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Tope de gastos a candidatos



EDITORIAL


Martes 18 de Marzo de 2025 9:03 am


EL Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) determinó que cada persona candidata a las magistraturas y juzgados de primera instancia, podrá gastar un máximo de 132 mil pesos durante las campañas de la elección extraordinaria del Poder Judicial que comenzarán este fin de mes.

Dicho tope de gastos de campaña se estableció tomando en cuenta los recursos que pueden invertir los candidatos independientes a una diputación local, así como las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la correspondiente del estado de Colima.

Serán 86 los candidatos que buscarán uno de los 46 cargos en disputa durante los comicios del Poder Judicial: 10 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y cinco más del Tribunal de Disciplina Judicial, así como 31 espacios titulares en igual número de Juzgados de Primera Instancia.

Los gastos de esta campaña correrán por parte de las personas candidatas, toda vez que en este proceso electoral no está permitido el financiamiento público ni el privado por parte de terceros, además de que no se podrán contratar espacios en radio y televisión.

Una vez que se definió el tope de gastos de campaña, solo resta que el gobierno estatal se pronuncie sobre los 48 millones que el Instituto Electoral del Estado solicitó para llevar a cabo todas las tareas correspondientes a la elección, incluyendo la elaboración de boletas, capacitación electoral y contratación de personal.

Hasta ahora, las autoridades estatales no han emitido posicionamiento alguno sobre la cifra requerida. Tampoco lo han hecho los diputados locales, quienes en todo caso fueron los autores de la reforma al Poder Judicial del Estado y eventualmente tendrían que aprobar una reasignación presupuestal.

El proceso electoral ya está en marcha y como sucede desde hace unos años, el órgano electoral apenas cuenta con recursos suficientes para mantener su operatividad ordinaria; sería imposible que pueda organizar un proceso extraordinario sin el debido apoyo de las instituciones señaladas.