Un estado incluyente

Lunes 21 de Abril de 2025 8:47 am

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EN este periodo vacacional, entre la oferta turística que a nivel estatal se extendió a locales y turistas, destacó la inauguración del Río Incluyente en la comunidad Picachos, perteneciente al municipio de Villa de Álvarez, como un lugar que podría ofrecer diversión a todas las personas que lo eligieran destino en Semana Santa.

El Río Incluyente sin duda refleja un avance en accesibilidad e integración social. Sin embargo, la creación de un espacio recreativo donde personas con discapacidad pueden disfrutar de las instalaciones de manera autónoma y segura plantea a los colimenses la interrogante: ¿no debería todo lugar recreativo ser apto para que la ciudadanía pueda disfrutar de él?

La respuesta, desde una perspectiva de equidad, es afirmativa, pero para ello el camino es aún largo, pues se debe garantizar que todos y todas puedan participar plenamente en sociedad sin enfrentar obstáculos innecesarios. Esta y muchas más acciones que se han realizado por parte de las autoridades estatales y municipales demuestran que es posible crear espacios accesibles, lo que debería verse reflejado también en el desarrollo de futuros proyectos.

La inclusión no sería una característica adicional si se planteara un entorno apto para ser usado por todas las personas. La existencia de espacios que requieren la etiqueta “incluyentes” deja ver que aún persisten barreras en el entorno. Edificios públicos y privados, y el sistema de transporte público distan de ser una opción para personas con discapacidad, adultos mayores o personas con movilidad reducida temporal.

La creación del Río Incluyente en Villa de Álvarez es positiva pues se reconoce el derecho al disfrute del espacio público para todas las personas. No obstante, este logro también debería servir como un recordatorio para avanzar hacia un contexto donde la accesibilidad sea la norma y no la excepción.

Muchas cosas son dadas por hecho: subir escaleras, leer letreros pequeños, pasear por alguna plaza, salir en vacaciones familiares a algún destino turístico, pero para una parte de la población, estas acciones pueden ser un verdadero desafío.

 

Entender y atender las cifras

 

EL Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común, referente a marzo del presente año, fue recientemente publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y Colima se llevó una posición alta en cuanto a víctimas de homicidio doloso a nivel nacional.

La entidad colimense encabezó la tasa de delitos relacionado a homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, puntuada con 7.82, seguida de Guanajuato (5.25), Morelos (4.62), Chihuahua (4.43) y Sinaloa (4.24).

Este indicador, que relaciona el número de presuntos delitos con el tamaño de la población, sitúa a Colima en una posición que, a primera vista, genera preocupación en la ciudadanía. Sin embargo, es importante contextualizar la información. La razón por la que se realiza así el cálculo es porque permite realizar comparaciones proporcionales entre estados con poblaciones diversas, y estandariza los resultados.

En realidad, por entidad federativa, Colima se encuentra en el puesto 17 en cuanto a número de víctimas. Este número, aunque más alejado del top 5, continúa siendo significativo, y su posición señala la necesidad de una atención prioritaria en materia de seguridad.

La seguridad pública es un elemento fundamental para garantizar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Una alta incidencia delictiva relacionada a homicidios dolosos, independientemente del número absoluto de delitos, generan un clima de inseguridad y afectan la confianza en las instituciones.

Otro dato importante que arrojó el informe de la SESNSP fue la variación del número de víctimas de homicidio doloso por entidad entre febrero y marzo de 2025, donde Colima mostró un aumento. Por tanto, las autoridades competentes en el estado tendrían a bien tomar en consideración estas estadísticas y redoblar los esfuerzos para fortalecer las estrategias de prevención.

La colaboración entre los niveles de gobierno, así como la participación de la sociedad civil, son esenciales para lograr avances significativos en materia de seguridad. Fomentar la denuncia ciudadana y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones policiales y de justicia son clave en este proceso.

El análisis de este tipo de estadísticas delictivas es fundamental para informar a la población y para permitir una evaluación objetiva de la efectividad de las políticas de seguridad. Del seguimiento constante de tales indicadores dependerán los ajustes necesarios en las estrategias de seguridad que se realizan en el estado.

 

Militarización fronteriza

 

LA reciente decisión del presidente Donald Trump, de transferir al Ejército estadounidense el control de una franja fronteriza (la llamada Reserva Roosevelt) despierta inquietudes legítimas para México y para cualquiera que defienda el estado de derecho.

A pesar de que esta zona, de 18.2 metros de ancho y que recorre desde Nuevo México hasta California, se encuentra enteramente en territorio estadounidense, su conversión en base militar representa un claro endurecimiento en la política migratoria y un nuevo gesto de hostilidad hacia quienes cruzan esa frontera.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que esta es una decisión soberana del país vecino, también ha advertido que se ha enviado una nota diplomática para expresar la inquietud de México.

Aun así, resulta preocupante el tono condescendiente de la mandataria al decir que “no sabe si es para seguir construyendo el muro” y que lo único que pide es “respeto y coordinación”. ¿Es eso suficiente ante la posibilidad de que el Ejército de un país extranjero pueda actuar tan cerca de nuestro territorio y que incluso ponga en riesgo a migrantes mexicanos?

Pero si la iniciativa de Trump levanta alarmas, los hechos ocurridos en Tijuana el 9 de abril suenan directamente a una violación de soberanía nacional. En ese operativo, donde fue asesinada la agente de la FESC Abigail Esparza, se ha señalado la posible participación de oficiales estadounidenses que habrían huido del lugar tras el tiroteo. Las placas de los vehículos, presuntamente estadounidenses, son un indicio serio que no puede ignorarse.

Frente a esta acusación, la respuesta de Sheinbaum fue tibia e imprecisa: “No debe de ser”, dijo, aunque reconoció que investigarán. Pero la mandataria también aseguró que no tenían información sobre la participación de agentes extranjeros. ¿Cómo es posible que una acción de alto riesgo, en la que se buscaba a un prófugo de EUA (César Moisés Hernández), pudiera desarrollarse con tan poca transparencia?

La opacidad, en este caso, es tan preocupante como el crimen mismo. La presencia de fuerzas extranjeras en operativos nacionales debe estar no solo regulada, sino absolutamente justificada y con conocimiento pleno de las autoridades mexicanas. De lo contrario, estamos ante actos de intervención disfrazada de cooperación.

Y mientras esto ocurre, el Gobierno Federal presume una caída del 97 por ciento en cruces ilegales, el aumento del 70 por ciento en incautaciones de fentanilo y de una disminución de hasta 45 por ciento en decomisos de otras drogas, como resultado de la “colaboración” con EUA. Las cifras suenan espectaculares, pero no pueden comprarse a costa de la soberanía ni de la vida de los elementos mexicanos. ¿Cuánto más está dispuesto a ceder el gobierno mexicano por mantener buenas relaciones y evitar aranceles?