Lamentable contraste

Lunes 17 de Febrero de 2025 8:03 am

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LA edición 168 de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez dio un lamentable giro este fin de semana. Aunque se prepararon con antelación tanto las actividades como la logística, es imposible prever ciertos acontecimientos en eventos masivos como lo son las tradicionales fiestas del municipio, inauguradas apenas el 7 de febrero.

Se tenían programadas 11 cabalgatas, 11 Toros de Once, 11 recibimientos, más de 20 eventos ecuestres, 11 jaripeos vespertinos, dos jaripeos nocturnos, tres espectáculos musicales y dos corridas de toros formales, además de distintos eventos culturales en el Teatro del Pueblo. Debido a la magnitud y la duración de esta festividad, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez informó días antes de la inauguración que se contaría con 20 cámaras de vigilancia del C5, así como aviones y elementos para cubrir emergencias.

Lamentablemente, el viernes alrededor de las 7 de la noche, durante la Cabalgata de las Mujeres, se reportó una agresión con armas de fuego por la avenida J. Merced Cabrera, misma que dejó 14 heridos, entre ellos menores de edad.

Esto sucedió en Villa de Álvarez, pero en el estado de Colima, aunque la realización de eventos masivos forma parte de nuestra tradición y cultura, durante los últimos años el contexto ha estado marcado por la inseguridad, donde la violencia y la delincuencia se han arraigado en la vida cotidiana.

Inmediatamente, partidos políticos, funcionarios públicos e instituciones lamentaron y condenaron los hechos violentos, exhortando a las autoridades encargadas de mantener el orden en el evento a dar información y seguimiento a la situación. Esto es entendible, y los colimenses se unen en solidaridad a las familias afectadas, mientras piden pronta respuesta a lo sucedido.

Ante la gravedad de lo sucedido, tanto la Fiscalía General del Estado como la gobernadora y la alcaldesa de Villa de Álvarez se comprometieron a trabajar arduamente para garantizar la seguridad de los colimenses. Los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena, PRI y PAN, así como la CMIC, Coparmex, AMMEEC, Canacintra, Canaco y AMPI, lamentaron los hechos.

No obstante, además de posicionarse ante la noticia, es pertinente que se busque, de manera colegiada, reevaluar estrategias de seguridad no solo para este tipo de eventos, también para el día a día de la sociedad colimense, y con base en ello, implementar medidas de seguridad específicas, como un aumento en la instalación de cámaras de vigilancia y un mantenimiento constante de las mismas, la capacitación de personal de seguridad claro, y establecer protocolos de actuación y coordinados en caso de emergencia.

Esto marcó un contraste entre el ambiente que se tenía los primeros días de las fiestas villalvarenses, ya que ayer hubo menos asistencia tanto a la cabalgata como a los eventos programados.

Diario de Colima se solidariza con las víctimas y familiares, deseando la pronta recuperación de las mismas. Se espera por parte de las autoridades el esclarecimiento de los hechos y un reajuste en el manejo de la seguridad para la semana restante de los Festejos Charrotaurinos en el municipio, y de manera permanente a mayor escala para mejorar la calidad de vida de los colimenses.

 

No basta la prevención

 

DURANTE enero y lo que va de febrero, las autoridades de procuración de justicia en la entidad emitieron Alertas Amber y Alba para localizar a siete personas que desaparecieron en la entidad, la mayoría de ellas mujeres y menores de edad sustraídas por sus padres.

Tal estadística es solo un divertido vistazo a la situación que enfrenta Colima en este rubro. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Colima existen mil 347 víctimas de este delito.

Señala la dependencia que, del total de personas desaparecidas, 76 son hombres, en tanto que el 23.8 por ciento son mujeres; es decir que se trata de un delito que todavía afecta en su mayoría al sector varonil, aunque cada vez con mayor presencia entre el segmento femenino.

La desaparición de personas genera preocupación entre la sociedad cuando afecta sobre todo a menores de edad, como sucede con los más recientes casos difundidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de las respectivas Alertas Amber.

Son múltiples las causas que pueden generar esas desapariciones, como se puede advertir en la difusión de los casos, pero sin duda el contexto de inseguridad que permea a la realidad colimense es uno de los principales detonadores de estos delitos.

Las autoridades estatales han implementado diferentes campañas y estrategias con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo; Es un esfuerzo loable pero más importante será reconocer que la violencia que prevalece en Colima es el principal factor de riesgo.

Las campañas oficiales en esta y otras materias, bien pueden incidir en la población, con herramientas y conocimientos que eviten la exposición a circunstancias riesgosas, sin embargo, la principal obligación de combatir toda forma de delincuencia recae en las autoridades.

No es válido minimizar o soslayar el impacto que tiene la criminalidad en la presencia de múltiples delitos que se han incrementado en la entidad, como es el caso de las desapariciones, muchas de ellas provocadas por las organizaciones delictivas que operan en Colima.

Por lo tanto, si existe una aspiración oficial de disminuir la incidencia de casos, tendrá que hacerse mucho más que una estrategia preventiva, pues el problema ya existe y es necesario abordarlo con acciones concretas en las que participan los tres niveles de gobierno.

Son más de mil 300 las familias que esperan a uno de sus integrantes, en algunos casos desde hace varios años, es una dolorosa expresión de la inseguridad que desde hace varios años ha modificado costumbres, rutinas, tradiciones y realidades en el estado.

Ante la problemática y el aparente cambio de políticas públicas en materia de seguridad por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, se espera que la administración estatal haga lo mismo y se decida a emprender medidas efectivas contra la delincuencia y por supuesto, para localizar a las personas desaparecidas.

 

Trump y... ¿la libertad de prensa?

 

EL presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mantenido una relación conflictiva con los medios de comunicación, a los que frecuentemente ha calificado como "enemigos del pueblo" y acusado de difundir "noticias falsas".

Esta postura se ha intensificado durante su carrera política, llegando a implementar medidas concretas para limitar el acceso de ciertos medios a información gubernamental y presionar financieramente a organizaciones periodísticas. 

Durante su primer mandato, Trump impulsó la cancelación de suscripciones a medios como Politico , The New York Times y Associated Press , argumentando que estos recibían fondos públicos de manera indebida. Sin embargo, estos pagos correspondían a contratos estándar por servicios de información especializada, no a subsidios.

Trump presentó demandas contra medios como ABC News , CBS y The Washington Post , acusándolos de difamación o manipulación editorial. Por ejemplo, ABC News acordó pagar 15 millones de dólares para resolver una demanda relacionada con una declaración sobre un caso de abuso sexual.

El viernes pasado, en su segundo mandato, limitó el acceso de la Associated Press al Despacho Oval y al avión presidencial Air Force One, por no ajustarse a su decisión de renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”. Durante su primer período al frente de La Casa Blanca, Trump vetó a periodistas de medios críticos, como CNN , impidiéndoles asistir a ruedas de prensa y eventos oficiales.

Las acciones de Trump han generado un clima de autocensura en algunos medios, que temen represalias legales o financieras. Esto ha sido criticado por organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que advierte sobre el riesgo de erosionar la libertad de expresión. 

La retórica de Trump ha exacerbado la polarización en Estados Unidos, alimentando la desconfianza hacia los medios tradicionales entre sus seguidores. Esto ha llevado a un aumento del acoso en línea y las amenazas contra periodistas. 

Las medidas de Trump contra los medios reflejan una estrategia para debilitar a la prensa crítica y consolidar su base de apoyo. Aunque estas acciones han sido cuestionadas por organizaciones defensoras de la libertad de prensa, han dejado un legado de tensión entre el gobierno y los medios, con implicaciones significativas para la democracia y el periodismo en Estados Unidos.