¿Quién defenderá al ciudadano cuando el poder se extralimite?

Lunes 06 de Octubre de 2025 11:54 am

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¿Quién defenderá al ciudadano cuando el poder se extralimite?

BETZAIDA LUZ ALONDRA PINZÓN CARRETO*

UN profesor de derecho constitucional me dijo, alguna vez, que el juicio de amparo es la joya de la corona del sistema jurídico mexicano. No porque sea perfecto, sino porque representa algo profundamente valioso: la posibilidad de que cualquier persona, sin importar su posición social o económica, pueda decirle al poder: “Te estás equivocando”.

Esta semana, el Senado aprobó, con 76 votos a favor y 39 en contra, una reforma reglamentaria a los artículos 103 y 107 de la Constitución. Los cambios se dieron con una velocidad inusual: por la mañana se aprobaron en comisiones y por la noche, en el Pleno. Aunque hubo ajustes de fondo, la oposición consideró que fueron insuficientes. Y es que no se trata solo de lo que se cambia, sino de lo que se pierde.

Uno de los puntos más controvertidos es la suspensión del acto reclamado. A partir de ahora, podrá negarse si “afecta el interés social y el orden público”. Suena razonable, hasta que recordamos que esos conceptos suelen interpretarse con discrecionalidad. También se limitará el interés legítimo, lo que en términos prácticos significa que colectivos que defienden ríos, selvas, salud o derechos laborales ya no podrán acudir al amparo con la misma facilidad.

Se argumenta que se busca eficiencia procesal y combatir abusos. Pero, ¿realmente hay abuso cuando padres de niños con cáncer piden medicamentos? ¿O cuando comunidades buscan proteger sus territorios? Si existen 65 mil amparos, tal vez no es porque se abuse del juicio, sino porque se abusa del poder.

El juicio de amparo es incómodo para los gobiernos. Impide que la ley se utilice a capricho. Y sí, quizá algunos fallos han sido polémicos, pero eliminar el recurso de revocación en créditos fiscales, impedir suspensiones en cuentas bloqueadas o condicionar la admisión por afectación “directa, cierta y actual”, no es modernización, es control disfrazado.

También preocupa que se debilite el cumplimiento de sentencias. Se eliminan excusas como la “imposibilidad jurídica o material” para no acatar resoluciones. Pero el problema no era eso, sino la falta de consecuencias o sanciones cuando la autoridad responsable no cumple lo ordenado por el juez.

Esta reforma parece responder más a un impulso autoritario que a una necesidad jurídica. Se centra en proteger al Estado, no al ciudadano. En castigar la crítica, no en corregir el abuso. En el fondo, limita la libertad del juez, reduciendo su papel a validar lo que la autoridad ya decidió.

“Todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche”, decía Morelos. Hoy, esa promesa se debilita. Pero aún hay esperanza. La historia jurídica de México ha demostrado que los derechos no se conceden, se conquistan. Y si se intentan arrebatar, se defienden.

A quienes creemos en la justicia como principio y no como trámite, nos toca seguir señalando, cuestionando y resistiendo. Porque defender el amparo es defender la democracia. Y aunque hoy parezca que gana el poder, no olvidemos que en una sociedad despierta, la última palabra siempre la tiene la ciudadanía.

*Diputada Local y Secretaria General del PRI Colima