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Impulsos al estado



LUNES POLÍTICO


Lunes 03 de Marzo de 2025 8:00 am


LA constante presencia de la presidenta de la República en el estado refleja cómo se tiene considerado a Colima en los planes nacionales, y es posible ver esto con la inyección de recursos que desde Gobierno Federal se realizan para mejorar la infraestructura, que abarca tanto la construcción de viviendas como la edificación de puentes vehiculares Esto, en conjunto con el trabajo para la metropolización que alcaldes han mencionado desde enero,

promete catalizar la imagen del estado y la integración entre los municipios.

La visita de Claudia Sheinbaum Pardo a Manzanillo y Cuauhtémoc se relacionó en gran medida al programa de viviendas; sin embargo, no se dejó pasar la oportunidad para afirmar que existen más proyectos en puerta, relacionados a la optimización de la conectividad entre los municipios, además de las obras consideradas para el puerto.

La colaboración estrecha entre los tres niveles de gobierno será esencial para garantizar la eficiencia y transparencia en la ejecución de dichas obras, que traerán consigo beneficios a la economía y la cohesión social.

Desde una perspectiva económica, por ejemplo, la inversión que se plantea podría generar una mayor cantidad de empleos directos e indirectos en el sector de la construcción y en industrias afines, además del desarrollo del sector turístico y comercial.

Aunque el foco se encuentre en el programa de viviendas, y el objetivo principal sea reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida de las familias colimenses, de manera general, la inclusión de Colima en el Plan Nacional de Desarrollo y su proyección en iniciativas futuras, representa una oportunidad histórica para el estado.

La colaboración entre los niveles de gobiernos, el sector privado y la sociedad colimense trae consigo la garantía de que los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se cumplirán. Por ello, no será extraño que las visitas de la presidenta Sheinbaum Pardo sean más frecuentes durante la realización del proyecto de construcción de los arcos Norte y Sur, así como el desarrollo de Viviendas del Bienestar, e inclusive después.

Se espera evaluación y diálogo constante, como ya se ha demostrado que existe entre el Gobierno federal y estatal. Más allá de la afiliación política que las une, existe una genuina disposición por trabajar de manera colegiada con distintas autoridades y dependencias, sin distinción de partidos, a fin de lograr las metas establecidas dentro de ambas administraciones.

Al final, la oportunidad para transformar el estado se encuentra vigente, y el mayor beneficio deberá estar al final reflejado en la vida de las y los colimenses.

 

 

Preservación del medio ambiente

Al conmemorarse el Día Mundial de la Naturaleza, resulta pertinente poner sobre la balanza el avance en medidas de protección de flora y fauna, lo que se ha realizado y lo que faltaría por hacer sobre propuestas planteadas el pasado proceso electoral en diversas campañas.

El uso desmedido de recursos naturales y la caza indiscriminada de animales, algunos en peligro de extinción, sin un plan concreto para asegurar la protección del medio ambiente, es el principal problema en la actualidad cuando se habla de cuidad ambiental.

Ante este panorama, la ONU estableció el 3 de marzo para identificar las preocupaciones más relevantes que genera el acelerado ritmo de consumo en el mundo. Y la concientización, aunque importante, ya no es acción suficiente para generar un cambio positivo para las generaciones actuales y futuras.

Colima es actualmente el quinto lugar a nivel nacional en el subíndice de Sociedad y Medio Ambiente, lo que habla de un impacto de políticas implementadas en los últimos años. Pero el avance no debe ser solo estatal, sino nacional en cuanto a calidad de vida y medio ambiente.

Dentro de las iniciativas planteadas por diferentes aspirantes a puestos públicos locales y nacional, en algunas se hizo mayor énfasis, como lo es la preservación, protección y reforestación de áreas forestales, y cuidado de cuerpos de agua.

La protección de los bosques, ríos y lagos requiere una coordinación efectiva Gobierno-ciudadanía. Mientras las administraciones establecen mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir los avances y retrocesos en la protección del medio ambiente, dentro de la sociedad, la comunicación y la educación ambiental son herramientas clave para promover la conciencia ambiental y la participación ciudadana. Para ello, campañas de comunicación y programas de educación ambiental que informen a la población sobre los desafíos ambientales y que promuevan la adopción de prácticas sostenibles, es clave.

En general en el país, urge enfatizar en la diversidad y la riqueza de la fauna silvestre, además de promover la conciencia sobre la importancia de su conservación, para que así, en lo individual, impere la necesidad de proteger los hábitats naturales.

La protección del medio ambiente es un desafío que concierne a todos, y el alcance de los tres niveles de gobierno, e instituciones relacionadas con el cuidado del mismo, será crucial para lograrlo.

 

Las ministras consentidas

Muchas son las inconsistencias que se han evidenciado durante todo el proceso de la selección de candidatos a los cargos de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. La improvisación, la premura y el desaseo dan espacio a los errores y las situaciones cuestionables que restan seriedad a la renovación de los espacios jurisdiccionales en el país.

La semana pasada, diversos medios de comunicación dieron a conocer que en caso de resultar electas como ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa permanecerían en su cargo hasta 17 años.

Tal situación estaría permitida debido a la enmienda constitucional aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso del Estado, no obstante que representa un contrasentido frente a la necesidad de oxigenar y renovar el Poder Judicial que argumentaron los legisladores oficialistas cuando aprobaron la reforma.

La enmienda constitucional en materia judicial establece que los ministros de la SCJN durarán en su cargo entre ocho y 11 años, dependiendo del número de votos que obtengan en los comicios del primer domingo de junio. Entre más sufragios obtenga un candidato, más tiempos permanecerá en su puesto.

No obstante, esa misma reforma precisa que los ministros que actualmente se encuentran en funciones y participen en la elección obteniendo la victoria en las urnas, tendrán el derecho a que se respete su nombramiento original, mismo que fue por un periodo de 15 años.

En ese supuesto se encuentran las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, todas ellas plenamente identificadas con el proyecto de la Cuarta Transformación, así como con las decisiones y políticas emanadas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum.

De manera adicional al periodo de 15 años para el que fueron electas, las ministras podrían gozar de una prórroga, pues si la finalización de su periodo en el cargo no coincide con un año de elecciones, su permanencia se extendería hasta la fecha de los comicios.

Por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel debería concluir su encargo en 2034, si resultara electa, pero permanecería en el puesto hasta 2036, cuando hay elección federal, lo que implica que tendría una prórroga de dos años. En tanto que en el caso de Lenia Batres concluirá en 2038, pero terminaría su periodo hasta 2039, fecha de los comicios inmediatos.

Además de los muchos cuestionamientos que ha generado la reforma judicial, debe agregarse que supeditar la renovación de los ministros a los tiempos políticos y no a un marco normativo fijo, erosiona la certeza jurídica y abre la puerta a interpretaciones discrecionales de la ley.

La eventual permanencia de Lenia Batres y Yasmín Esquivel en sus cargos hasta por 16 y 17 años, respectivamente, evidencia la inequidad del nuevo modelo judicial, pero además, consolida la idea de que la enmienda judicial busca, a final de cuentas, alinear el Poder Judicial al régimen dominante.