Tope de gastos a candidatos

EDITORIAL
Martes 18 de Marzo de 2025 9:03 am
EL Consejo General del
Instituto Electoral del Estado (IEE) determinó que cada persona candidata a las
magistraturas y juzgados de primera instancia, podrá gastar un máximo de 132
mil pesos durante las campañas de la elección extraordinaria del Poder Judicial
que comenzarán este fin de mes. Dicho tope de gastos de
campaña se estableció tomando en cuenta los recursos que pueden invertir los
candidatos independientes a una diputación local, así como las disposiciones
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la correspondiente
del estado de Colima. Serán 86 los candidatos que
buscarán uno de los 46 cargos en disputa durante los comicios del Poder
Judicial: 10 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y cinco más del
Tribunal de Disciplina Judicial, así como 31 espacios titulares en igual número
de Juzgados de Primera Instancia. Los gastos de esta campaña
correrán por parte de las personas candidatas, toda vez que en este proceso
electoral no está permitido el financiamiento público ni el privado por parte
de terceros, además de que no se podrán contratar espacios en radio y televisión. Una vez que se definió el tope
de gastos de campaña, solo resta que el gobierno estatal se pronuncie sobre los
48 millones que el Instituto Electoral del Estado solicitó para llevar a cabo
todas las tareas correspondientes a la elección, incluyendo la elaboración de
boletas, capacitación electoral y contratación de personal. Hasta ahora, las autoridades
estatales no han emitido posicionamiento alguno sobre la cifra requerida.
Tampoco lo han hecho los diputados locales, quienes en todo caso fueron los
autores de la reforma al Poder Judicial del Estado y eventualmente tendrían que
aprobar una reasignación presupuestal.
El proceso electoral ya está
en marcha y como sucede desde hace unos años, el órgano electoral apenas cuenta
con recursos suficientes para mantener su operatividad ordinaria; sería
imposible que pueda organizar un proceso extraordinario sin el debido apoyo de
las instituciones señaladas.