Consentimiento informado tributario
RUBÉN DARÍO VERGARA SANTANA
Miércoles 14 de Mayo de 2025 9:58 am
EN el corazón de toda nación está su gente, y en la
construcción de una sociedad sólida y sostenible, la participación de cada
persona en el sostenimiento colectivo (a través del cumplimiento de sus deberes
cívicos y tributarios) es indispensable. Pero, ¿cómo se justifica el
cumplimiento si no hay claridad, si no se percibe el retorno de esa
contribución? En México, el tributo ha dejado de sentirse como un acto de
corresponsabilidad para convertirse, muchas veces, en un deber temido, opaco y
solitario. El consentimiento informado tributario, inspirado en
prácticas médicas, jurídicas y educativas, sería un documento claro, permanente
y obligatorio de que todo nuevo contribuyente firmaría al integrarse al padrón
fiscal. Su objetivo: que cada persona previamente se entere, comprenda y acepte
de manera libre, informada y consciente, las implicaciones jurídicas, sociales
y humanas de su nueva relación con el Estado. Contribuir no debe ser sinónimo
de rendirse a una maquinaria burocrática, sino de formar parte de un pacto
republicano. Hoy en día, el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
realiza actos de fiscalización y vigilancia sin ofrecer al ciudadano un
documento que obligadamente le explique de manera sencilla y humanizada el
porqué y para qué de su tributación. No existe una carta de derechos y
obligaciones personalizada, ni una exposición clara sobre el destino de sus
impuestos. Por su parte, instituciones como la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (Prodecon) han intentado equilibrar la relación con el fisco, pero
sus alcances aún son limitados frente al poder recaudatorio del SAT. En este contexto, resulta urgente replantear la forma en
que entendemos las contribuciones. Los impuestos no deben concebirse
exclusivamente como cargas impuestas por el Estado, sino como expresiones del
compromiso ciudadano con el bien común. Son, en esencia, un derecho cívico: la
oportunidad de participar activamente en el financiamiento de derechos,
servicios e infraestructuras que dan sentido a la vida en comunidad. Contribuir
no es solo un deber; es también un acto de ciudadanía, de solidaridad, de corresponsabilidad
con el presente y el futuro de todos. Redefinir este concepto implicaría dejar
atrás la noción de “imposición” y avanzar hacia una ética fiscal en la que
pagar impuestos sea parte del ejercicio pleno de una democracia madura. El consentimiento informado tributario que se propone no es
una evasión ni un privilegio; es una garantía. Su implementación fortalecería
la confianza, humanizaría la relación tributaria y cerraría el abismo entre
contribuyente y autoridad. Con este instrumento, la autoridad se bajaría de su
pedestal y dialogaría en el mismo plano que el contribuyente: un diálogo entre
pares que, desde distintas responsabilidades, participan en el mismo proyecto
colectivo. Esta horizontalidad es esencial en una democracia moderna, pues
dignifica al ciudadano y obliga al Estado a actuar con pedagogía, claridad y
respeto. Dicho consentimiento no implicaría un trámite burocrático
más, sino un cambio cultural, un ritual cívico en el que el contribuyente no
solo firma, sino comprende que tributar es formar parte de una comunidad
política activa. Así como en el consentimiento médico se explican riesgos y
beneficios antes de una intervención, en el tributario, se explicaría cómo esa
contribución alimenta el sistema de salud, financia escuelas, construye caminos
y sostiene derechos. No se trata solo de recaudar más, sino de recaudar mejor.
De hacerlo con ética, con justicia, con sentido, y permitiría construir una
nueva narrativa fiscal, en la que el contribuyente no sea un sospechoso, sino
un aliado, y donde el Estado no sea un cobrador impersonal, sino un servidor
transparente. La relación tributaria debe basarse en confianza mutua, y la
confianza se construye con información clara, trato digno y rendición de
cuentas.
El ser humano es el origen y la razón de ser del tributo.
En cada peso pagado debe estar la semilla de un futuro más justo. Y si el
Estado exige, que también informe, respete y garantice. Sin consentimiento
informado, no hay verdadera justicia tributaria.
