El espejismo de la justicia en las urnas
EDUARDO SÁNCHEZ GARCÍA*
Miércoles 07 de Mayo de 2025 9:10 am
EL día 1 de junio de 2025, tenían razón: México hará
historia, pues los ciudadanos podremos votar por jueces, magistrados y
ministros que integrarán el Poder Judicial. La promesa es una justicia más
cercana al pueblo, pero, ¿quiénes acudirán realmente a las urnas? No serán
millones, como nos quieren hacer creer. Y aunque algunos marquen la boleta, la
gran decisión que nos han delegado no garantiza ni imparcialidad ni soluciones
a los verdaderos problemas de la justicia, como la crisis en las fiscalías. ¿Puede
una votación transformar la justicia si los ciudadanos no confían en el proceso
y los problemas de fondo siguen intactos? No habrá una avalancha de votantes el 1 de junio. La
justicia, aunque crucial, no moviliza como una elección presidencial. Esta
votación coincide con comicios locales, pero el ciudadano promedio priorizará a
gobernadores o alcaldes sobre nombres desconocidos de candidatos a jueces. Con
más de 3 mil aspirantes y solo 45 días de campaña (del 14 de abril al 31 de
mayo), las restricciones del INE (sin financiamiento público ni propaganda
masiva) dificultan que la gente los conozca. Al 30 de marzo de 2025, solo 93.61 por ciento de los
candidatos había subido su información a la plataforma “Conóceles”. Sumemos la
desconfianza: amparos que frenaron los comités evaluadores, la participación de
figuras cercanas al poder y ministras en funciones alimentan el escepticismo.
Imagina a alguien frente a seis boletas llenas de nombres desconocidos. Sin
tiempo ni herramientas para informarse, muchos no votarán o lo harán sin
convicción. En otras elecciones, la participación es de 50 por ciento; en un
tema técnico, podría ser menor. Peor aún, esta elección amenaza la imparcialidad, un pilar
de la justicia. Al someter a los jueces al voto popular, se les expone a
dinámicas de campaña: popularidad, alianzas políticas, presiones mediáticas. Un
juez elegido por su carisma o respaldo político podría priorizar intereses
partidistas sobre la neutralidad. La participación de figuras vinculadas al
Gobierno refuerza la percepción de un proceso sesgado. Las consecuencias son
graves: un Poder Judicial politizado perdería su papel como contrapeso frente
al Ejecutivo y al Legislativo, y la confianza ciudadana, ya frágil, se
erosionaría aún más. ¿Queremos jueces que interpreten la Constitución con
neutralidad o que respondan a los aplausos de una campaña? Y luego está el elefante en la habitación: la crisis de las
fiscalías, que la reforma no toca. Las fiscalías estatales y la Fiscalía
General de la República operan con presupuestos raquíticos. En 2024, la FGR
tuvo 26 mil millones de pesos, pero se estima que necesita el doble para
realizar investigaciones efectivas. La falta de capacitación es igual de
alarmante: muchos ministerios públicos no dominan técnicas forenses ni Derechos
Humanos, lo que lleva a investigaciones deficientes y una impunidad que ronda
el 90 por ciento. Casos como feminicidios o desapariciones forzadas quedan en
el limbo por carpetas mal integradas, no por fallos judiciales. Aquí la gran cuestión es: ¿juzgaremos este 1 de junio para
que, en lo consecuente, seamos bien juzgados? ¿O tan solo debería aplicarse una
justicia pronta, clara y expedita? En fin, al tiempo. Y se sabrá.
*Presidente de Coparmex
