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El Amparo en Jaque: un retroceso que nos desprotege
EDUARDO SÁNCHEZ GARCÍA*
Miércoles 24 de Septiembre de 2025 8:13 am
El Amparo en Jaque: un retroceso que nos desprotege EDUARDO SÁNCHEZ GARCÍA* EL juicio de amparo es uno de los mayores legados de México al mundo.
Desde el siglo XIX, nuestro país se adelantó frente a otras democracias, al
crear un mecanismo que permitió a cualquier ciudadano, sin importar su
condición, defenderse de los abusos del Estado. Consolidado en la Constitución de 1917, el amparo ha sido el escudo que
protege derechos fundamentales, un contrapeso al poder público y una garantía
de justicia accesible. Sin embargo, la reciente reforma a la Ley de Amparo,
publicada el 13 de marzo de 2025 y ampliada con la iniciativa del 15 de
septiembre, pone en riesgo este pilar de nuestra democracia. Bajo el pretexto de modernizar la justicia (con digitalización y plazos
más cortos), estos cambios debilitan la esencia del amparo. Lejos de
fortalecerlo, lo convierten en un recurso limitado, dejando a ciudadanos y
empresas más vulnerables frente a un Estado cada vez más poderoso. Uno de los mayores peligros es la restricción de los efectos generales
de las sentencias. Antes, un amparo podía invalidar normas inconstitucionales
para todos, purificando el orden jurídico. Ahora, solo beneficia al quejoso,
permitiendo que leyes o actos cuestionables sigan aplicándose (imagine una ley
fiscal declarada inconstitucional que el SAT continúe imponiendo a otros
contribuyentes). Esto genera un mosaico de resoluciones contradictorias que
fomenta desigualdad ante la ley. La reforma también limita la suspensión provisional, el recurso que
evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio. Sin esta herramienta,
ciudadanos y empresas quedan expuestos a actos de autoridad que, aunque
cuestionables, se ejecutan sin freno. Por ejemplo, un congelamiento de cuentas
por la UIF o una ejecución fiscal del SAT pueden arruinar a un contribuyente
antes de que un juez determine si son legales. En Colima, donde los pequeños
negocios son el motor económico, esta restricción podría asfixiar a
emprendedores enfrentados a decisiones fiscales arbitrarias. Además, los cambios al Código Fiscal de la Federación endurecen plazos y
amplían las facultades del fisco para ejecutar créditos fiscales de inmediato,
reduciendo el control judicial. Esto pone en riesgo a empresas locales, que
enfrentan mayores trabas para defenderse. Los ajustes a la Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa imponen evaluaciones de desempeño a
magistrados que, sin salvaguardas, podrían usarse para presionar políticamente
a los jueces. La digitalización obligatoria, aunque suena moderna, excluye a
quienes, en Colima y otras regiones, carecen de recursos tecnológicos para
litigar. Preocupa que la Consejería Jurídica del Ejecutivo pueda influir en la
agenda de la Suprema Corte, priorizando ciertos casos. Esto erosiona la
independencia judicial, un pilar de la democracia. Sumado a requisitos más
estrictos para invalidar leyes inconstitucionales, el acceso a la justicia se
encarece y retrasa, afectando especialmente a los más vulnerables: comunidades
indígenas, defensores ambientales o pequeños empresarios. Debilitar el amparo es debilitar la democracia. En Colima, donde la
certeza jurídica es clave para atraer inversión y proteger a la ciudadanía,
esta reforma es una amenaza. El amparo no es un privilegio, es un derecho
histórico que nos pertenece a todos. Por eso, ciclón, hagamos un llamado a la
acción: exijamos al Senado que escuche a la sociedad civil, académicos y
empresarios para reconsiderar estos cambios. No dejemos que el amparo, nuestro
escudo contra el abuso, se convierta en un lujo inalcanzable. ¡Colima despierta, México nos necesita!
* Presidente de
Coparmex Colima
