10 de mayo sin flores

Lunes 12 de Mayo de 2025 8:32 am

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MIENTRAS en buena parte del país el 10 de mayo se llenó de flores, globos y mensajes conmemorativos, en al menos 15 estados miles de madres salieron a las calles no a celebrar, sino a gritar con rabia y dolor que sus hijas e hijos siguen desaparecidos.

Frente a un gobierno que insiste en minimizar cifras y maquillar realidades, estas mujeres alzaron la voz para recordarnos que en México hay más de 128 mil personas desaparecidas, y que la mayoría no fue tragada por la tierra, sino por un sistema de impunidad, colusión y silencio.

La marcha nacional de Madres Buscadoras fue todo menos un acto simbólico. Fue una acusación directa al Estado mexicano, que no solo ha fallado en su deber de búsqueda, sino que en muchos casos es parte del problema. Prueba de ello es que, mientras los colectivos exigían justicia, dos madres buscadoras -Teresa González Murillo y María del Carmen Morales- fueron asesinadas en abril en Jalisco, precisamente por hacer el trabajo que las autoridades no hacen.

Las demandas fueron claras: protección para quienes buscan, reconocimiento de las desapariciones forzadas, reformas a una ley que sigue sin implementarse plenamente desde 2017 y justicia para los miles de cuerpos sin identificar en el país.

Pero la respuesta del gobierno ha sido, una vez más, tibia, burocrática y cínica. Reuniones con Gobernación que no desembocan en nada, promesas recicladas, reformas cosméticas y cifras oficiales que distorsionan la magnitud de la tragedia. ¿Cómo hablar de diálogo si lo que hay es simulación?

En Colima, Veracruz, Sinaloa, Zacatecas y muchos otros estados, las familias cargaron fotos, carteles, globos y lonas. En la Ciudad de México, marcharon con gritos que desgarran: “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”. Una consigna que dice más sobre este país que cualquier discurso presidencial.

El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas ya activó por primera vez el Artículo 34, una alerta internacional que exhibe a México como lo que es: un país que no puede (o no quiere) enfrentar su crisis humanitaria. Y mientras tanto, las madres caminan, buscan, excavan, denuncian. Porque si no lo hacen ellas, no lo hará nadie.

La pregunta no es por qué marchan. La pregunta es por qué el Estado sigue ignorándolas. ¿Cuánto más van a simular que buscan, mientras las madres se siguen muriendo sin encontrar a sus hijos? ¿Cuánto más van a sostener la mentira de que aquí no pasa nada, cuando hay fosas hasta en jardines, cementerios sin nombre y morgues saturadas?

El 10 de mayo en México no es una celebración. Es una denuncia. Es la fecha que debería avergonzar al gobierno. Porque las madres están en la calle por una sola razón: porque el Estado no busca.

 

México, ¿inseguro?

 

EL análisis de los datos recabados por México Elige reveló que, en México, persiste la inseguridad como preocupación general, señalada por 23 por ciento de los encuestados, seguida de la corrupción con 21.5 por ciento, y la violencia con 17.4 por ciento.

Estos tres rubros encabezan la lista de problemáticas percibidas a nivel nacional, lo que sugiere una inquietud en los mexicanos con respecto al orden público, la transparencia gubernamental y la prevalencia de actos violentos. El narcotráfico, con 9 por ciento, también se posiciona como un problema a nivel nacional.

Al trasladar la pregunta al ámbito familiar, si bien la inseguridad se mantiene al inicio de la lista (16 por ciento), el alto costo de vida es también un problema constante (15.5 por ciento). Los bajos salarios (13.1 por ciento) y la salud (9.9 por ciento) son también un problema entre las familias mexicanas.

Cuando se preguntó a los mexicanos sobre sus preocupaciones, la crisis de seguridad encabeza la lista con 60.7 por ciento, mostrando un incremento de 3.3 por ciento en comparación con el mes anterior, distinto al caso de la percepción de la crisis económica, que, aunque se sitúa en segundo lugar con 31.0 por ciento, disminuyó 3.8 por ciento.

Respecto al tema de la seguridad, que sin duda se llevó los primeros lugares, no se percibe una mejora, sino lo contrario: 50.7 por ciento de los encuestados percibe que ha empeorado. Solo 17.8 por ciento considera que ha mejorado, lo que refleja una percepción mayoritaria de deterioro.

La problemática se expresa como algo apremiante a atender. Cuando la mitad de los encuestados considera que México no va en el mejor camino, y señala factores específicos en los que considera que radica el problema, valdría la pena atender a la información y reflexionar sobre las estrategias actuales en seguridad que se realizan a nivel nacional, estatal y municipal, porque cuando las medidas implementadas no brindan a la ciudadanía una sensación de seguridad, no están cumpliendo totalmente su cometido.

Mientras la visión sobre los retos y la dirección del país se encuentre significativamente dividida, será necesario plantear alternativas para abordar la situación actual y garantizar una mejor calidad de vida en México.

 

Un proceso con interferencias

 

EL panorama político, cerca del proceso electoral del Poder Judicial, se tornó de nueva cuenta confuso. Ahora, a raíz de la acusación de la regidora de Mazatlán, Maribel Chollet Morán, quien señaló a la actual administración municipal por usar recursos y posición para promover a ciertos candidatos en la elección de jueces y magistrados, prevista para el próximo 1 de junio. Esto, contrastado con las afirmaciones que desde Palacio Nacional se difunden, generó confusión sobre la equidad en los comicios.

Las declaraciones de la edil informan que presuntamente se utilizaría la infraestructura y el personal municipal para operar esta presunta campaña de proselitismo, e incluso menciona entregas de efectivo, lo que sería una grave violación de la legislación electoral.

De ser cierta, esta acusación conlleva el uso indebido de recursos públicos y la estructura gubernamental para favorecer a determinados candidatos al Poder Judicial. Sin embargo, para determinar la veracidad, este y varios casos más que han sido puestos en la mesa sobre estas elecciones extraordinarias deberían revisarse con lupa, pues está en juego tanto los principios de los procesos como la confianza de los mexicanos.

Este riesgo estaba claro desde el inicio, y fue una de las razones por las que algunas personas se oponían a su aprobación: la designación de jueces y magistrados no debe estar influenciada por intereses políticos ni sujeta a recursos públicos.

Ante casos como este, las autoridades tienen la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer la situación de cada situación en particular, y en caso de comprobarse alguna acusación, proceder conforme a la ley.

Los mexicanos aún no están seguros de salir a ejercer su derecho al voto en estos comicios, y es justamente por casos como este, en el que se señalan presuntas irregularidades, pero no se da información de seguimiento. El país tiene derecho de presenciar un proceso libre de cualquier sospecha de manipulación o influencia indebida.

Ante tan poco tiempo, las autoridades tendrían a bien mostrar compromiso con la transparencia y reforzar las medidas que actualmente se tengan para cuidar que este proceso sea confiable y benéfico para la ciudadanía.