Un adiós definitivo

Lunes 31 de Marzo de 2025 8:53 am

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MADRES y padres colimenses han recibido ya los nuevos menús a implementar en las escuelas de educación básica, en los que ya no figuran refrescos, frituras o dulces. Ahora, los snacks serán opciones saludables con los mínimos de sal y azúcar.

Esto debido a la implementación de la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, que la Secretaría de Educación Pública impulsa en todo el país para fomentar hábitos saludables. La estrategia no solo implica eso; También se realizarán sesiones de actividad física, programas de salud mental estudiantil y entrega gratuita de lentes para alumnos que los necesiten.

En Colima, esta estrategia comenzó el 12 de marzo, con un censo de peso y talla, deficiencia visual y salud bucal a estudiantes de primarias públicas. La implementación se había informado desde el año pasado, pero ya se tenía un acercamiento desde que los alimentos empaquetados fueron presentados al público con pequeños sellos sobre los excesos en su contenido: calorías, azúcar, sal y grasas saturadas, edulcorantes y grasas trans. Sellos que poco impacto tuvieron en las cantidades de consumo de las y los mexicanos.

El objetivo es válido y la propuesta es interesante, pero la costumbre de los consumidores no ha permitido que la estrategia tenga los resultados deseados. Es por eso por lo que ahora, las autoridades reforzarán las medidas para obtenerlos.

Este parece ser un adiós definitivo a la comida chatarra en las escuelas de educación básica por muchas razones. El personal encargado de elaborar y gastar los alimentos estará capacitado y se le facilitará un temario de productos permitidos. Además, con anterioridad, la Secretaría tiene ya un registro de las escuelas que venden alimentos fuera del horario oficial, o que tienen máquinas expendedoras en las instalaciones.

Sin embargo, la razón principal para pensarlo es la lista de sanciones para quienes incumplan con la encomienda. La multa mínima ronda los 11 mil pesos, y la máxima se encuentra sobre los 113 mil, y podría ir acompañada de la revocación de la validez oficial de estudios para las autoridades educativas que no acaten la norma.

Las consecuencias suenan imponentes porque el problema también lo es: el sobrepeso y la obesidad infantil es uno de los mayores problemas de salud pública a nivel nacional. En el estado de Colima, la prevalencia, según últimos registros de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, es de 33.5 por ciento de sobrepeso u obesidad en menores de edad.

Esta batalla contra los malos hábitos alimenticios y de salud no se puede ganar si madres, padres o tutores no están involucrados y comprometidos. Las sanciones podrían ser más incisivas, pero si no se reconoce como problema a nivel social, de poco servirá, en Colima y el resto del país, que se refuerce la buena alimentación en las escuelas, si fuera de ellas los cambios no prevalecen.

 

Retroceso en transparencia

 

LA diputada local de Morena, Priscila García Delgado, confirmó la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Colima (Infocol), organismo que procesaba y gestionaba las solicitudes de información que los ciudadanos realizaban a las instancias de gobierno, sindicatos y partidos políticos.

Las funciones que realizaba el órgano autónomo y garantía del derecho a la información, ahora serán absorbidas por la Contraloría General del Estado, una oficina que depende directamente del Poder Ejecutivo.

La medida a nivel nacional podría parecer contradictoria y significaría un retroceso a los ya de por sí endebles avances en materia de transparencia, pues, así como en Colima, en los demás estados podrían ser instituciones gubernamentales las encargadas de procesar las solicitudes de información que realizan los ciudadanos.

¿Qué prevalecerá en las resoluciones que emita cualquier institución que absorba las funciones del Infocol y se encuentre relacionada al Ejecutivo de cada estado? De esta respuesta dependerá que, en materia de transparencia, México tenga un avance o un retroceso.

La extinción del Infocol también representa un fracaso de la ciudadanización de las tareas de vigilancia de las instituciones, pues el cumplimiento de las obligaciones de transparencia representaba un dique para los excesos de los funcionarios y servidores públicos.

Sin mecanismos de control, al menos en el tema del manejo de la información, las autoridades de todos los niveles, cada vez menos fiscalizadas, tienden a incurrir en diversas anomalías, tanto en el ejercicio de la gobernanza como en el manejo de los recursos públicos.

A partir de 2018, con la llegada del régimen de la Cuarta Transformación al Gobierno Federal, el acceso a la información gubernamental se convirtió en una tarea cada vez más complicada; se cancelaron de facto las políticas públicas en el ámbito de la transparencia y se institucionalizó la opacidad.

La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y ahora del órgano estatal, solo es la culminación de una serie de esfuerzos por acotar el derecho a la información y llevar de nuevo a la oscuridad de las oficinas de todos gobierno los archivos y documentos que tendrían que ser públicos.

Sin la fiscalización social, misma que se logra a través de la existencia de organismos garantizados, los entes gubernamentales tienden a la corrupción, un mal que se dice combatir en la administración actual, pero que con acciones como la desaparición del Infocol más bien tiende a proliferar.

La concentración de funciones en dependencias gubernamentales no es sana para la democracia, atenta contra derechos fundamentales de las personas y cancela avances que la sociedad logró mediante esfuerzos colectivos de muchos años. La omnipresencia del Estado en la vida pública es signo de atraso, pero además es peligrosa, como se ha demostrado en otros países.

 

Europa se prepara para… ¿lo peor?

 

LA Unión Europea ha dado un paso inusual al pedir a sus ciudadanos que almacenen alimentos, agua y suministros esenciales para al menos 72 horas. No es una recomendación cualquiera: es un llamado que recuerda tiempos de guerra y desastres inminentes.

Hadja Lahbib, comisionada de Preparación y Gestión de Crisis, justificó esta nueva estrategia con un argumento contundente: las amenazas en Europa son cada vez más complejas e interconectadas. Conflictos bélicos, ciberataques, crisis climáticas y pandemias han dejado claro que la improvisación ya no es una opción. Pero esta advertencia no surge en el vacío; Llega en un momento de creciente tensión geopolítica. 

La guerra en Ucrania sigue sin una resolución clara, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advierte sobre un posible ataque ruso antes de 2030, y Donald Trump ha dejado en claro que Estados Unidos no seguirá siendo el escudo protector de Europa sin costos. En este contexto, la UE no solo busca fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias, sino también construir una narrativa de autosuficiencia ante un mundo cada vez más inestable. 

El llamado a la preparación no es nuevo en algunos países europeos. Francia, Finlandia y Suecia han actualizado sus estrategias de emergencia en los últimos años, y ahora la UE quiere que esta mentalidad se generalice. También planea una “reserva estratégica” con recursos críticos, desde aviones contra incendios hasta equipos de protección contra amenazas químicas, biológicas y nucleares. 

La pregunta clave es: ¿este llamado es un ejercicio de responsabilidad o una estrategia para normalizar el miedo? Porque, aunque prepararse ante crisis es necesario, también lo es preguntarse qué mensaje se envía a la población cuando se le pide acumular provisiones como si se trata de un inminente apocalipsis. 

Si bien la historia nos ha enseñado que la prevención salva vidas, también ha demostrado que el miedo puede ser una herramienta política poderosa. En un continente golpeado por la crisis energética, la inflación y el ascenso de movimientos ultranacionalistas, la incertidumbre puede ser combustible para agendas políticas que buscan reforzar el control y justificar medidas extraordinarias. 

Prepararse es esencial, pero la UE debe garantizar que este llamado no se convierta en una excusa para la militarización o para desviar la atención de problemas estructurales como la desigualdad o la falta de acceso a servicios básicos. Porque si algo es seguro en tiempos de crisis, es que no todos podrán llenar sus despensas con la misma facilidad.

Europa se prepara, sí. Pero más allá de las reservas de agua y alimentos, lo que realmente debería preocuparnos es quiénes podrán protegerse y quiénes quedarán a la deriva cuando llegue la tormenta.