social tiene un papel fundamental en la transformación de esta realidad. El Estado, como titular de obligación, tiene el deber de garantizar políticas públicas efectivas e inclusivas para las personas con discapacidad. Las empresas y la sociedad civil, como titulares de responsabilidad, deben comprometerse a generar espacios accesibles, oportunidades laborales y un entorno sin discriminación. Y, lo más importante, las personas con discapacidad, como titulares de derechos, deben ser escuchadas y consideradas en todas las decisiones que impactan sus vidas. La responsabilidad social debe ir más allá de una obligación legal o un requisito fiscal; debe ser un compromiso genuino y profundo con la comunidad. El sector privado, las asociaciones civiles y el Gobierno, en sus distintos niveles, tienen la capacidad de transformar esta realidad si colaboran de manera efectiva. Imaginemos el impacto si las empresas abrirían más oportunidades laborales para personas con discapacidad, si las asociaciones civiles tuvieran acceso a recursos sin trabajos burocráticos y si el Gobierno facilitara y articulara estos esfuerzos. El resultado sería inmediato: más personas con discapacidad tendrían acceso a educación inclusiva, oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. No podemos seguir esperando. La responsabilidad social no puede ser solo una obligación que se cumple a medias, sino un compromiso con quienes han sido invisibilizados por demasiado tiempo. “Nada de nosotros sin nosotros” es más que un lema; es una exigencia de inclusión y participación activa de las personas con discapacidad en todas las decisiones que les afectan.
Es momento de que todos los sectores de la sociedad se unan para garantizar una vida digna y plena para las personas con discapacidad en México y, en particular, en Colima. La inclusión no es un favor, es un derecho.
