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ACOSO ESCOLAR



EDITORIAL


Viernes 02 de Mayo de 2025 8:26 am


ES importante partir del hecho de que, al hablar sobre acoso escolar, se habla de una forma de violencia entre estudiantes que no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad.

Según la Unesco, más de 36 por ciento de los estudiantes son afectados por este fenómeno, y uno de cada tres ha sido agredido físicamente al menos una vez al año.

La organización internacional no gubernamental Bullying Sin Fronteras situó a México el año pasado como el segundo lugar a nivel mundial con 280 mil casos graves de bullying y ciberbullying.

Estas cifras reflejan, además del sufrimiento individual de las víctimas, las consecuencias negativas para el clima escolar, el rendimiento académico y la salud mental de niñas, niños y jóvenes.

La Encuesta sobre acoso escolar entre estudiantes de educación secundaria, realizada por Mejoredu, señala que las agresiones reportadas con más frecuencia por estudiantes son de tipo verbal, físico y social. Por ejemplo, insultos, burla, exclusión, robo o golpes.

Por otro lado, la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), emitida por el Inegi, señaló que en especial a las mujeres, la violencia suele ser más de tipo psicológica y sexual, y Colima se posicionó como uno de los tres estados con mayor prevalencia de violencia en el ámbito escolar contra las mujeres a lo largo de su vida como estudiantes.

Todas estas cifras señalan que es necesaria una intervención coordinada, constante y efectiva por parte de autoridades, instituciones educativas, familias y la sociedad.

En el marco del Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, un ejercicio interesante sería que ayuntamientos, en colaboración con Gobierno del Estado de Colima, lleven información oportuna a estudiantes sobre cómo proceder ante una situación de acoso escolar, y capacitar a docentes y directivos de planteles educativos para que cada caso sea correctamente evaluado y canalizado según su naturaleza. La protección de la infancia y la juventud frente este problema debe ser una prioridad en la agenda educativa y social del estado.