Confianza mayoritaria en los jueces

Lunes 10 de Marzo de 2025 8:24 am

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EL Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la semana pasada y a propósito de la conmemoración de la celebración del día de quienes se dedican a esta actividad, dio a conocer que 60 por ciento de la población de 18 años sí conoce a las personas juzgadoras en el país y les tiene confianza.

Tal dato es revelador y se difunde a unos pocos meses de la elección que se realizará en todo el país justamente para concluir de manera anticipada el periodo de muchos de esos jueces, así como de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados de diversas instancias jurisdiccionales.

La estadística del Inegi echa por tierra muchos de los argumentos que esgrimieron los miembros más destacados del régimen de la Cuarta Transformación para diseñar y ejecutar la reforma judicial, toda vez que muestra una aprobación mayoritaria de la población al trabajo de los impartidores de justicia.

Si ya antes la enmienda constitucional parecía errónea y tergiversada, ahora con más razón resulta un contrasentido que sean removidos de su cargo funcionarios judiciales que cuentan con el aval de la población. Es obvia, entonces, la existencia de otras motivaciones para esta radical transformación del Poder Judicial.

De acuerdo con los datos del Inegi para Colima, 61.9 por ciento de los ciudadanos de la entidad tienen confianza en sus jueces, una cifra todavía mayor a la del promedio nacional, a pesar de los esfuerzos del oficialismo por desacreditar el trabajo de administración de la justicia.

Si aun con ese promedio de aceptación muchos jueces locales tendrán que dejar sus cargos, o bien someterse a la siempre cambiante voluntad del electorado, entonces qué tendría que pasar con otros servidores públicos que registran porcentajes más bajos de aprobación o en algunos casos, son sujetos del total descrédito popular.

Por ejemplo y de acuerdo con el promedio de las encuestas que se han publicado recientemente, el Gobierno estatal, las alcaldesas y alcaldes de los principales municipios de la entidad registra 55 por ciento de aprobación.

De los diputados locales y federales, ni hablar. Desde hace años son blanco del repudio popular por su escasa productividad, su poca identificación con las causas populares y su proclividad a representar intereses cupulares antes que a los ciudadanos que les otorgaron el voto. En la lógica que sostiene la Reforma Judicial, los servidores públicos también tendrían que someterse al escrutinio popular.

Al margen de tales consideraciones, las cifras del Inegi aumentan las dudas sobre la pertinencia y necesidad de llevar a cabo la elección judicial que en Colima tendrá un costo aproximado de 50 millones de pesos. Está claro que la confianza de la sociedad en los jueces nunca fue un motivo real para esta reforma.

 

Asamblea Ciudadana

EL tema de la negociación arancelaria entre México y EUA generó tal impacto, que al mitin asistieron 350 mil personas, que empezaron a arribar desde las 6 de la mañana.

Antes de la llegada de la presidenta, se ofreció al público un ameno número musical, aunque lo que mantenía expectante a la mayor parte de la ciudadanía, asistiera o no, era la postura que México asumiría ante el tema de “sí y no” que imperó entre ambos países con respecto a los aranceles.

Muchas cosas pueden rescatarse de este evento. Pero una de las más importantes para Colima fue la asistencia de la mandataria estatal, Indira Vizcaíno Silva, pues representa una propuesta de trabajo más cercano con directivos federales ante temas que en el discurso Sheinbaum abordó, y que bien podrían entrar en los asuntos urgentes del nuestro y muchos otros estados.

Mucho de lo que se escuchó decir a la presidenta seguirá con eco a los asistentes al evento, en especial a funcionarios, pues no solo se habló sobre Donald Trump, y de las relaciones internacionales que el país mantiene y que reforzará, sino del compromiso adquirido con la salud pública en el país.

Tres puntos serán indispensables para Colima, pues de su seguimiento dependerá una mejora en la calidad de vida de sus habitantes: atención a las causas, inteligencia e investigación, y coordinación.

En este último punto se hizo hincapié. No solo coordinación entre Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México y Fiscalía, sino entre autoridades federales y estatales, clave para el funcionamiento efectivo de un país.

Esta interacción planteada en el mitin como algo fundamental después de la asamblea permitirá una coordinación fluida en la implementación de políticas públicas, la gestión de recursos y la respuesta inmediata y efectiva a situaciones de emergencia.

Además, la participación activa que tendrán los gobiernos estatales en la toma de decisiones a nivel nacional fortalecerá la percepción ciudadana y la confianza en las autoridades. Esta colaboración y movimiento de información detallada sobre los estados que necesitan con urgencia la colaboración permanente en temas de seguridad, llevarán a un mejor aprovechamiento de recursos disponibles, además de implementar soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades de cada entidad.

Este mitin será el punto de convergencia para que se inicie, y en el caso de Colima, se refuerce la colaboración entre niveles de gobierno e instituciones con funciones específicas, para responder de manera particular a los problemas que enfrenta Colima y otros estados.

 

Proyecto en controversia

RECIENTEMENTE se ha hablado sobre el Proyecto Saguaro Energía y las implicaciones, tanto positivas como negativas, que tendrá en el país. La conversación escaló hace poco hasta la conferencia matutina de Palacio Nacional, donde Sheinbaum, durante su Mañanera del 21 de enero, admitió desconocer el estado actual de la evaluación del proyecto.

Se tiene considerada la construcción de Saguaro en Puerto Libertad, Sonora, y se centra en la construcción de un gasoducto de 800 kilómetros y una terminal de gas natural licuado, con una capacidad de 15 millones de toneladas por año. Este proyecto prevé también el tránsito de buques a través del Golfo de California, razón por la cual tiene tantas opiniones en contra, pues esto pondría en riesgo la vida de varias especies marinas.

Al atentar contra el bienestar de animales de la región, la iniciativa enfrenta actualmente cinco juicios de amparo que impiden el inicio de su construcción.

Según datos de la organización MAREA, dedicada a promover la conservación marina y el entendimiento de dicha fauna, este proyecto pone en peligro al 39 por ciento de los mamíferos marinos del mundo que habitan el Golfo de California, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, alberga y una tercera parte de los cetáceos.

Y aunque podría citarse información de Greenpeace o del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales, resulta más próximo conocer la opinión de organizaciones civiles, ambientalistas y comunidades mexicanas, todos expertos en el tema, que se han manifestado públicamente a través de movilizaciones sociales y acciones legales, buscando también entablar un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, doctora en ingeniería ambiental.

Activistas que se han manifestado contra el proyecto se han mostrado confiados al reconocer que México tiene una ventaja con la llegada de Sheinbaum al Ejecutivo: el tener una científica climática como presidenta de México, señalaron durante su última protesta, “es algo que muchos países desearían tener dada la urgencia que hay por actuar con congruencia frente al clima”.

El poner este tema en la mesa del actual Gobierno podría abrir el diálogo a otros proyectos que se llevan a cabo desde el sexenio anterior y que enfrentan fuertes cuestionamientos relacionados al medio ambiente, como podría ser el Tren Maya, para el que grupos indígenas y campesinos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, obtuvieron hace poco una suspensión definitiva para la construcción de los tramos 5 Norte, 5 Sur y 7.