Una decisión informada

Lunes 28 de Abril de 2025 8:40 am

---

EL proceso electoral judicial del 1 de junio se perfila como un ejercicio histórico, no solo porque es algo inédito, también por la cantidad de recursos de diversa índole que se invertirán en él, además de la complejidad logística y la necesidad de una participación ciudadana informada de lo que implica esta elección en cada una de las 17 entidades que participarán en los comicios.

Para Colima, a nivel estatal, se elegirá a 10 magistraturas del Tribunal de Justicia del Estado; cinco magistraturas Tribunal de Disciplina Judicial, y 31 juezas y jueces. Al ser tales los cargos, y considerando la complejidad del sistema (con relación a la dinámica en elecciones ordinarias), en el que se usarán seis boletas de distintos colores y habrá división de candidatos por género, la atención de las y los colimenses en el proceso debe ser cuidadosa y premeditada.

El Instituto Electoral del Estado de Colima emitió ya las listas nominales para la elección al Poder Judicial, y en el sitio oficial del instituto se encuentra disponible la información sobre las diferentes candidaturas para el cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Tribunal de Disciplina Judicial y a juezas o jueces de Primera Instancia.

En este sentido, conocer a los candidatos, sus trayectorias profesionales, sus propuestas y sus posturas sobre temas relevantes para la justicia en Colima, es ejercer de manera responsable el derecho al voto.

Para el cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado se tienen 25 contendientes; para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 12, y para el cargo de juezas y jueces de Primera Instancia, 46 candidatas y candidatos.

Por tanto, la magnitud de la elección resalta la importancia de que las y los colimenses se involucren de manera consciente y responsable. Del resultado de esta elección depende la impartición de justicia y la resolución de conflictos en la entidad.

Es importante para quienes acudirán a las casillas considerar que la posible duración es de hasta 14 minutos por votante, debido a la necesidad de manejar nueve boletas. La necesidad de seleccionar candidatos por número, en lugar de por nombre, y la división por género y especialidad, exigen una atención cuidadosa y un conocimiento profundo de los perfiles de los candidatos.

La participación de una ciudadanía informada en cualquier proceso es clave para garantizar la legitimidad del mismo, y más importante cuando se trata de un evento inédito en el país y tal vez de una oportunidad de fortalecer el sistema judicial en Colima.

 

Desaparecer la verdad

 

LA desaparición de personas en México ha dejado de ser una tragedia aislada para convertirse en una marca indeleble del Estado contemporáneo. Con más de 127 mil personas desaparecidas y 72 mil cuerpos sin identificar, México no enfrenta solo una crisis humanitaria: enfrenta una crisis moral de dimensiones históricas. Por eso no sorprende (aunque debería alarmarnos) que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU haya activado por primera vez en su historia el Artículo 34 de la Convención Internacional. El mensaje es claro: el mundo ya no puede ignorar lo que aquí pasa.

Mientras tanto, la administración de Claudia Sheinbaum responde con la vieja fórmula que tanto daño ha hecho: negar, minimizar, atacar al mensajero. Acusar al CED de actuar de manera “unilateral” o “descontextualizada” no cambia los hechos brutales: cada día desaparecen en promedio 56.6 personas, la impunidad alcanza el 99 por ciento y las fosas clandestinas suman más de 5 mil 600. ¿De verdad alguien puede afirmar con seriedad que no hay una responsabilidad estructural del Estado?

El asesinato reciente de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez en Jalisco (ella buscaba a su hijo Ernesto Julián, desaparecido desde 2024) y el de Teresa González Murillo (que trataba de encontrar a su hermano desaparecido el año pasado), son tragedias que deberían sacudir cualquier conciencia. En México, buscar a un hijo, un hermano o un familiar es un acto de heroísmo que se paga, muchas veces, con la vida. Desde 2010, 27 buscadoras han sido asesinadas y tres han desaparecido.

Ante esta devastadora realidad, el CED no hace sino pedir lo mínimo: transparencia, colaboración internacional y reformas estructurales, entre ellas, la creación de un mecanismo de identificación forense independiente. México debería ver en estas recomendaciones una oportunidad, no una amenaza. El fortalecimiento de las instituciones forenses, el impulso de la justicia transicional y el combate real a la aquiescencia estatal no son lujos, son necesidades en cualquier democracia que aspire a serlo.

Sin embargo, el camino elegido por el gobierno parece otro: el de la negación y la confrontación. Preparar un “recurso legal” contra el presidente del CED, Olivier de Frouville, es un acto que solo alimentará el daño reputacional de México en la arena internacional. Llevar la crisis ante la Asamblea General de la ONU no es un capricho, como señaló Rainer Huhle, exintegrante del CED: es la consecuencia natural de una década de omisiones, complicidades y discursos vacíos.

La realidad que niegan desde el Palacio Nacional se sigue escribiendo en la tierra removida de fosas clandestinas, en las calles de Colima, Jalisco, Tamaulipas o el Estado de México, y en los gritos ahogados de quienes buscan a los suyos. Si México no tiene el valor de mirarse al espejo, será el mundo quien lo obligue a hacerlo. Y para entonces, el costo político, social y humano será todavía más alto.

La disyuntiva es simple pero brutal: reconocer la magnitud de la tragedia y aceptar ayuda internacional para empezar a saldar la deuda con las víctimas, o seguir enterrando (literalmente) la verdad.

 

Estatus de ley

 

AUNQUE ya no es de extrañar, la Ley de Telecomunicación estaba por ser totalmente aprobada, sin cambios, cuando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó frenar la aprobación y revisar la parte en la que se abre la posibilidad de bloquear plataformas digitales.

La iniciativa plantea interrogantes que son difíciles de ignorar. La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones genera en los mexicanos, tanto de oposición como entre quienes apoyan al partido oficialista, inquietudes sobre la posible concentración de poder en manos del Estado.

Ya algunos países han aprobado leyes similares, y la moraleja a menudo dicta que el Estado como juez y parte puede generar distorsiones. La facultad de la agencia para bloquear plataformas digitales es otro punto de preocupación. Por supuesto, la seguridad nacional es una prioridad, y el partido guinda ha externado desde siempre que una prioridad es la soberanía; sin embargo, existe el riesgo de que esta medida se utilice de manera arbitraria para censurar opiniones y limitar la libertad de expresión.

Aunque el Senado retrasó la votación a la reforma de ley, valdría la pena replantearse algunos puntos establecidos en la misma, en especial aquellos que generan posibles problemáticas, como las relacionadas a la censura, o como se señala desde la oposición, que se otorguen concesiones bajo consideraciones políticas y no de interés público.

Existen también puntos que deberían reforzarse o mantenerse por sobre la aprobación o pausa de la iniciativa, como los que establecen que las radios públicas, sociales, comunitarias, indígenas o afromexicanas podrán comercializar publicidad local hasta por 40 segundos de cada hora del día.

Lo que más preocupa a la sociedad entre todo el tema, podría ser el salvaguardar la libertad de expresión, que no responde a un derecho individual, sino una práctica saludable y necesaria a nivel social. Los medios de comunicación, ricos en opiniones, actúan como un contrapeso necesario, al exponer las preocupaciones de los diversos sectores de la sociedad. Su rol como vigilantes solo puede cumplirse en un entorno donde la libertad de expresión sea una realidad inalienable.