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BITÁCORA REPORTERIL
CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ
Una puerta que no abre
Lunes 17 de Febrero de 2025 2:02 pm
MORENA y el oficialismo no eliminaron el derecho constitucional al acceso a la información y la protección de datos, pero sí destruyeron los organismos garantías que lo hacían efectivo. Es como dejar la puerta, pero quitarle la perilla: el derecho sigue ahí, pero para ejercerlo se necesitará un cerrajero. Antes, cualquier ciudadano podía solicitar información pública a gobiernos, instituciones o entidades que usaran recursos públicos. Ahora, si una autoridad se niega a responder, el ciudadano tendrá que promover un juicio administrativo o un amparo, convirtiendo un derecho en un laberinto judicial inaccesible para la mayoría, sobre todo en un ámbito en el que el oficialismo ya está colonizando: el Poder Judicial. Esto no es austeridad ni simplificación burocrática, como pretextó el régimen autocrático de Morena. Es una regresión democrática que favorece la opacidad y, por fin, la corrupción. Si algo incomodaba al régimen era la fiscalización ciudadana: la posibilidad de que un simple ciudadano pudiera exigirle, a través de una solicitud, que informara sobre cómo gastó el recurso público, qué tan efectivos son sus programas y cuánto gana como funcionario. La ciudadanía cada vez ejercía más este derecho. Según el Informe de Labores 2023 del Inai, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 se presentaron 314 mil 435 solicitudes de información pública, un aumento de 10,32 por ciento respecto al periodo anterior. El Infocol, en Colima, no sólo impulsó esta cultura del acceso a la información, también obligó a los funcionarios a cumplir con la legislación en transparencia. Entre 2021 y 2023, emitieron mil 668 medidas de apremio contra autoridades que ocultaban información, garantizando sanciones y multas para fomentar el cumplimiento. Pero con la inminente desaparición de estos organismos, la opacidad avanza. Desde hace semanas, muchas dependencias han dejado de responder solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Lo que antes era un derecho garantizado, hoy se diluye en el limbo burocrático. La desaparición del Inai y el Infocol no sólo deja indefensos a los ciudadanos que quieren conocer el manejo de los recursos públicos, sino que despoja a la administración pública de millas de servidores especializados en transparencia. Este personal tenía una vocación clara: garantizar el derecho ciudadano a la información. Ahora, serán reubicados o despedidos, perdiendo así un conocimiento valioso que difícilmente se recuperará. Y todo esto, ¿para qué? Para quitarle al ciudadano herramientas que lo empoderarán. No fue la austeridad: el Inai costaba menos de 10 pesos al año por ciudadano; el INFOCOL, menos de 20. Un costo insignificante comparado con lo que se pierde en corrupción cada año y lo que representa en términos de dignidad la pérdida del disfrute de un Derecho Humano. Hoy, quienes aplauden esta medida desde el oficialismo lo ven como una victoria. Pero olvidan que nada es eterno. Cuando el poder cambie de manos, cuando los adversarios de hoy gobiernen con absoluta opacidad, entenderán el error y la perversidad de haber destruido estas instituciones. DOS PUNTOS
La desaparición del Inai dejará en riesgo 15 mil millones de datos almacenados en la Plataforma Nacional de Transparencia, un archivo crucial para el acceso a información pública. ¿Quién garantizará su resguardo? ¿Quién impedirá su manipulación o eliminación? El problema nunca fue el Inai ni el Infocol. El problema es un gobierno que teme ser observado y escrutado por la ciudadanía libre.
