INDICADOR POLÍTICO

Reforma electoral sin actores

Jueves 25 de Septiembre de 2025 9:18 am

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INDICADOR POLÍTICO

 

Reforma electoral sin actores

CARLOS RAMÍREZ

SE echó a andar formalmente el proceso de aprobación de una nueva reforma electoral desde el Ejecutivo y, otra vez, sin la participación de los partidos. Todas las reformas electorales, desde la creación de la Comisión Federal Electoral en 1951 hasta los ajustes del Pacto por México en 2014, han sido dirigidas desde la presidencia para beneficiar al partido en el poder.

En este contexto, no deben generarse expectativas reales sobre la reforma electoral formalizada el pasado 4 de agosto, con el decreto de creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, sobre todo considerando que la oposición ha carecido de fuerza, propuestas y capacidad de negociación.

Todos los partidos del México moderno (con una excepción) han sido construidos desde el poder público dominante. Esa excepción fue el Partido Comunista Mexicano, fundado en 1919 en el contexto de la expansión del comunismo soviético. Pero en 1989, sin haber logrado consolidar una verdadera opción socialista autónoma, el PCM cedió su registro legal a Cuauhtémoc Cárdenas para fundar el PRD, una organización pospriista, renunciando así a una representación auténtica de la clase obrera.

La comunidad académica que se sumó al proyecto de reestructuración del Estado impulsado por Carlos Salinas de Gortari en 1990, construyó un discurso ficticio sobre el IFE (hoy INE) como garante de la transición democrática. Académicos como José Woldenberg en el IFE y Lorenzo Córdova en el INE manipularon estructuras para favorecer, primero al PRI, luego a la alianza PRIAN y, finalmente, para cerrar el paso al proyecto populista de Andrés Manuel López Obrador.

El modelo del CFE/IFE/INE se sostuvo en una superestructura de control dentro de sus oficinas. Primero con funcionarios afines a Manuel Bartlett, y luego con consejeros ciudadanos que respondían a los hilos del poder presidencial, incluso después de haber formalmente “autonomizado” al organismo. Desde Salinas y Zedillo hasta los gobiernos del PAN y el PRIAN, el control del árbitro electoral nunca abandonó Los Pinos ni Palacio Nacional.

Incluso la reforma de 1977-1978, bajo Jesús Reyes Heroles, se operó desde Gobernación, pero cuidando las formas legales y construyendo un consenso con foros legislativos. A cambio, se ofrecieron incentivos a nuevos partidos surgidos de disidencias, aunque siempre dentro del aparato priista.

La nueva reforma, ya en marcha, parte directamente de la Presidencia, aunque delegada en Pablo Gómez Álvarez, exdirigente comunista y luego fundador del PRD. El decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral establece claramente su carácter unilateral: solo oficinas del Ejecutivo federal, cuyos titulares pueden enviar suplentes si están ocupados con otras tareas.

Más revelador aún, el artículo 3 del decreto señala que la Comisión podrá invitar a representantes de instituciones, organismos autónomos, academia o sociedad civil, pero solo con voz, no con voto. Y en la fracción I del artículo 2 se abre una convocatoria “al pueblo” para “expresarse sobre la reforma”, en una fórmula de legitimación más simbólica que efectiva.