MALAS COMPAÑÍAS
MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA
El oficialismo al Poder Judicial
Miércoles 12 de Febrero de 2025 8:41 am
Una vez que concluyó el plazo para el registro de aspirantes a los 46 cargos del Poder Judicial que se elegirán el primer domingo de junio, se difundió la lista con un total de 27 personas que serán evaluadas para ocupar una probable candidatura a la decena de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, sin duda los cargos más relevantes en disputa. La lista final de aceptados que elaboraron los respectivos Comités de Evaluación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial ya deja entrever las primeras tendencias de lo que será este proceso, señales preocupantes y de incongruencia respecto a los supuestos multas de la reforma constitucional que obliga a este proceso extraordinario. Destaca que el 26 por ciento de los aspirantes al Tribunal Superior de Justicia son trabajadores del gobierno estatal, es decir que guardan una postura totalmente parcial que les impediría el ejercicio profesional del cargo, pues deben su posición actual a una figura de poder que seguramente ejercería una futura influencia sobre ellos. En ese caso se encuentran Aida Pamela Caldera, titular del Sistema Estatal del Secretariado Estatal de Seguridad Pública; Dolores García Sosa, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas; Gerardo David Amezcua Álvarez, trabajador de la Consejería Jurídica; Georgina Silva, coordinadora Jurídica del SESP. Comparten ese estigma oficialista Norma Araceli Carrillo, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Francisco Barajas Palacios, asesor de la Consejería Jurídica y José Francisco Osorio Ochoa, vicefiscal en la Fiscalía General del Estado. Otro 7.4 por ciento de los aspirantes está identificado con el régimen gubernamental, pues se trata de Alejandro Harris Valle, asesor del PVEM en el Senado y de Gerardo Palafox, excandidato del Partido Encuentro Solidario, ambos partidos aliados políticos de Morena. Hay también en la lista exfuncionarios (el 11,1 por ciento): Yolanda Verduzco Guzmán, exprocuradora en tiempos priistas; Ángel Durán Pérez, ex magistrado del TEE; así como Sabino Hermilo Flores Arias, extitular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Casi el 41 por ciento de los aspirantes están vinculados al actual Poder Judicial, son jueces, secretarios o actuarios. En teoría se trata de los perfiles más capacitados y con mayores merecimientos para ocupar una magistratura en el Tribunal Superior de Justicia, sin embargo, son los que han sido descalificados a priori. Diputados y personajes de la cúpula gubernamental han señalado que los jueces actuales son corruptos, deshonestos e ineficaces, por eso se hizo necesaria la reforma constitucional, primero, y enseguida una elección extraordinaria que renueve todos esos cargos. Eso quiere decir que las 11 personas vinculadas al Poder Judicial que se inscribieron para una magistratura del Tribunal Superior del Estado difícilmente serán candidatos, eso si es que los legisladores y el titular del Poder Ejecutivo son congruentes con su visión de que todo lo actual no sirve en el sistema de justicia. Por lo tanto, es esperable que las candidaturas sean ocupadas por empleados actuales del gobierno estatal o personajes cercanos al poder, es lo más lógico, porque de no suceder así y por el contrario, veamos a jueces actuales en la boleta electoral, ¿Qué sentido tendría la reforma constitucional y la elección?
Si ese último fuera el caso, los jueces y trabajadores bien pudieron alcanzar una magistratura a través de la carrera judicial. A menos que la intención verdadera sea comprometerlos con quienes autorizarán su eventual candidatura y una posterior magistratura. En cualquier escenario, se trata de un despropósito como pocos se habían visto en la historia reciente de la entidad.
