MALAS COMPAÑÍAS
MARIO ALBERTO SOLÍS ESPINOSA
203 millones por aclarar
Miércoles 19 de Febrero de 2025 8:14 am
El gobierno de Colima tendrá que aclarar a la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) más de 203 millones de pesos que se destinaron
a la entidad en 2023 a través de diferentes fondos federales, debido a la falta
de claridad en el uso de tales recursos, sobrecostos, falta de documentación
comprobatoria, entre otros motivos. Señala el máximo órgano fiscalizador del país que el monto
observado a la administración colimense representa el 9.5 por ciento del total
de la muestra que se revisó, el valor más alto de todo el país, lo que resulta
preocupante pues refleja una situación irregular en el manejo de los recursos. Más grave todavía es que más de 180 millones de pesos que
se utilizaron contraviniendo disposiciones legales corresponden a rubros
destinados a la seguridad pública, una de las áreas más sensibles y con mayores
necesidades de atención por parte de las instituciones. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el
gobierno de Colima deberá aclarar el uso de 141 millones 400 mil pesos del
Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), por no presentar
documentación justificativa, servicios no realizados y conceptos no
autorizados. Además, se requirió a la administración estatal la
justificación del uso de 18 millones 200 mil pesos correspondientes al Fondo
para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), por
el pago de sobrecosto y falta de documentación justificativa. Las cifras pendientes de justificación en el uso de esos
dos fondos federales son las más altas del país, lo que resulta un
contrasentido precisamente en una de las entidades con mayores índices de
violencia y criminalidad, con primeros lugares en homicidios, extorsión y
desapariciones. Resulta inadmisible que el dinero se gaste mal, con
opacidad y sin rigor precisamente en el rubro de seguridad, donde existen
indicadores que muestran un deterioro acelerado de la calidad de vida en la
entidad, como resultado de la acción impune de las organizaciones delictivas. Sugieren las observaciones de la ASF una displicencia
inédita en el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad
Pública, pues se trata de partida escasa que debería ejercerse con todo rigor
para evitar sangrías o gastos que no son indispensables. En su segundo Informe de Resultados de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2023, la ASF también realizó observaciones al uso
de 41 millones de pesos utilizados ese año para la rehabilitación del Parque
Arqueológico La Campana, uno de los proyectos emblema del pasado y del actual
régimen. Para ese caso, el órgano fiscalizador detectó pagos que no
se comprometieron, se devengaron y se pagaron dentro de los plazos establecidos
por la ley, además de que se comprobó que la obra estaba en proceso de
ejecución, por lo que no brindaba un beneficio a la población objetivo. El informe de la Auditoría Superior confirma lo que el
sentido común de los colimenses anticipaba desde hace tiempo: se han invertido
millones de pesos en La Campana desde la administración de Ignacio Peralta
Sánchez, y ahora con la de Indira Vizcaíno Silva, que muy poco se reflejan en
ese sitio.
El gobierno estatal tendrá que aclarar los más de 200
millones de pesos observados; seguramente tendrá sus justificaciones, pero lo
cierto es que las auditorías federales confirman que en materia de uso de los
recursos públicos muy pocas cosas han cambiado desde que gobernaba el PRI.
Prevalece la opacidad, los probables actos de corrupción y por supuesto, la
impunidad para los responsables.
